El saldo trágico a consecuencia de los actos mafiosos ocurridos durante el pasado feriado de Semana Santa es una alerta sobre la verdadera dimensión de la crisis de seguridad en la que está sumido el país. Además, genera una percepción de que los esfuerzos del Gobierno para poner límite a la acción criminal de los grupos de delincuencia organizada han sido poco eficaces. Los hechos de sicariato en Manabí, Santa Elena y Guayas, de extrema violencia y crueldad, colocan a la sociedad en un estado emocional crítico, de desamparo y vulnerabilidad, que destruye las esperanzas de un futuro mejor.

Si este repunte de violencia, estando a solo tres semanas de ir a las urnas, obedece a una estrategia de los grupos criminales para garantizar que el pueblo no apruebe los cambios que se proponen en la Consulta Popular como una demostración de descontento por la gestión del Gobierno, el primer mandatario y su equipo gubernamental deben extremas acciones, liderar una campaña de comunicación permanente con la ciudadanía explicando -en palabras sencillas, que todos puedan comprender- el alcance de las preguntas por las que tendrá que votar y cómo el SÍ se traduciría en medidas que permitirán combatir más efectivamente al narcoterrorismo, para empezar a avanzar hacia la tan anhelada paz en el Ecuador.