En medio de la polémica por la posibilidad de que el Gobierno envíe en septiembre al Congreso un proyecto para condonar el CAE y el presidente Gabriel Boric haga el anuncio en la Cuenta Pública del próximo 1 de junio, la oposición se ha mostrado contraria a la propuesta, acusando al Ejecutivo de estar usando electoralmente el tema para reafirmar el respaldo de su sector, especialmente del Frente Amplio (FA), en el marco de las elecciones municipales y de gobernadores regionales de este año.

La principal preocupación de Chile Vamos es que ante otras necesidades sociales más imperiosas, a su juicio, el Estado no está en condiciones de asumir el costo de una eventual condonación del CAE.

Es por ello que tres diputados de Renovación Nacional –Sofía Cid, Marcia Raphael y Miguel Mellado- enviaron un oficio al presidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, en el que le solicitan un “informe respecto de la carga fiscal de un eventual proyecto que persiga alivianar la deuda de créditos con aval del Estado” (CAE).

En el documento, los legisladores argumentan que “son de público conocimiento el inminente ingreso a trámite legislativo de un proyecto de ley relacionado con las deudas de educación superior con aval del Estado impagas y las continuas advertencias respecto de la situación fiscal que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo, sobre todo por las limitadas holguras fiscales para los años futuros, que el último informe a la Comisión Mixta de Presupuestos cifra en 0,26% del PIB para 2025-2028”.

Por lo que, desde el punto de vista de los firmantes, “el mencionado proyecto sobre la deuda de educación superior con aval del Estado, en principio, considerará mecanismos para alivianar la carga financiera de la deuda. Dado que se trata de deudas que totalizan US$ 11.900 millones, cualquier medida sería de tal magnitud que, aunque se tratase de medidas accesorias, como alargar los plazos de pago, más que una condonación parcial, sin duda tendrá impactos significativos a nivel fiscal”.

Y explican que la solicitud se debe a que los parlamentarios estiman que un informe de estas características, junto con otros que el consejo estime pertinentes incluir para la discusión, “será crucial para evaluar la viabilidad financiera del proyecto de ley que será presentado en septiembre de este año, y permitirá poner de relieve la preocupante situación de bajas holguras fiscales y la cercanía al límite de deuda sostenible”.