El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó las sugerencias realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para mitigar el riesgo de la reforma previsional sobre las finanzas públicas. Durante la sesión de esta tarde en la comisión del ramo del Senado, el secretario de Estado anunció que el Ejecutivo acogerá siete propuestas del organismo, las que se plasmarán en una serie de indicaciones.

Una de las principales es que Marcel se abrió a extender la gradualidad para el aumento de la cotización adicional de un 7% en caso de que la Ley de Cumplimiento Tributario no logre recaudar lo esperado en sus primeros años de operación.

En específico, se planteó que si en el análisis al cabo de tres años de vigencia de la Ley de Cumplimiento se constata que la recaudación es menor a la esperada, la gradualidad de nueve años para aumentar la cotización previsional se ampliará a once años. El ministro explicó que era más factible ajustar el impacto fiscal por medio de la cotización adicional en lugar de hacerlo vía un menor aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Si en el análisis al cabo de tres años de vigencia de la Ley de Cumplimiento se constata que la recaudación es menor a la esperada, la gradualidad de nueve años para aumentar la cotización previsional se ampliará a once años, comprometió Hacienda.

Dicha ley busca recaudar un 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en régimen, lo que equivale a US$ 4.500 millones. Del total, 1,2% del PIB tienen como destino financiar el aumento de la PGU y la reforma previsional.

Otro de los compromisos adoptados es que Hacienda mantendrá en 12,5% la tasa de impuesto corporativo para las pequeñas y medianas empresas (PYME) por un lapso de tres años, para las rentas generadas entre 2025 a 2027, mientras que para el 2028 dicha tasa subirá a 15%. Esto es menor al 25% de tasa que rige hoy para el sector.

A cambio, se comprometió que esa tasa estará supeditada a que esté vigente la nueva cotización que considera la reforma previsional. O sea, que en dichos años comience a aumentarse la tasa de cotización según el calendario establecido. Marcel dijo que la idea es no afectar el empleo de las pequeñas compañías por la mayor carga en materia previsional.

Otros cambios relevantes a los que se abrió Marcel se relacionan con el funcionamiento del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).

Por ejemplo, se abrió a incluir expresamente el balance del FAPP en los informes de pasivos contingentes y de deuda que elabora la Dirección de Presupuestos (Dipres).

También, se planteó facultar al CFA para poder opinar sobre los estudios actuariales y de sustentabilidad que realice el administrador del FAPP.

En cuanto a su gobernanza, Hacienda se abrió a que los consejeros del administrador del FAPP sean designados bajo el mismo mecanismo de los consejeros del Banco Central: que sean propuestos de forma individual -no en pares como el proyecto original- por el Ejecutivo y aprobados por el Senado. De entre los cinco consejeros, el Presidente de la República podrá elegir al timonel de la entidad.

Asimismo, se establece que el administrador del FAPP podrá sugerir cambios de parámetros ya no solo en caso de que el fondo tenga un déficit de activos, sino también en el caso de que registre un superávit.

A su vez, Hacienda propuso incluir una regla para recapitalizar el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), como se hizo en su momento con el Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) en el marco de la reciente Ley de Presupuestos.

Más temprano, Marcel había señalado que "todas las sugerencias de medidas de mitigación las podemos incorporar sin dificultad”, sostuvo el secretario de Estado en el marco de la discusión del proyecto en la comisión de Hacienda del Senado.

Marcel explicó que “aunque hay cosas que ya están incorporadas, todas las sugerencias de medidas de mitigación las podemos incorporar sin dificultad, salvo la proyección que debe hacer el próximo Gobierno por ley al inicio de su gestión”.

Agregó que luego de escuchar los planteamientos del CFA, las propuestas “son todas muy consistentes con el espíritu que se ha trabajado. No vemos en esto temas que puedan generar mayor complejidad para incorporarlos en el proyecto como también en la gestión fiscal”.

El ministro también señaló, ante la consulta de los senadores de la comisión de Hacienda, que el crecimiento estimado para la economía para financiar el proyecto corresponde a “un modelo que toma la Dipres (Dirección de Presupuestos), es una cifra muy conservadora de 1,8%”.

Sobre la sostenibilidad de la reforma, señaló que “lo que hay que recordar es que en el proyecto de cumplimiento tributario se incluyó una norma transitoria, que estableció que a los tres años de vigencia de la ley, Hacienda va a entregar informe de los impactos. Por lo tanto, esto significa que no hay que esperar un momento indefinido para evaluar el impacto de la ley”.

El ministro indicó que sobre el monitoreo de los gastos fiscales, Hacienda tiene un conjunto de informes regulares que se publican de deuda y de pasivos contingentes, y planteó que “no tenía la sensación de que hubiera un impedimento de que el CFA evaluara ese tipo de riesgo, pero si en particular respecto al Fondo del Seguro Social hubiera alguna duda respecto a la autoridad del CFA para hacer un análisis, perfectamente lo podemos incluir aquí”.

Las enmiendas serán trabajadas entre el Ejecutivo y los equipos técnicos de los senadores de la comisión de Hacienda. El proyecto continuará su tramitación durante la tarde de este miércoles con las exposiciones de los economistas Sebastián Claro, Rodrigo Vergara y Andrea Repetto.

Tras la sesión, Marcel señaló que mantiene su expectativa de que el proyecto se despache del Congreso antes de que termine el año legislativo. O sea, antes del 31 de enero.

"Este es un tema que lleva más de dos años discutiéndose en el Congreso. No hay tema que haya sido más discutido en términos de reformas que este. Y creo que el tiempo ha sido un buen consejero. Ha transcurrido una buena cantidad de tiempo y tenemos un buen proyecto", cerró.

Los senadores de la comisión de Hacienda concentraron sus inquietudes en la sostenibilidad fiscal de la reforma de pensiones, los cálculos de ingresos del Ejecutivo y la premura por aprobar el proyecto en enero.    

El presidente de la instancia, Felipe Kast (Evopoli), indicó que los elementos del informe del CFA van a  ser parte del análisis que van a tener con los técnicos de Chile Vamos. Sobre el calendario para votar la norma, indicó que  “no he confirmado cuándo vamos a votar porque queremos hacerlo subsanando cada una de las preocupaciones que van surgiendo en materia fiscal”.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), sostuvo que “nos presentan 11 sugerencias y riesgos que son abordables” y recalcó que “nos dicen que sobre la PGU, de no hacer nada, el costo por no fortalecer el pilar contributivo será muy fuerte, 7 puntos del PIB para el 2050. Es decir, la inercia podría llevar a que la PGU se coma todos los recursos”.

La senadora Ximena Rincón (Demócratas) manifestó que esta normativa va a financiar no solo lo que la reforma señala, sino que otras cosas que estaban financiadas con la Ley de Cumplimiento Tributario, “como la PGU, pero se abre una interrogante compleja, porque lo que uno debiera preguntarse luego de su presentación es que no se cumplió la recaudación en el pasado y para poder cumplir la meta de recursos para el Estado ¿qué garantías debe ofrecer Hacienda de que la recaudación será efectiva o suficiente?”.

En tanto, el senador Rojo Edwards (PSC) indicó que “por los riesgos que nos ha alertado el CFA es importante que el Congreso entienda lo que estamos haciendo. No hay tiempo adecuado para analizar un proyecto que es muy caro, es una falta de responsabilidad fiscal, esto debe pasar a marzo para analizarlo bien”.

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