En el marco de la ley de Fortalecimiento de la Justicia Penal de Santa Fe aprobada en mayo de este año, finalmente el Consejo de la Magistratura llamó a tres concursos para cubrir un total de 14 cargos en juzgados y fiscalías de la provincia azotada por el narcotráfico. La convocatoria se da en medio de la polémica por la falta de quórum en el Senado, que dejó pendiente de aprobación cuatro pliegos de jueces y fiscales, y a días de las elecciones primarias de este domingo.

La norma publicada en el Boletín Oficial el 3 de mayo pasado había creado nueve cargos de Defensor/a Público Oficial Federal, seis puestos de juez/a penal de garantía de primera instancia y seis de revisión para las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto. Un día antes, los cuatro jueces de la Corte Suprema habían participado de un evento en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario como gesto de respaldo a sus colegas locales en medio del acuciante crecimiento del narcotráfico en ese territorio y las amenazas a funcionarios judiciales.

Ahora, tras un extenso período de parálisis del Consejo de la Magistratura, a través de la Comisión de Selección, el organismo presidido por Horacio Rosatti publicó tres llamados a concursos destinados a ocupar parte de los cargos para la Justicia nacional de Santa Fe creados por la mencionada ley. Se trata de los concursos 493, 494 y 495 con plazo de inscripción entre el 11 y el 15 de septiembre de 2023. Las pruebas de oposición, en tanto, comenzarán los primeros días de noviembre.

Reconocido por todos los actores, el déficit de jueces/as y fiscales es uno de los ejes de debilidad en la lucha contra el narcotráfico. Con muchos de ellos amenazados por las bandas dedicadas a la venta de drogas y el crecimiento de los crímenes por las disputas del territorio complejizan aún más el escenario.

Con una Santa Fe que irá a las urnas este domingo para definir los y las candidatas a la gobernación, el narcotráfico es uno de los ejes centrales de las campañas electorales, sobre todo de JXC, representada por Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, a quien la experiodista acusa de formar parte de las organizaciones delictivas. Paradójicamente, Losada, actual Senadora nacional, no dio quórum para la sesión de esta semana en la que el oficialismo buscaba aprobar más de 70 pliegos de jueces y juezas, entre ellos cuatro para la provincia de Santa Fe.

Los nombramientos que quedaron pendientes de aprobación correspondían a Román Pablo Lanzón, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario; Matías Felipe Scilabra, Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Rosario, fiscalía Nº2; Ramiro Dillon Villamayor, Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, Defensoría Nº 3; Pablo Andrés Vacani, Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe.

En tanto, como mensaje político de respaldo al Poder Judicial con asiento en la provincia de Santa Fe, los 13 consejeros nacionales trasladarán su audiencia pública anual a la ciudad de Rosario. Será el próximo 30 de agosto.