La solicitud de una sesión especial en el Senado realizaron los comités de Demócratas y Evópoli para conocer la situación institucional del Servicio de Impuestos Internos (SII), respecto a los derechos de los contribuyentes, el proceso de reavalúo de bienes raíces y el cobro de contribuciones a adultos mayores.

La jefa del comité de Demócratas y presidenta de la comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón, señaló que “esperamos que concurra el director del SII, porque existen quejas del Colegio de Contadores, del Colegio de Abogados, de especialistas, y de los ciudadanos de avalúos que hacen que se encarezcan las  contribuciones; todo esto genera un debilitamiento de las instituciones y una falta de fe en la misma”.

Agregó que “cuando vemos lo que ocurre también con el escándalo de las licencias médicas en el sector público o las horas extras cobradas a destajo hacen preguntarse a los ciudadanos ¿cuándo les toca a ellos, cuándo el servicio público responde?”.

La petición de sesión especial señala que “preocupados por el debilitamiento progresivo de los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos de los contribuyentes en el actuar y omisiones del Servicio de Impuestos Internos, solicitamos la sesión especial de Sala del Senado, con el propósito de abordar de manera urgente y responsable la grave situación que afecta la institucionalidad tributaria del país”.

Señalan que la sesión es necesaria para “exigir explicaciones sobre las denuncias públicas realizadas por organizaciones técnicas del área tributaria; y evaluar medidas legislativas o administrativas que permitan fortalecer los estándares de legalidad, transparencia y respeto de los derechos de los contribuyentes en la acción del SII”.

Anticipan que solicitarán se informe sobre el universo de personas adultas mayores que actualmente pagan contribuciones por su vivienda única, incluyendo un desglose por tramo etario, región y avalúo fiscal y van a requerir antecedentes técnicos y criterios aplicados en el proceso de reavalúo de propiedades, especialmente aquellas pertenecientes a personas mayores de 65 años, con el fin de analizar el impacto económico y tributario que ha significado dicho proceso para este segmento de la población.