Estará en su agenda. Cuatro candidatos a la Asamblea Nacional indican que analizan, e incluso preparan reformas, las anomalías reveladas por EXPRESO en las subastas inversas para la compra de medicinas.

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Este Diario mostró cómo en 48 de 70 procesos del 2023 la empresa Laboratorio Vida (Labovida) consiguió contratos con el Estado pese a presentar la oferta más alta, beneficiándose de una medida afirmativa contemplada en la ley.

Esta inconveniencia para el Estado ecuatoriano también es una expresión de corrupción, según Leticia Tinoco, candidata a asambleísta por el Distrito 1 de Guayas, quien adelanta que, de conseguir una curul, se enfocará en intentar erradicarla.

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“Mi prioridad será impulsar todo cuerpo legal que permita promover el bienestar de todos (...)”, dice y señala que, de ser necesario, ella misma impulsará los cambios a la Ley de Contratación Pública.

Por su parte, Geovanni Atarihuana, aspirante a asambleísta por el Distrito Quito Sur, considera que es importante hacer precisiones en la normativa para evitar las “vivezas” de las empresas oferentes.

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“En principio somos partidarios de fortalecer la industria nacional, al tiempo que se favorezca la dotación de medicina de calidad y a precios razonables para el Estado”, dice y destaca la necesidad de frenar los abusos.

En ese sentido, Atarihuana indica estar comprometido a fiscalizar para detectar estas anomalías y “generar una modulación” de la normativa de contratación pública para evitar estas inconveniencias al Estado.

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Por otro lado, aunque reconoce que su plan está más enfocado a la fiscalización de las entidades públicas, Nathaly Farinango, candidata a asambleísta por el Distrito Rural de Quito, dice que lo tendrá presente.

“Casos como el descrito por EXPRESO y similares claro que ameritan revisar la Ley de Contratación Pública porque esto no solo estaría sucediendo en la subasta inversa, sino en ínfima cuantía, entre otros”, sostiene.

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Asimismo, Farinango señala la importancia de fiscalizar que las entidades públicas suban toda la información de las contrataciones públicas para detectar más anomalías que puedan perjudicar al Estado ecuatoriano.

Roberto Cuero, exasambleísta de la Legislatura cesada y aspirante a ser reelegido por el Distrito 1 de Guayas, dice estar un paso adelante y que el tema ya está siendo analizado por su equipo de trabajo.

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“Asumo que el espíritu del legislador (al crear una medida afirmativa) fue ayudar a la empresa nacional, pero lamentablemente, como vemos, eso puede ir en contra de que el Estado sea el beneficiado”, sostiene.

Por ello, según continúa, “ya puse a revisar a los abogados de mi equipo la norma para, inmediatamente, ver la posibilidad de presentar un proyecto de reforma (...)” en caso de que vuelva a llegar a la Asamblea.