Este lunes se conocerá el informe completo del staff técnico del Fondo Monetario Internacional sobre el cumplimiento de las metas macroeconómicas del último trimestre del 2022 y cómo estiman que continuará el desempeño de la economía. Ya se conoció que Argentina “sobre cumplió las metas de fines del año pasado” posibilitando el desembolso de U$S 5.400 millones.

Con relación al futuro desempeño de la economía, las autoridades argentinas y el FMI llegaron a distintos acuerdos a los cuales tuvo acceso Ámbito en fuentes del Palacio de Hacienda.

El impacto de la sequía afectó fundamentalmente el ingreso de divisas. Este tema fue uno de los puntos esenciales de la negociación del equipo económico con el staff técnico de Fondo. El organismo multilateral aceptó esta solicitud y se adecuó “parcialmente” el programa determinándose una reducción de la meta de reservas de 3.600 millones de U$S al 31 marzo 2023 en tanto que para el año se disminuyó en U$S 2.000 millones.

Cabe recordar que anteriormente la meta de reservas al 31 de marzo era de U$S 5.500 millones y para el año 8.700 millones, es decir que en marzo las reservas del BCRA deben ser de US$ 1.900 millones y en el año de U$S 6.700 millones.

Debido a la sequia y al anticipo de exportaciones que hubo por “dólar soja”, en marzo el agro liquidó solo 55 millones de dólares por día en promedio, cuando en el mismo mes del año 2022 ingresaron U$S 136 millones, es decir que se registra una caída de 60%, según señala Ecolatina.

La reciente sanción de la nueva moratoria previsional fue uno de los temas más cuestionados por las autoridades del FMI y que demandó más de tres semanas de negociaciones con el equipo económico.

Al respecto, fuentes oficiales señalan que el ex ministro de Economía, Martín Guzmán “había acordado que no se aplicarían moratorias” cuestión que no se conocía.

El Fondo calificó de “imprevista” a la sanción de la moratoria a pesar de que tuvo tratamiento parlamentario durante meses. Se explica en este contexto la consideración de “imprevista” a partir del compromiso de no avalar este tipo de iniciativa.

En el comunicado de prensa del FMI del 13 de marzo pasado en el capítulo referido a la política fiscal, se señalaba “Early and resolute actions will be taken to sustainably address the fiscal costs of the unforeseen approval of the pension moratorium to secure fiscal targets for this year and beyond”.

(“Se tomarán acciones tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación “imprevista” de la moratoria de pensiones para asegurar los objetivos fiscales para este año y más allá”.

Curiosamente si se va a la página oficial del FMI este párrafo fue suprimido.

El staff técnico solicitó “un mayor ajuste fiscal para compensar el gasto en esta materia” que según cálculos de la oficina de Presupuesto del Congreso alcanza a 0,27% del PBI en el primer año de aplicación.

En este sentido, se acordó enfocar la moratoria “a los sectores de población adulta mayor que más requieran de esa herramienta excepcional”.

Se acordó avanzar, una vez finalizada la campaña de inscripción en el Rase, en el recorte de los subsidios energéticos para los hogares de muy altos ingresos a partir de mayo de 2023.

Junto con los distintos aumentos en otros segmentos de electridad, gas, agua y transporte ya otorgados, más los programados en algunos de dichos segmentos, “la media implica eliminar la regresividad resultante que, a traves del pago de impuestos, los más pobres subsidien a los más ricos”.

Además, a traves del refuerzo de campañas de comunicación, se está terminando de implementar la segmentación tarifaria para cumplir con la segmentación comprometida por el ex ministro Guzmán.

El FMI valoró el resultado de las distintas operaciones de conversión de la deuda en pesos, en especial la última que permitió extender a 2024 y 2025 los vencimientos previstos originalmente para abril-junio de 2023, desarmando así las “torres infranqueables” de vencimientos en ese periodo.

A pesar del impacto de la sequía, se acordó mantener el compromiso para logra la meta fiscal de deficit en 1,9% del PIB en 2023.

Los especialistas señalan que se trata de un severo compromiso, dado el impacto de la sequía. El economista Martín Rapetti, de Equilibra, estima que por este motivo la recaudación caerá en U$S 4.200 millones de dólares, el sector agropecuario tendrá una contracción de 18% respecto a 2022 y la actividad global sufrirá un efecto negativo de 2 puntos del PIB, afectando en consecuencia los ingresos globales.

Esto requiere seguir consolidando el orden fiscal logrado desde el inicio de la gestión del nuevo equipo economico.

Las autoridades acordaron proteger la inversión del Estado en infraestructura, especialmente en materia de energia apuntando al gasoducto Nestor Kirchner. Al respecto, fuentes del sector privado estiman que para el 20 de junio estará finalizado el primer tramo.

Asimismo, en cuanto al apoyo a los sectores más vulnerables a través de planes sociales, pero “con mayor especialización para que esa ayuda llegue a los que realmente la necesitan”.

El Palacio de Hacienda mantuvo contenida la utilización del financiamiento monetario mediante adelantos transitorios, de manera de reforzar la lucha contra la inflación.

Por otra parte, se mantiene el esquema de crawl y tasa de interes positivos, a fin de seguir ordenando el frente monetario.

El equipo económico detalló ante el FMI el funcionamiento del nuevo plan de precios justos como método complementario que apunta a reducir la inflación.

El Palacio de Hacienda también resaltó los sectores estratégicos de Argentina por “contar con gran potencial exportador en línea con las nuevas necesidades de la agenda global de seguridad energética, alimentaria y de minerales especiales”.

Las autoridades presentaron avances estructurales, entre ellos destacaron lo vinculado a una recaudación más efectiva, mejorando la información que se recaba de los distintos entes del sector público nacional, y la mejora de la base de datos para bienes personales a traves de la vinculación de CUIT con titulares de inmuebles en el AMBA.

Se registraron progresos en medidas de mejora contable del balance del Banco Central que surgieron de asistencia técnica del FMI.

Se continúa elaborando un proyecto que refuerza la aplicación de la Ley Penal Cambiaria.

En cuanto al marco normativo anti-lavado, un proyecto de ley está siendo elaborado en el Congreso.