Además de avanzar en una denuncia penal contra el gobierno de Gerardo Morales para investigar la represión de las fuerzas de seguridad provinciales, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -a través de Martín Soria- presentará ante la Corte Suprema una acción declarativa para que se considere inconstitucional la reforma de la Constitución provincial de Jujuy. La iniciativa fue anunciada e instruida por el presidente, Alberto Fernández.

“La Constitución provincial, en los aspectos que son objeto de crítica en el presente, viola gravemente derechos humanos consagrados por nuestra Constitución Nacional y Tratados internacionales en los que la Nación es parte, comprometiendo en grado sumo la responsabilidad internacional del Estado Nacional”, indicó el ministro en la presentación.

Además, apunta que “la Provincia de Jujuy, mediante su renovada carta magna, avasalla diversos derechos consagrados constitucionalmente” y que por ellos se sucedieron “gravísimos hechos represivos ocurridos luego de la promulgación de la misma”. Es por ello que solicitan que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 67 inc. 4°, 94 y 95 de la Constitución de la Provincia de Jujuy”. El artículo señalado apunta a la prohibición de los cortes de rutas.

Utilizando como marco los informes de organismos internacionales, Martín Soria señaló que la nueva legislación provincial "quebranta la razonabilidad que debe caracterizar a toda norma jurídica” y considera que es "una cuestión de altísima gravedad institucional" que pone "en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan”.

La reforma de la Constitución Provincial de Jujuy se realizó el pasado martes 20 de junio, en medio de de movilizaciones de agrupaciones sociales y sindicales y un acuerdo entre Frente Cambia Jujuy y el Frente Justicialista.

Con el voto de los 29 representantes oficialistas se ratificó la “prohibición de cortes de ruta” en el marco de protestas, en un artículo que también impide la ocupación de edificios públicos en el marco de los reclamos sociales y gremiales. “La prohibición de los cortes de ruta es una convicción”, había expresado el gobernador Gerardo Morales en su presentación de la reforma constitucional.

Morales suspendió dos artículos de la Constitución reformada porque generan “dudas” en las comunidades indígenas. Son el 36 y el 50, que momentáneamente vuelven a la redacción original de la Constitución del año 1986.

El artículo 36 se refiere al “Derecho a la propiedad privada”. La nueva Constitución añade incisos al texto anterior y elimina algunos preceptos. La modificación aprobada quita del texto el párrafo que establecía que el derecho a la propiedad privada “no podrá ser efectuado en oposición a la función social o en detrimento de la salud, seguridad, libertad o dignidad humanas”.

Y agrega condiciones, como la que indica que “las leyes procesales de la Provincia deben incorporar mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular”. También, añade que “será considerada grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten según esta Constitución y la ley”.

En tanto, el artículo 50, el otro que Morales dio de baja, es el que se enfoca en los “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas”. El gobernador resaltó el inciso 3 de ese artículo como el que genera mayores resistencias en las comunidades indígenas. “El Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”, se lee en ese párrafo del nuevo texto constitucional.