Vencido ayer el plazo que la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados le dio al juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda para que se presente o responda por los cargos que le habían formulado al responsabilizarlo de los desmanejos de la Obra Social del Poder Judicial entre 2008 y 2021, la réplica del ministro fue el silencio absoluto. No hubo escrito, acuse de recibo, descargo ni promesa de nada. Impotentes ante la decisión de que la acusación parcial sea ignorada, los diputados del bloque oficialista –que la impulsaron-, aclararon que esto no obstaculiza el avance de su investigación y se prepararon para crear una subcomisión de cinco miembros que analice el funcionamiento de la obra social bajo las gestiones de 2021 hacia adelante. Sin mayor novedad y dentro de los márgenes previsibles de acción de Maqueda, los diputados se enfrascaron ahora en la discusión por el capítulo de la medida cautelar por la coparticipación que benefició a CABA y fue el disparador del proceso de juicio político. A pesar de que ayer fueron solo dos testigos y se recortó la lista inicial, se prometió que para la semana próxima desfilarán los fiscales de Estado de una decena de provincias que presentaron sus objeciones ante la Corte cuando se estaba discutiendo la demanda que inició Horacio Rodríguez Larreta cuando el Ejecutivo Nacional dispuso recortar el porcentaje que Mauricio Macri le había otorgado a la Ciudad en ocasión del traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña.
En la primera sesión de la comisión luego del cierre de listas, los intercambios entre oficialismo y oposición no estuvieron exentos de chicanas. La chispa como siempre la encendió el “lilito” Juan Manuel López que arrancó a cuestionar la cantidad de legisladores presentes al inicio para el quórum y las medidas de prueba que solicitaba el camporista Rodolfo Tailhade mezclado con las definiciones electorales de Unión por la Patria. “¿A quién votás?, ¿a Grabois?”, lo azuzó López fuera de micrófono. “A Massa, papá. ¿Qué te pensás que soy de la Coalición Cívica?”, respondió Tailhade. Hubo risas. Marcelo Casaretto, del PJ Entre Ríos, aprovechó el contexto para sacudir a su comprovinciano Rogelio Frigerio y ahora candidato a la gobernación (quien será citado) porque a comienzos de 2016, como ministro del Interior de Cambiemos, reconoció que el porcentaje que Mauricio Macri le había dado a la Ciudad era superior al que correspondía para el traspaso policial.
De las cinco horas de audiencia, la mayor parte la insumió la declaración del subprocurador del Tesoro, Horacio Diez que fue representante del Estado en el litigio y reveló que, desde febrero, el expediente en la Corte no tuvo movimiento alguno. Planteó que el Gobierno pretendía que la actual composición de la Corte se aparte, elijan conjueces, resuelvan su recusación y luego pasen a analizar la reposición que hicieron, suspendiendo la cautelar. Para la oposición, encabezada por el diputado PRO Pablo Tonelli (que sacó a relucir que él mismo es un experto constitucionalista), el Ejecutivo incumple un fallo de la Corte porque no pagó el porcentaje “cash” como pretendía la Ciudad. Antes, el oficialismo había propuesto que como prueba que se tome una “huella de voz” respecto al exministro de Seguridad de CABA Marcelo D’Alessandro para cotejarla con los audios incluidos en la filtración de supuestos chats, que fueron el eje que disparó el juicio político pero que, como todos reconocen, no puede utilizarse como prueba directa porque su origen no fue legal. Para sortear esto, el oficialista Leopoldo Moreau sugirió que se tomen los registros de los medios de comunicación que levantaron la filtración. La oposición lo acusó de pretender “blanquear” así elementos cuyo presunto origen es inteligencia ilegal. En esos chats, figuran conversaciones entre D’Alessandro, y varias personas, una de ellas el principal colaborador del juez Horacio Rosatti, Silvio Robles. Diez recordó que la primera recusación que se planteó en el caso fue precisamente a raíz de un “pirulo” en un diario oficialista que daba cuenta de la asistencia de ambos a un cumpleaños. Eso lo consideraron motivo de apartamiento para el juez, pero fue rechazado por el resto de los miembros de la Corte. Luego hubo otros dos pedidos de recusación.
El cuerpo que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos) aprobó una ampliación de prueba para que se cite en la próxima reunión a la exministra de Economía Silvina Batakis y al procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarloa, así como a funcionarios del Ministerio de Economía que intervinieron en las audiencias de conciliación por el tema. “Los vicios se relacionan con que la CABA tenía asignada una coparticipación del 1.4% y que en el convenio de traspaso de las fuerzas de seguridad no fue estimado el costo de la ejecución de esos servicios, ni se estableció ningún control”, aseveró Diez, quien destacó que los decretos dictados por Macri “nunca fueron aprobados expresamente por el Congreso”. La extensa y pormenorizada declaración de Diez estuvo atravesada por cruces frecuentes con la oposición que cuestionaba la visión que tenía el testigo sobre el fundamento legal de la posición del Estado.
Inversamente proporcional en la duración de su testimonio, tal vez fruto del cansancio general tras cuatro horas, fue el de Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte, convocado porque su área –de cálculo e impacto económico- no había sido consultada respecto de la decisión final del porcentaje de coparticipación definido en la cautelar. Era considerado un testimonio clave pero sobre el final dejó un dato poco estimulante: desde que está a cargo de esa dependencia, desde mayo de 2016, el área en cuestión solo intervino en 10 expedientes jurisdiccionales para aportar datos. Eso da un promedio de 1,4 expedientes por año.
Provocó algo de confusión en el testigo una pieza documental de prueba que fue incluida en el expediente por parte de CABA y que era un correo electrónico del 12 de enero de 2016 que Alperovich dirigió a una persona con un cálculo de impacto presupuestario sobre los sueldos policiales. Pero ese dato, provino de su anterior función como director de la oficina nacional de presupuesto. El testigo no recordaba a quién se lo había dirigido ni por qué motivo, solo que como estaba copiado su superior debió haber sido a requerimiento de las autoridades. Los diputados le pidieron estimaciones pero Alperovich fue esquivando respuestas concretas sobre cómo debió haber sido ese cálculo. Las posiciones variaban con respecto a generalidades en torno a la Ley de Administración Financiera y los presupuestos respecto a la inconveniencia de afectar recursos específicos para financiar un fin determinado, aunque hubo ejemplos contrapuestos.
“La causa está abierta. No está cerrada”, lanzó Alperovich a modo de advertencia lo que obturó el interrogatorio que Vanesa Siley tenía previsto. Dejó en el aire la posibilidad de que pueda ser consultado, aunque hay pocas chances de que si eso ocurriese su declaración fuera evaluada como un prejuzgamiento, por ser un área técnica. De todas formas, el testigo no quiso complicarse y evitó hacer referencia específica al caso en discusión. Lo despacharon rápido.
“Estamos con una hipótesis de una connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad y esa connivencia fue la que generó esta sentencia claramente, que tampoco es sentencia, es una cautelar. Todo esto es para abonar una investigación, a la cual se podrá llegar o no al mal desempeño”, dijo el jefe de bloque del FdT Germán Martínez, para resumir. Antes de levantar a sesión y tras la enumeración de una larga lista de testigos para la próxima semana, del oficialismo y la oposición adujeron que tienen en agenda comisiones superpuestas lo que preanuncia ausencias o levantamientos prematuros.
