El Gobierno, las centrales obreras y las principales cámaras patronales volverán a reunirse este jueves para discutir el piso formal de salarios en la Argentina, en la actualidad situado en 87.987 pesos. Sin acuerdo previo entre la CGT y las dos versiones de la CTA (de los Trabajadores y Autónoma), el debate se concentrará en el margen que la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) le dejará al Gobierno para subir el valor de los planes sociales, la mayor utilidad que tuvo en los últimos años el Consejo del Salario Mínimo. Al igual que en la discusión pasada, se prevé un nuevo acuerdo trimestral.

Desde las 16 se reunirá el plenario del Consejo por segunda vez en la negociación correspondiente a este año. En la última ocasión, en marzo pasado, por amplia mayoría se acordó un incremento de 26,5% en tres etapas. La discusión en este caso será la última antes de las primarias (PASO) y su resultado marcará el humor de las organizaciones sociales y de un sector del sindicalismo con el Gobierno en general y con el ministro de Economía y candidato, Sergio Massa, en particular.

El peso de la negociación pendiente con el FMI disparó especulaciones entre los convocados a la discusión. Una de ellas mencionaba la posibilidad de una postergación del debate hasta tanto la conversación con el Fondo estuviera más encaminada o, eventualmente, cerrada. En la CTA de los Trabajadores, incluso, advertían que esa opción era mejor que la de ofrecer una suba que apenas empardara la inflación. En el Ministerio de Trabajo y en la CGT descartaron un diferimiento o cuarto intermedio y dieron por hecho que este jueves habrá un nuevo piso formal de ingresos.

El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil reúne a 32 dirigentes repartidos en partes iguales entre sindicales (con preponderancia de la CGT y comitivas más acotadas para las dos CTA) y empresariales de los sectores industriales, mercantiles, agropecuarios, de la construcción, las finanzas y la Bolsa de Comercio. En los últimos años, producto de sucesivas negociaciones que se vieron superadas por la inflación, comenzó un proceso de despegue del piso salarial respecto de los acuerdos promedio alcanzados en paritarias del sector privado. De modo tal que el número de beneficiarios del salario mínimo en empresas es muy reducido y su influencia mayor se da como valor de referencia para los planes sociales: el Potenciar Trabajo, el más masivo, equivale a la mitad.

La CGT, en la previa con poco interés en el debate por su poca incidencia en los sueldos de sus representados, negociaba este miércoles a última hora un número que le sirviera a Massa para no tensionar más su discusión con el Fondo y, al mismo tiempo, no dejara a la central obrera como responsable de una nueva pérdida de poder adquisitivo. En la organización mencionaban como viable un ajuste trimestral, de julio a septiembre, acotado a la inflación prevista por las consultoras que sondea el Banco Central para su relevamiento de expectativas de mercado (REM).

En la CTA de los Trabajadores, alineada con el kirchnerismo, creen sin embargo que Economía debería estimular un salto del salario mínimo para igualar su poder de compra, al menos, al que tenía al inicio de la gestión de Alberto Fernández. La pérdida que sufrió el valor desde entonces obligaría a disponer en lo inmediato un aumento superior al 60% para llevar el piso a alrededor de 140 mil pesos para lograr ese propósito.

En tanto que la CTA Autónoma, que comanda el estatal Hugo Cachorro Godoy, ya hizo saber que para recuperar lo perdido desde 2015 el piso de ingresos debería llegar en lo inmediato a 233 mil pesos, una variación de 170 por ciento. La Mesa Nacional de esa central acordó que pedirá, por lo pronto, un ajuste de entre 50 y 60% sobre el mínimo de junio para revisarlo en octubre.