La Fiscalía Nacional Económica (FNE) se lanzó contra Google: la multinacional con sede en California, EEUU, y una de las compañías más grandes del mundo.

La entidad liderada por Jorge Grunberg ingresó un requerimiento por abuso de posición dominante en contra de la tecnológica, acusándola de imponer, en el sistema operativo Android, restricciones a la libre competencia en los mercados de distribución de aplicaciones y de distribución de bienes digitales de pago dentro de las aplicaciones, al menos desde 2019.

En su acción legal, presentada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la Fiscalía solicitó “una serie de medidas que garanticen el término de las conductas contrarias a la libre competencia” y que se le imponga a Google el pago de una multa a beneficio fiscal de 101.482 UTA, esto es, unos US$ 89 millones.

La FNE aseguró haber verificado que Google impuso restricciones a la distribución de aplicaciones por canales distintos a su tienda virtual, Google Play Store. Entre éstas, se cuentan exigir que los fabricantes de dispositivos móviles preinstalen la tienda en un lugar preferente como condición para distribuir las aplicaciones de Google; impedir la distribución de tiendas alternativas en dispositivos móviles Android desde Google Play; y entorpecer la descarga vía web de aplicaciones, mediante fricciones innecesarias para ejecutar esta función.

“Lo anterior se ha traducido en que tanto desarrolladores como consumidores dependen casi exclusivamente de Google Play como canal de distribución de aplicaciones en el ecosistema Android”, dijo en un comunicado la Fiscalía.

Por otra parte, la entidad acusó que en el mercado distribución de bienes digitales de pago, dentro de las aplicaciones -como suscripciones de pago a servicios de streaming, música, videos, libros electrónicos y artículos dentro de aplicaciones como monedas virtuales, entre otros-, Google obligó a los desarrolladores a distribuir sus bienes utilizando exclusivamente un sistema de facturación integrado de su compañía, denominado Google Play’s Billing System, y que ha prohibido informar o redirigir a otros métodos de pagos alternativos.

“Estas prácticas anticompetitivas han permitido a Google consolidar a Google Play como el principal canal de descarga de aplicaciones y limitado las alternativas de desarrolladores y consumidores”, dijo el fiscal nacional económico (s), Felipe Cerda.

La Fiscalía relató que comenzó a investigar estas prácticas en octubre de 2022, a partir de la denuncia de un particular.

“Tras llevar a cabo las diligencias correspondientes, la FNE constató que Google goza de un poder de mercado sustancial a nivel nacional, al menos, en los mercados de distribución de aplicaciones, donde posee el 95% de mercado; y de distribución de bienes digitales de pago dentro de las aplicaciones en el sistema operativo Android, donde su participación supera el 99%”, narró la FNE.

Agregó que, esos porcentajes, sumados al hecho de que los potenciales competidores enfrentan barreras significativas de entrada por los efectos de red, costos hundidos derivados de inversión en innovación y las mismas restricciones que impone la requerida, permitieron constatar la posición dominante de Google a nivel nacional.

Con todo, solicitó al TDLC exigir a Google medidas como: no condicionar el acceso a sus productos o servicios a la suscripción de acuerdos que impongan la obligación de preinstalar Google Play en ubicaciones específicas; permitir la distribución de tiendas de aplicaciones de terceros; y eliminar todo tipo de acciones o mensajes que desincentiven la descarga de aplicaciones por otras vías.

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