La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Javier Carbajo, Mariano Hernán Borinsky y Alejandro Slokar resolvió, por unanimidad, hacer lugar al recurso interpuesto por el Representante del Ministerio Público Fiscal y anular la excarcelación de Raúl Antonio Guglielminetti, ex agente civil de inteligencia del Ejército Argentino, perteneciente al Batallón 601, condenado a 10 años por delitos de lesa humanidad.

El máximo tribunal penal del país anuló el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires que había concedido la excarcelación a Guglielminetti en los términos del art. 317, inc. 4 del C.P.P.N. La libertad, en tanto, no se había hecho efectiva por encontrarse detenido a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 6 y del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén.

Para resolver, los jueces ponderaron la falta de tratamiento del planteo efectuado por el Fiscal de la instancia previa, vinculado con la omisión de la unificación de la respuesta punitiva seguida contra Guglielminetti, a la luz de las condenas que ya registra el nombrado en el marco de otras causas.

Raúl Antonio Guglielminetti, en su carácter de ex agente civil de inteligencia del Ejército Argentino, fue condenado a la pena de 10 años por considerarlo autor penalmente responsable en la privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia o amenazas, reiterada en nueve oportunidades. Dicha condena fue confirmada por la misma Sala IV de la Cámara Federal de Casación penal el pasado 5 de junio de 2023.

La causa principal se trata de un caso emblemático sobre la persecución a grupos económicos durante la última dictadura bajo la figura de “subversión económica”. En el juicio se juzgaron delitos cometidos contra más de 20 personas que fueron secuestradas en la Cárcel de Encausados de Campo de Mayo, entre septiembre y diciembre de 1978. Todas las víctimas pertenecían o estaban vinculadas al grupo económico Chavanne, a Industrias Siderúrgicas Grassi o al Banco de Hurlingham S.A

Se trata de un caso emblemático sobre la persecución a grupos económicos durante la última dictadura bajo la figura de “subversión económica”. En la causa se juzgaron delitos cometidos contra más de 20 personas que fueron secuestradas en la Cárcel de Encausados de Campo de Mayo, entre septiembre y diciembre de 1978.

Todas las víctimas pertenecían o estaban vinculadas al grupo económico Chavanne, a Industrias Siderúrgicas Grassi o al Banco de Hurlingham S.A. Juan Alfredo Etchebarne fue acusado por haber intervenido, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de Valores, en los secuestros de las víctimas.

Dentro de las conductas que se le reprocharon, se encuentra la de haber señalado a las autoridades militares del Primer Cuerpo del Ejército Argentino los nombres de las personas que serían detenidas ilegalmente por un grupo de tareas a las órdenes del general Suárez Mason.