El juez federal Marcelo Martinez de Giorgi avanza con una serie de medidas en una investigación por supuesto direccionamiento en la adjudicación de la explotación de una central termoeléctrica en Mendoza durante el gobierno nacional de Mauricio Macri y entonces gobernador y actual senador Alfredo Cornejo.

La denuncia fue realizada en noviembre del año pasado por la senadora Anabel Fernández Sagasti y el diputado Rodolfo Tailhade a fin de que se investiguen presuntas maniobras delictivas vinculadas al posible direccionamiento en la adjudicación de la explotación de la Central Termoeléctrica Anchoris de la Provincia de Mendoza a la empresa “Methax SA”.

La causa cuenta con un requerimiento para investigar firmado a fines del 2022 por el fiscal Gerardo Pollicita, quien, sin hacer imputaciones concretas, sugirió una serie de medidas documentales que fueron dispuestas por el juez y que están en marcha.

En la denuncia, los legisladores pidieron que se investigue además el posible perjuicio de los intereses económicos de la provincia de Mendoza en razón de la posterior suscripción de un contrato entre “Methax SA” y la Empresa Mendocina de Energía (EMESA).

Recordaron que el 16 de diciembre de 2015 por Decreto 134/15 se instruyó al Ministerio de Energía y Minería de la Nación –por entonces a cargo de Juan José Aranguren- para que “elabore, ponga en vigencia, e implemente un programa de acciones que sean necesarias en relación con los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica de jurisdicción nacional, con el fin de adecuar la calidad y seguridad del suministro eléctrico y garantizar la prestación de los servicios públicos de electricidad en condiciones técnicas y económicas adecuadas”.

El 22 de marzo de 2016 la Secretaría de Energía y Minería dictó la Resolución 21/16 en la que se ordenó el llamado a licitación para la generación de energía térmica y de producción de energía eléctrica asociada con compromiso de estar disponible en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), habiendo resultado beneficiaria –entre otras- la empresa “Methax SA” por Resolución de la Secretaría de Energía N° 155/16 del 14 de junio de 2016, según la denuncia.

Las bases de la licitación contaban a criterio de los denunciantes con una serie de requisitos específicos que cumplía la empresa mencionada y por este motivo habría resultado adjudicataria “a pesar de haber sido la de mayor precio ofertado de potencia y con mayor precio de energía generada”

Concretamente señalaron que “resulta llamativo la especificidad de los requerimientos del pliego frente al breve lapso de tiempo que tuvieron las empresas para presentar sus ofertas y la brevedad con la que “Methax SA” tuvo preparada la suya (como si hubiera estado hecha a medida). La metodología utilizada era claramente con la finalidad de impedir que se presenten otros oferentes más calificados (…) se armó un pliego y términos de referencia para que si o si Methax SA pueda participar, y se garantizó que todo el proceso esté destinado a que proceda la aceptación y adjudicación de la propuesta por esta empresa realizada”.

También remarcaron un aparente vínculo de dicha compañía con ex funcionarios nacionales. Al respecto señalaron los denunciantes que “Methax SA es una empresa controlada por el grupo Galileo Technologies, cuyo principal accionista, hasta 5 días antes de la presentación de las propuestas, era SOCMA (Sociedad Macri, el holding familiar del ex Presidente). Es decir, la entonces familia presidencial era la dueña de Methax SA”, y que “el 18 de mayo de 2016 el Grupo Socma vendió su participación en Galileo Technologies –y por lo tanto en Methax SA- al grupo Blue Water Energy”.

A partir de ello, concluyen los denunciantes que “Mauricio Macri tenía muy claro que su empresa resultaría beneficiada por la adjudicación de la central y por lo tanto procedió a vender el paquete accionario a precios muy superiores a los que registraba previamente, ya que el paquete aseguraba a su compradora una rentabilidad garantizada de veinte millones de dólares por año (US$ 20.000.000) siendo esta una ganancia fija y sin riesgo durante 10 años”, destacando que “el CEO de Methax SA, Osvaldo del Campo, continuó siéndolo a pesar de la venta de la compañía, como tampoco se verificaron cambios en el funcionamiento de la firma”.

Por otro lado, surge de la denuncia también que el 19 de mayo de 2016 –un día después de que Mauricio Macri habría vendido las acciones de Galileo Technologies-, “Methax SA” habría suscripto un contrato con la Empresa Mendocina de Energía (EMESA) mediante el cual se conformó un consorcio (UTE) entre ambas.

A partir de dicho acuerdo, la Provincia de Mendoza “sólo se quedó con un canon que corresponde al 0,6% del precio de potencia”, considerando los denunciantes que el entonces Gobernador Alfredo Cornejo “a través de EMESA, puso a disposición de la empresa del ex Presidente Macri recursos estatales mediante la ejecución técnica y logística de un negocio millonario a cambio de una contraprestación ínfima”.

Al emitir su requerimiento para la apertura del caso, el fiscal Gerardo Pollicita pidió que se solicite a la Empresa Mendocina de Energía (EMESA) que remita la totalidad de los antecedentes vinculados a la suscripción de un contrato de Unión Transitoria de Empresas en el año 2016 con la firma “Methax S.A.”; lo que ha sido ordenado por el juez, según fuentes judiciales.

Las fuentes consultadas dejaron trascender que el fiscal, también pidió que en caso de acreditarse que el Ingeniero Pablo Magistocchi, presidente de EMESA, no haya tenido intervención en la contratación mencionada, se lo convoque a prestar declaración testimonial a fin de que se expida en relación a las utilidades, costos y beneficios para la Provincia de Mendoza en razón del acuerdo celebrado.

Además consideró que el testigo podría aportar su conocimiento técnico a los fines de elucidar los términos de la adjudicación de la explotación de la Central Termoeléctrica Anchoris a la empresa Methax S.A., como así también el ordenamiento del Indicador Beneficio y su probabilidad para cada uno de los proyectos considerados.

El juez aguarda que distintos organismos le envíen los expedientes solicitados. Entre las medidas se requirió al Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza que aporte copias digitalizadas del expediente en cuestión.