Tras conocerse el rechazo del Tribunal Constitucional a la contienda de competencias presentada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la compañía Andes Iron hizo un llamado al Gobierno a "poner fin a los intentos por dilatar el avance del proyecto Dominga" y lo acusó de llevar adelante una "estrategia obstruccionista y en desacato de sentencias judiciales firmes".

En un comunicado, la compañía ligada a la familia Délano sostuvo que "este tipo de actuaciones, que vulneran principios básicos del Estado de Derecho, no pueden seguir condicionando el desarrollo de un proceso que ha sido evaluado y respaldado rigurosamente".

El requerimiento presentado por el SEA -en representación del Comité de Ministros- ante el TC, buscaba echar por tierra el polémico fallo del Primer Tribunal Ambiental (1TA) del 17 de febrero, donde ordenó al mismo servicio modificar el último rechazo del Comité de Ministros al proyecto, emanado el 8 de enero. Desde entonces, el Gobierno defiende que el SEA no posee dichas atribuciones y que el 1TA estaría impartiendo instrucciones directas para determinar el contenido de las decisiones de la instancia ministerial.

Si bien Andes Iron no fue parte directa en la contienda de competencias, la firma indicó considerar que "esta resolución refuerza la legitimidad y certeza jurídica que permiten avanzar en la tramitación de los permisos sectoriales necesarios para su construcción (de Dominga)".

"El fallo del TC reafirma que la acción del SEA carecía de fundamento y forma parte de una estrategia obstruccionista y en desacato de sentencias judiciales firmes, pero también dilatoria, impulsada por el Gobierno para impedir su ejecución", acusó la compañía.

Con esta resolución, a juicio de la empresa, se refrenda la validez del fallo de ejecución del Primer Tribunal Ambiental, que en febrero de 2025 estableció que corresponde al SEA cumplir de manera íntegra con la sentencia definitiva de diciembre de 2024, que restableció la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de Dominga, hoy vigente.