El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, una demanda contra la sociedad minera Quiborax por el daño ambiental "continuo, acumulativo, permanente e irreparable que sus faenas extractivas han provocado al Salar de Surire", ubicado en la comuna de Putre, en la región de Arica y Parinacota, señaló el organismo.

La compañía señaló a Diario Financiero que aún no ha sido notificada de la acción judicial y niega los hechos: "resulta inverosímil pensar que hemos operado durante casi 40 años sin estar sujeta a las regulaciones de las distintas instituciones del Estado, como Sernageomin o Conaf".

Quiborax dijo que "por el contrario, hemos funcionado con todos los permisos de forma tal que, por ejemplo, la población de flamencos en Surire ha experimentado alzas".

La demanda, elaborada por la Unidad de Medio Ambiente del CDE, sostiene que las actividades mineras desarrolladas ininterrumpidamente desde 1997, especialmente bajo el actual método de explotación a rajo abierto, completamente mecanizado, son responsables materiales de la destrucción y alteración de componentes esenciales del salar, la pérdida de servicios ecosistémicos, la pérdida de hábitat y la afectación a su biodiversidad.

La acción de las faenas mineras se ha traducido en un "menoscabo y deterioro grave y significativo de la estratigrafía, de la escorrentía superficial del salar y del patrón de inundación normal del mismo, con la consecuente afectación de su régimen hídrico normal", indica.

Del mismo modo, han generado la pérdida sustancial de los servicios ecosistémicos de soporte, regulación y culturales del territorio donde se emplaza, la alteración y pérdida de sus hábitats y la afectación de su biodiversidad, dice el CDE. "Todos estos componentes ambientales son propios del país, únicos, escasos y representativos del Salar de Surire, el cual fue inscrito como Sitio Ramsar, el 2 de diciembre de 1996, y parte de la Reserva de la Biósfera Lauca desde 1981", reiteró el organismo que protege los intereses del Estado. 

El abogado procurador fiscal de Antofagasta, Alfredo Larreta, señaló que la demanda presentada por el organismo, “busca defender el estándar de sustentabilidad para toda actividad económica, previsto en la Ley 19.300, esto es, que el desarrollo de una actividad productiva no puede dejar de lado su obligación de una gestión adecuada o un desarrollo ambientalmente sustentable de su negocio”.

En este aspecto, la demanda sostiene que el daño ambiental provocado supone riesgos inaceptables para áreas protegidas icónicas a nivel nacional e internacional, las que contienen componentes ambientales únicos, escasos o representativos respecto de los cuales el Estado está obligado a asegurar su permanencia y capacidad de regeneración.