Aunque el Gobierno anunció este lunes -justamente en el día en que comienza las alzas en las cuentas de la electricidad- un proyecto de ley para triplicar la cobertura del subsidio eléctrico, de manera de entregarlo a la totalidad del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, es decir, más de 4,7 millones de hogares que involucran a cerca de 10 millones de personas, no han cesado las críticas desde la vereda política.
Este martes, la diputada Camila Musante (IND) junto a sus pares Jaime Araya (Ind-PPD), Raúl Soto (PPD) y Carlos Bianchi (IND), anunciaron la presentación de un recurso de protección para suspender el descongelamiento de las tarifas eléctricas y el alza en las cuentas de la luz, fundamentando el derecho a un adecuado nivel de vida que, de acuerdo a organismos internacionales, dicen, guarda relación con el acceso a servicios como el suministro eléctrico.
El recurso -que aún no es ingresado formalmente- buscaría ganar tiempo mientras la mesa técnica de la ley de estabilización de tarifas eléctricas avanza. Y, según indicó Musante, "durante ese período de resolución y donde encontramos medidas permanentes, por ejemplo, para la clase media, para las pymes; que se suspenda la aplicación del aumento de las tarifas".
“Mientras nosotros resolvemos dentro de los espacios de la mesa técnica, dentro del Congreso Nacional, y damos salidas en el tiempo, lo que debemos hacer es generar una suspensión en el alza mientras podemos encontrar los acuerdos suficientes que espero que estén en el Congreso Nacional, a propósito de los dichos del ministro Elizalde y los votos para aprobar una medida de esas características”, planteó. Esto último, sobre los dichos del titular de Segpres, quien en cuanto a los votos para ampliar el subsidio eléctrico, cuestionó que alguien pudiera rechazar la iniciativa.
Según explicó Musante, quien lidera la acción, “si bien se han tomado algunas medidas y se han anunciado ampliaciones de los subsidios, aún es insuficiente para muchas familias que van a ver afectado su adecuado nivel de vida”.
“Esto es importante de acuerdo a lo que establece, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señala en su artículo 25 que todas las personas deben tener garantizado un adecuado nivel de vida. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que esto tiene mucho que ver con el acceso a los servicios. Si bien en nuestro país está garantizado el acceso a los servicios, este depende del pago que exista por parte de los consumidores”, sostuvo.
En cuanto a los efectos del recurso de protección, la parlamentaria detalló que “hay un efecto que busca suspender el descongelamiento mientras se resuelve el recurso. Y el otro efecto es suspender mientras tomemos algunas medidas que permitan verdaderamente garantizar una adecuada calidad de vida y dar solución a otros segmentos que hoy no están incorporados en los subsidios a propósito del alza”.
También se refirieron a la acción los diputados que respaldaron la iniciativa. Jaime Araya sostuvo que están estudiando el recurso de protección y que "lo vamos a presentar en favor de las personas que están siendo afectadas, porque permite paralizar el alza de la puesta en marcha de la tarifa, lo que significa básicamente que podamos detener el proceso que está en desarrollo, para que tengamos tiempo para discutir de verdad esta materia".
"Si alguna familia a partir de ayer celebra tener un ingreso de $ 500 mil, no puede ser que tenga una cuenta de luz de $ 70 mil o de $ 100 mil o que de $ 30 mil pase a $ 40 mil. Eso es lo que queremos detener para poder buscar una solución que se haga cargo del fondo de este tema”, puntualizó.
Mientras, el diputado Raúl Soto señaló: "Creemos que esta acción va a ayudar al Gobierno a contener una crisis social, que puede ser catastrófica si no actuamos bien y a tiempo. Lo que estamos buscando es una suspensión transitoria del alza de las tarifas eléctricas, mientras tanto llegamos a una solución que sea más integral y más robusta para dar certeza y tranquilidad a los sectores vulnerables, pero también a la clase media, y a las micro y pequeños emprendimientos de nuestro país, que hasta este momento están siendo excluidos".
"Sabemos que hay un trámite legislativo que va a venir, sabemos que hay una mesa técnica trabajando, pero esto va a demorar todo el mes de julio, todo el mes de agosto y mientras tanto la incertidumbre de los chilenos que van a ver llegar sus cuentas a la casa va a seguir allí”, afirmó.
