Durante la mañana de este martes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó la esperada normativa que regula el Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) u open banking de la Ley Fintech, que entrará en vigencia en julio de 2026.

La regulación establece que las instituciones actualmente reguladas en el sistema financiero -como bancos, emisores de tarjetas de pago, compañías de seguros, administradora de fondos, cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF-, deberán obligatoriamente adscribirse al SFA para proveer la información que el usuario decida compartir con otras instituciones participantes, previa entrega de su consentimiento.

Además, la CMF estableció las normas para las instituciones que decidan de forma voluntaria registrarse en el SFA y así ofrecer servicios financieros a los usuarios.

En un comunicado,  la CMF señaló que esperan que "con la emisión de esta normativa se puedan concretar los beneficios esperados por la Ley Fintech, principalmente, mayor competencia e inclusión financiera".

Asimismo, el regulador confía que con "la entrada de nuevos proveedores de servicios financieros al mercado genere mayores grados de innovación en la prestación de servicios con los beneficios que ello conlleva".

Según la normativa emitida, el plazo de implementación del SFA será gradual, dependiendo del rol que cumpla cada participante dentro de este esquema.

La primera etapa definida tiene un plazo de 24 meses para su entrada en vigencia, plazo que se utilizará para las adaptaciones que requiere la implementación por parte de cada uno de los participantes. Además, en dicho periodo desarrollarán los manuales técnicos con las especificaciones.

Finalizado ese tiempo, la norma contiene un calendario de implementación que parte con la entrega progresiva de información que deben compartir bancos y emisores de tarjetas de pago dentro de los siguientes 18 meses.

Luego, en los 18 meses consecutivos se iniciará la obligación para cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF, compañías de seguros, administradores de fondos y cajas de compensación, entre otras. Por lo tanto, la implementación total de la norma se estima en un periodo de cinco años.