El Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), que encabeza Walter Martello, ya cuenta con la auditoría realizada a la empresa Edesur. El documento, de más de 200 páginas, asegura que la distribuidora tiene deudas por más de $20.000 millones, equipamiento de los años 50, reducida cantidad de personal y “falta de inversiones”.

El trabajo fue entregado a la Secretaría de Energía, al Congreso y a los gremios. De todos modos, el documento no cuenta con soluciones a la vista. Sobre las instalaciones, asegura: “Son inadecuadas para afrontar el servicio en las condiciones exigidas (saturación/carga), ni siquiera en condiciones normales”. Y agrega: “Requieren tiempos de adecuación estructural que dificultan las soluciones definitivas en el corto plazo”.

Hacia adelante, fuentes de la Secretaría de Energía, que encabeza Flavia Royón, aseguraron a este diario que se le pidió a Edesur “más precisiones y datos duros”. La empresa tiene 10 días para contestar. Fuentes de Edesur cuestionaron el trabajo al asegurar que tiene inconsistencias: "Lo estamos analizando, pero tenemos ya algunas observaciones. El informe contiene inexactitudes y el análisis está alejado de la realidad regulatoria y económica", contestaron a Ámbito.

La auditoría a Edesur fue solicitada por el Gobierno a fines de febrero de este año, para determinar la calidad del servicio público de distribución de electricidad establecida en el contrato de concesión, en un contexto de ola de calor, aumento de la demanda y deficiencias en el servicio, que derivó en cortes de luz y manifestaciones en distintos barrios de Capital y Gran Buenos Aires.

La conclusión de la auditoría realizada por el ENRE se refiere a las inversiones: “Estamos ante una empresa que no realizó las inversiones que correspondían para tener instalaciones en condiciones mínimas aceptables y poder satisfacer la demanda requerida”. Además, agrega: “Este problema es de tal magnitud que no es reversible en el corto ni mediano plazo dado que, ni la empresa, ni el mercado cuentan con la capacidad técnica para cumplirlo en un breve período de tiempo”.

Sobre el equipamiento, el ENRE detalla: “Continúan en servicio equipos que son originales (década del ‘50 y ´60) a las subestaciones transformadoras, interruptores, cables, protecciones, etc. Esto resalta la obsolescencia”.

Además, el organismo es crítico sobre la conducción de la empresa Edesur, cuyas autoridades fueron denunciadas judicialmente: “La gestión empresarial no ha sido satisfactoria: teniendo visión cortoplacista que posponen las verdaderas necesidades de los sistemas”. Asegura que el déficit financiero de la empresa es producto de la “falta de gestión eficiente”, y que “dispuso de recursos financieros necesarios para cumplir con las obligaciones pautadas”. El ENRE informa que Edesur adeuda $ 19.500 millones al Tesoro por sanciones impagas, sin contar el resarcimiento a usuarios, saldos impagos a Cammesa y créditos intercompany, que “afectan el devenir de la distribuidora”.

Además, hace referencia a la respuesta a los reclamos de los usuarios: “Hay una reducida cantidad de personal (especialmente el propio) para restablecer el servicio y los mantenimientos a tal punto de no llegar a cumplir con lo cotidiano”. La investigación asegura que la cantidad de cuadrillas cayó un 60% durante el verano 2022-2023, en un contexto donde aumentó en número de fallas. “Durante el verano no hubo más de 223 cuadrillas diarias, y tuvieron 26 días, el 21% de los días entre diciembre y fin del verano, con más de 70.000 reclamos diarios”, detalla.

El trabajo del ENRE es crítico con los procesos internos de respuesta a los usuarios: “Cuando se acumulan más de 2.000 reclamos, de modo previo a asignarlo a las cuadrillas, la distribuidora realiza una “Campaña de Llamados” telefónicos a los usuarios, desde un “teléfono privado”. Si no contestan cierra el relamo como cumplido, obligando al usuario a volver a reclamar”.

La compañía Edesur, que se encuentra en un proceso de venta por parte de la italiana Enel, es muy crítica con la auditoría, al considerarla “inconsistente”. Como ejemplo, el trabajo del ENRE asegura que la empresa tenía los recursos, pero también que se financiaba con el no pago a Cammesa. Uno de los motivos que siempre resaltan desde la compañía es la falta de aumento de tarifas: desde el aumento realizado en marzo del año 2019 bajo la gestión de Mauricio Macri, hasta la actualidad, la inflación acumuló casi 700%, contra un Valor Agregado de Distribución (VAD) que trepó 173%, teniendo en cuenta lo aplicado en mayo de 2021, marzo de 2022 y abril de 2023.

Además, rechazarán el argumento de falta de inversiones, con los números de las inversiones anuales de los balances, y el dato de que bajaron los cortes de luz de 33 horas promedio anual por cliente a 14, hasta antes de marzo.