Los vocales Barreno y Morillo fueron removidos de la Judicatura

El Consejo de la Judicatura acató la resolución del juez Walter Macías y dio paso a la remoción del cargo de vocales a Maribel Barreno y Juan José Morillo.

Ellos fueron llamados a juicio junto con el juez de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhayya, por el presunto delito de tráfico de influencias y contra Barreno se ordenó su prisión preventiva, el jueves 28 de septiembre.

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En la sesión de Consejo de la Judicatura, de este viernes 29 de septiembre de 2023, la vocal suplente Yolanda Yupangui fue convocada para que actúe como titular.

La secretaria de la Judicatura también informó que se emitieron las órdenes de personal, por lo que Barreno y Morillo ya no pueden ejercer sus cargos. “Se procede a la remoción del cargo del precitado servidor, conforme la situación actual, también el registro de prohibición de inhabilidad e impedimentos para ejercer el cargo público”.

Barreno, quien está escondida, solicitó un habeas corpus para revocar la orden de arresto. Esta petición cayó en manos de los jueces Enma Tapia (Ponente), María Consuelo Heredia Yerovi y Katerine Muñoz Subía, de la Sala Laboral de la Corte Nacional Justicia.

El Tribunal convocó la audiencia a las 16:00 de este viernes. A las 17:30 la jueza ponente resolvió suspender la audiencia hasta el sábado 30 de septiembre de 2023, a las 16:00. Además ordenó que la Sala Penal remita las copias certificadas y los audios de la resolución de Macías. El propósito es que la defensa de Barreno tenga los elementos para presentar la presunta ilegalidad de su orden de arresto. 

En el auto de llamamiento a juicio, el juez Macías también estableció medidas de protección para los fiscales subrogante y delegado del caso, para que sean blindados frente a posibles retaliaciones del Consejo de la Judicatura. 

El caso por tráfico de influencias se basa en evidencias como audio, fotos y versiones de que los vocales y el juez mantuvieron una reunión reservada en la que se pusieron de acuerdo para presionar a jueces y favorecer a la entonces presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien necesitaba un fallo para mantenerse en el cargo. 

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