La duodécima semana de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que comienza hoy mismo, podría ser la definitoria. La expectativa de Buenos Aires y Washington es finalmente cerrar el acuerdo de mínima planteado desde el comienzo de las discusiones, cerca de la segunda semana de abril de 2023, como mecanismo de sustitución del Facilidades Extendidas firmado en marzo de 2022, y suspendido desde que el equipo económico comenzó a intervenir en el mercado cambiario con títulos públicos.
La idea que manejan los negociadores de Sergio Massa y el staff técnico del organismo que maneja Kristalina Georgieva es cerrar un pacto de mínima, mezclando waivers de metas trimestrales incumplidas y promesas anuales de logros difíciles, a cambio de los desembolsos comprometidos del FMI para pagarle al propio FMI. Con esto la Argentina conseguiría unos u$s2.400 millones libres en las próximas semanas, el organismo liquidaría para sí mismo los u$s2.600 millones que debe pagar el país el 31 de julio, y hasta fin de año se manejaría el criterio de no tomar en cuenta las metas del segundo y tercer trimestre de 2023, para juzgar el comportamiento del país sobre el año cumplido. Algo que ocurrirá en febrero de 2024, cuando otro presidente ocupe el lugar de Alberto Fernández, con mayor poder de negociación de largo plazo.
No es poco lo que conseguiría Massa. Un acuerdo de este tipo alejaría las sombras de una crisis financiera y cambiaria, por lo menos en lo inmediato; y le permitiría al funcionario-candidato llegar a las PASO del 13 de agosto en buenos términos formales y diplomáticos con el FMI. Luego de las elecciones, como dicen oficialismo y oposición, será un nuevo país con un panorama político diferente y otras capacidades negociadoras de las dos partes.
Tampoco es mínimo lo que se consigue a ojos del FMI. El organismo mantendrá a la Argentina dentro del juego, y sin default. Y los funcionarios del Fondo no tendrán que dar explicaciones internas y externas en el caso que la Argentina entre en crisis. Al ser el país el principal deudor del FMI, con una deuda de u$s44.500 millones (casi el 45% de todo el pasivo del organismo), un acuerdo, aunque sea de mínima, no es algo despreciable. Más teniendo en cuenta que la negociación con la Argentina, es la primera que encara el director gerente para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés. El chileno asumió el 1° de mayo, y sabe que el éxito o el fracaso del caso argentino marcará su gestión. Comenzar con una caída total del acuerdo, un default y una crisis económica y financiera no sería una buena carta de presentación.
Si hay luz verde, viajarán en horas a Washington el viceministro, Gabriel Rubinstein; el jefe de asesores, Leonardo Madcur; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; y el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri. Podrían sumarse más funcionarios durante la semana. Por el lado del FMI, esperan Valdés y el encargado del caso argentino, Luis Cubeddu. Se verá, dependiendo de los avances o retrocesos de lo discutido, si desde el Fondo se suma la número dos, la norteamericana Gita Gopinath; a esta altura, toda una especialista en conocer los números y porcentajes de la Argentina contemporánea.
Suspendida, por ahora, la hipótesis de un salvataje chino (algo que está preparado a sólo una llamada telefónica), el equipo económico no aceptará del Fondo menos que una hipótesis básica: un acuerdo de corto plazo que implique la devolución de parte del organismo que maneja Georgieva de los aproximadamente u$s2.700 millones que hace 10 días el país giró por los vencimientos de junio correspondientes al primer trimestre.
Ese dinero, según el Facilidades Extendidas original, debía haberse liquidado con dinero girado antes por el propio FMI; pero debido a que el acuerdo firmado está suspendido desde la segunda semana de abril, el organismo no aportó los fondos. Argentina, por buena voluntad, decidió pagar igual sabiendo que había una negociación en marcha con resultados seguramente positivos. Por esto, en las discusiones que desde hoy mantendrán funcionarios argentinos con el staff técnico del FMI cara a cara, dejará en claro que cualquier acuerdo debe incluir la devolución del dinero ya liquidado.
Saben en el ministerio de Economía que esta alternativa puede ser de fácil negociación, y que sólo requeriría un waiver desde Washington que dispense al país por incumplir las metas del primer trimestre del año; algo que no sólo es habitual sino que además está contemplado tanto en el acuerdo firmado en 2022 como en los estatutos del FMI. En consecuencia, podría lograrse de manera relativamente amigable. Para el Palacio de Hacienda, representaría además un acuerdo tenue pero con un valor agregado fundamental: el dinero iría directamente a fortalecer las reservas lánguidas del Central en momentos de dificultades graves, lo que garantizaría una cierta estabilidad cambiaria hasta después de las PASO.
