Las defensas de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron contundentes al volver a rebatir todos los argumentos que el Ministerio Público Fiscal expuso en su intento por tratar de revivir la acusación en el caso Oil Combustibles, ahora ante la Cámara de Casación. Tal como había descripto Ámbito respecto a la audiencia inicial, el fiscal Mario Villar no solo cuestionó las criticas que la defensa del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray hizo respecto a su pedido de confirmación de la condena, sino que buscó defender su oposición a las absoluciones, con leves giros en su argumentación, pero reiterando la versión inicial que tuvo el caso, en marzo de 2016, omitiendo la mayor parte de los hechos sobre los que giró el juicio oral, cuya decisión se está revisando.
Lo sorpresivo de la audiencia fue que minutos antes de que comience, el fiscal pidió incorporar unas copias de tickets de nafta de los últimos días que tenían por objetivo demostrar que existía una suerte de desglose de impuestos en las ventas de combustible (aunque en ninguno figuraba el ITC). Los jueces Daniel Petrone (que presidió), Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa solo aceptaron considerarlo como "soporte gráfico" y tampoco le permitieron cerrar las alocuciones ya que es algo que deben hacer las defensas.
El abogado Carlos Beraldi confesó su "perplejidad" ante la postura de la fiscalía por la completa simetría de su alegato con la nota del diario La Nación que dio origen a la causa del 13 de marzo de 2016, incluidas todos sus errores e inexactitudes que se demostraron en el juicio. "Los presupuestos facticos fueron investigados, debatidos y fueron descartados. Es una nueva versión de los viejos hechos", afirmó el abogado respecto a que los elementos de prueba dicen exactamente lo contrario a lo que Villar expuso. Así hizo un especial énfasis en la naturaleza del impuesto ITC y cómo era imposible señalar que López y De Sousa se quedaban con la plata de los consumidores de las estaciones de servicio porque Oil Combustibles jamás le vendió naftas a particulares –siempre a estaciones de servicio independientes o a Cammesa- y nunca fue agente de retención o de percepción del impuesto, sino sujeto obligado que pagaba el tributo con fondos propios de acuerdo a la definición de la misma ley.
El hecho imponible se generaba al mismo momento en el que la refinería le vendía a las estaciones, no después, y se declaraba a la AFIP mucho antes, siquiera, de haber recibido el pago a plazos con el que comercializaban los combustibles. "¿De dónde saca el fiscal que se quedaban con la plata si ni siquiera la habían cobrado?", refutó. Y citó al experto tributario Roberto Sixto Fernández que declaró en el juicio en ese sentido y hasta al propio periodista Hugo Alconada Mon que reconoció en su testimonio que se había equivocado cuando afirmó que se retenía un porcentaje de lo que pagaban los consumidores para no depositarlo en la AFIP. "(Oil) paga el impuesto con fondos propios", subrayó haciendo mención de que Petrone –por haber sido juez en lo penal económico- tenía bien en claro la diferencia que existe con los impuestos de terceros que son recaudados y donde sí existe una correspondencia entre su cobro y su transferencia al fisco.
Enfático, Beraldi apuntó a la supuesta maniobra por la que esos fondos serían desviados a través de préstamos entre compañías relacionadas a la petrolera y que supuestamente la descapitalizaban para luego insolventarse: "Todos esos mutuos son lícitos y además era la operación habitual en los grupos económicos" tal como lo describieron cuatro testigos en el juicio, además de estar expuestos en los balances con lo que no había ocultamiento. Pero ejemplificó un error, en el que incurrió la fiscalía al comparar una suerte de correlación entre los planes de pago que solicitaba la empresa y los préstamos que realizaba con otras firmas del mismo conglomerado. En ese caso, no consideraron que estos últimos crecían a la par de los intereses que generaban para asentarlos contablemente y no fue que aumentó la cantidad de préstamos. Con la "foto" de un balance resultaría imposible detectar la trazabilidad de esos fondos, peritaje que la justicia rechazó hacer en todas las instancias. Pero además, graficó que en 2014 –uno de los años sobre el que giró la investigación- se descubrió que Oil había recibido préstamos a su vez, y además sus accionistas habían integrado capital, por lo que caía la teoría de que esa expansión podría haber sido financiada con los impuestos que estaban en planes de pago en la AFIP.
Beraldi arremetió contra uno de los ejes sobre los que Villar insistió ayer respecto a que los planes de pago no eran "legítimos" y lo calificó de "mentira", basado en las conclusiones de una propia auditoría de AFIP que los asimilaba a los 1648 planes que otorgó el fisco en el mismo período, uno de ellos recibido por el Consejo de la Magistratura para diferir el pago de las cargas sociales de los propios jueces. "¿Cómo hubo un beneficio indebido si es el mismo plan, el trámite es el mismo, la resolución que dicta el administrador es idéntica; en ningún lado hay quita de capital y le aplicaron la tasa más alta de interés compensatorio y por financiación?", se preguntó. El peritaje que ordenó la Corte Suprema concluyó por unanimidad que no había habido quita alguna y que a la fecha de corte, el primer plan estaba pagado casi en su totalidad y el segundo no registraba atrasos y sus cuotas eran pagadas con regularidad. Beraldi contraatacó también que su otorgamiento fuese discrecional ya que durante ese período de precios máximos para la nafta y luego de una devaluación existía una situación de stress financiero. Y señaló un contrasentido: el propio Alberto Abad, al comienzo de la gestión macrista le dio un plan de pagos general a Oil en las mismas condiciones a dos planes generales que ahora se vuelven a objetar en Casación. Para colmo, ese mismo ítem había sido investigado en 2013 y el juez federal Sebastián Ramos sobreseyó por inexistencia de delito.
Luego se abocó al supuesto trato preferencial achacado por estar empadronado en una agencia de AFIP y no en Grandes Contribuyentes, enumerando los testigos que declararon que para el segmento y por la magnitud, Oil tenía controles idénticos más allá de donde estuviera radicada y que otras petroleras y hasta Vicentín estaban en la misma situación. El abogado también desmintió el remanido tema de las desconfirmaciones de boletas de deuda, que el fiscal soslayó, pero que por una propia auditoría de AFIP detectaron que habían sido correctamente realizadas porque no correspondía y las que se observaron fueron solo porque no había sido ingresada la categoría adecuada en el sistema.
Para cuestionar el supuesto perjuicio que ahora Villar pretende esgrimir ante Casación, Beraldi sostuvo que del peritaje surge que en todo el período objetado, Oil "había pagado más de $7 mil millones, de los cuales $2 mil millones eran intereses y que la deuda fue regularizada, aun después de que la empresa quebrara". Y se quejó de que la fiscalía intentara ahora buscar delitos alternativos para ver cuál podía encajar, además de conjeturar que las supuestas pruebas se hallarían, en realidad, en expedientes conectados como Los Sauces donde, hoy por hoy, existe un sobreseimiento.
De Sousa y López tomaron la palabra, a su turno para expresarse en la audiencia. El primero aseguró que todo el proceso legal que se montó en torno a Oil tuvo como objetivo desapoderarlos de las empresas para que pasaran a otras manos, y recordó todas las acciones que se tomaron en formato de medidas cautelares (intervenciones, veedurías, coadministraciones, congelamiento de fondos, recisión de contratos, liquidación de un banco) que, lejos de salvaguardar el activo de las empresas para cobrar la deuda de AFIP y proteger a los acreedores, derivaron en una destrucción del 90% de patrimonio del Grupo. Ejemplificó que cuando salieron de la cárcel luego de dos años de prisión preventiva, se encontraron con que maquinaria y equipos valuados en u$s 85 millones habían sido completamente abandonados. Y que entre el prófugo Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y Miguel Gutiérrez por YPF les habían quitado el 93% de los contratos de provisión de servicios, con el fin de estrangular al Grupo y cuando estuviese ya desguazado extender la quiebra a los accionistas. Su conclusión es que nunca se pretendió cobrar la deuda con el fisco ni resguardarla, sino todo lo contrario, pulverizar al holding. Puso como ejemplo que a 2016 trabajaban 22 mil personas, entre empleos directos e indirectos y dos años después, quedaron reducidos a 700.
Momentos antes, Villar se había excusado con que él no dijo que el consumidor era el sujeto obligado del impuesto ITC, sino Oil pero que el cliente pagaba el precio con el impuesto incluido, algo que es cierto porque se traslada, pero esa diferencia es fundamental para sostener su acusación en esos términos. Y que relacionó con las causas Hotesur Los Sauces por el "contexto".
La defensa de López cruzó a la fiscalía y relacionó que la causa "termina como empezó", en referencia a la nota en el diario La Nación de 2016 y ahora con Villar blandiendo copias de tickets de nafta que serían prueba. Le recordó el deber de objetividad que tiene el Ministerio Público y que todo lo que ahora postuló ya fue descartado en instancias anteriores e incluso en el juicio, con aval de los otros fiscales que no incluyeron esos términos en los alegatos. Básicamente que Villar reitera cosas que ya se modificaron en el transcurso del tiempo y que van en sentido contrario a la prueba pero que el objetivo central era utilizar la figura de López para promocionarla, porque nunca se podría haber llegado a esta instancia de responsabilizarlo del pedido de planes por el mero hecho de ser un accionista de la empresa accionista de Oil.
El propio López estuvo a cargo del cierre. De forma directa responsabilizó a Mauricio Macri por una persecución que tuvo origen el 25 de octubre de 2015 cuando le pidió reunirse para saber si contaba con sus medios de comunicación para el encarcelamiento de Cristina de Kirchner, y que todo lo que vino luego fue a consecuencia de su negativa. Esos hechos se investigan en la justicia federal. "Volvería a hacer lo mismo", se sinceró tras pedirle disculpas a su socio y a Echegaray por la situación judicial en la que habían quedado inmersos como consecuencia de una causa política, persecutoria para hacer desaparecer a los contrincantes. "Al haberme negado a colaborar, decidió mi destrucción", relató y se dirigió a los jueces: "Nunca estuve en el directorio. No tuve nunca participación en la dirección de la empresa (Oil). Nunca dirigí el Grupo Indalo. Pero el que ´valía´ era Cristóbal López. Ustedes saben que los accionistas no tenemos responsabilidad penal en las decisiones que toma el directorio. No sé qué hago en este juicio. Se lo dije a (Julián) Ercolini, se lo dije al TOF y ahora a ustedes". Reafirmó que no se cometió ningún delito y subrayó que hace 50 años que se dedica a ser empresario con la creación de medio centenar de compañías que brindan empleos, "no sociedades de paja", diferenció. Y apuntó a que jamás había tenido deuda alguna con AFIP ni con proveedores y que tras todo lo que pasó recuperaron a todas las empresas. "Es una causa política, mediática", apuntó y confió en que Casación no se someterá a esas presiones ahora.
