El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, hizo público este lunes 3 de abril de 2023 una demanda constitucional de acción de protección en contra del presidente Guillermo Lasso, el Ministerio de Economía y Finanza y la Procuraduría General del Estado.

Según Terán, la vulneración estaría en la falta de presupuesto para el sistema de justicia, que ha impedido que, por ejemplo, se pueda contratar más personal auxiliar, que los expedientes no se puedan imprimir o se solicite a los abogados que acudan con resmas de papel, etc.

Ante este requerimiento, el Ministerio de Economía y Finanzas respondió por medio de un comunicado. La entidad aclaró que el presupuesto anual de la Judicatura es de 348 millones de dólares, que se paga de forma puntual. Sin embargo, cuestionó la eficiencia de la ejecución de los recursos públicos.

“El Consejo de la Judicatura destina la mayoría de este presupuesto para gasto en personal: 319 millones de dólares. Mientras que para su Plan Anual de Inversiones tiene asignado 7,5 millones, de los cuales, al 31 de marzo 2023, ha ejecutado apenas el 2 %”, explicó.

Y agregó: “Está claro que el Consejo de la Judicatura debe ocuparse de ejecutar con eficiencia y sentido de urgencia los recursos asignados”.

En el año pasado, el Consejo de la Judicatura solo ejecutó el 47 % de su Plan Anual de Inversiones. En modernización tecnológica, ejecutó el 39 %; en modernización de los servicios el 59 % y en plataforma electrónica notarial 62 %.

“El gobierno del presidente Guillermo Lasso ha demostrado un respeto total a la autonomía de todas las funciones del Estado. Además, ha cumplido con la asignación puntual y oportuna de los recursos que les corresponden y que forman parte del Presupuesto General del Estado”.