La situación fiscal del primer trimestre aparece como muy comprometida para el Gobierno, en función de los objetivos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La distancia que se suponía en enero que era de apenas 0,4 puntos del PBI para lograr 1,9% de déficit primario, en realidad es de al menos 1,2 puntos, tanto por efecto de la sequía como por otras cuestiones técnicas.
Uno de los pocos espacios donde le quedaría margen al Gobierno para accionar son las tarifas, pero políticamente parece difícil. Gran parte del problema lo ocasiona la sequía porque provocará una caída de recursos tributarios equivalente a medio punto del PBI.
En el último Staff Report del programa con Argentina, el FMI insistió en la cuestión de las tarifas porque allí el Gobierno se había comprometido a reducir medio punto del PBI en subsidios. Ahora parece más lejana esa promesa.
Al respecto, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal plantea que “si el FMI sugiere que los subsidios a la energía son la vía para obtener recursos que permitan compensar las pérdidas de ingresos fiscales ocasionados por la sequía, la reducción obviamente debe ser mayor”. “Dado el supuesto de una pérdida de ingresos fiscales por sequía de 0,5 puntos porcentuales del PBI, si todo el esfuerzo recayera sobre los receptores de subsidios (en caso que legalmente fuera posible), la reducción total debería ser de 1 punto porcentual”, señala la entidad. En rigor, se trata de un ejercicio técnico, porque es inviable social y políticamente hacer un ajuste de esa magnitud solo subiendo tarifas.
Otro elemento a tener en cuenta es que las estimaciones de recorte del déficit de 2023 para llegar al 1,9% no se deberían hacer desde el 2,3% declarado el año pasado, lo que daría un ajuste de apenas 0,4 puntos. Los cálculos se deberían hacer desde el 3,1%. Eso es porque este año no se podrán computar 0,3 puntos de rentas de la propiedad (que sí se usaron en 2022), a lo que hay que agregar medio punto por la pérdida de ingresos tributarios por la sequía. Es decir, la distancia para la meta anual en enero era del 1,2% del PBI. Ahora hay que tomar en cuenta que en el primer bimestre el déficit fue 0,25%, cuando tendría que haber sido de 0,2%, por lo cual la distancia se amplió a 1,25% del PBI. La corrección que habría que hacer para lo que resta del año es de 0,14 puntos del PBI por mes, estimó el IARAF.
En tanto, según el Monitor de Ajuste del Gasto de la consultora Analytica, en la tercera semana de marzo el gasto cayó apenas 2,9% respecto de igual periodo del año pasado. Algo que luce insuficiente. La consultora que dirige Ricardo Delgado muestra en una serie de datos a un año que, si bien Sergio Massa arrancó su gestión pegando un volantazo en el gasto para frenar un desmadre inflacionario, luego de conseguida la tranquilidad, comenzó a subirlo de nuevo. En términos desestacionalizados, el nivel de las erogaciones de febrero en moneda constante fue igual al de julio de 2022, tras haber tocado piso en noviembre. En ese mes la reducción en términos interanuales había sido de casi el 30% real, mientras que en febrero el recorte se redujo apenas a 4% real.
Sin chances de subir impuestos debido a la carencia de mayorías parlamentarias, el Gobierno no tiene margen de maniobra para incrementar los ingresos, salvo que recurra a la estrategia de anticipar impuestos de períodos futuros, como lo hará desde el 1° de febrero AFIP para tratar de cobrar una percepción de IVA a los alimentos del 3% a los comerciantes mayoristas.
Otra opción que le queda al Palacio de Hacienda es hacer uso momentáneo de la deuda flotante, aunque más no sea para cerrar el objetivo trimestral. Tras haber liquidado más de $300.000 millones en enero, y otros $58.000 millones en febrero, le quedarían para usar unos $445.000 millones en marzo, sobre $731.000 millones que quedaron en febrero, según indica el Centro de Economía Política (CEPA), que dirige el economista Hernán Letcher.
Un elemento que ya anticipa que marzo va a tener un resultado magro en materia fiscal es que el Banco Central comenzó a asistir nuevamente al Tesoro con $130.000 millones, a lo que hay que sumarle vencimientos con la entidad por otros $204.000 millones, que en el actual contexto, se habrán renovado.
