En medio de la tensa espera de la sentencia de la Corte Suprema respecto a los recursos de casación presentados en el marco del caso del proyecto minero-portuario Dominga, el ministro que había sido designado como redactor del fallo, Jean Pierre Matus, decidió aceptar inhabilitarse de dicha tarea por un eventual conflicto de interés y dejó en manos de la corte determinar su continuidad en la causa.

La contreversia surgió a raíz del vínculo de amistad de Matus con el abogado Marcelo Castillo, quien ha representado a organizaciones en favor del proyecto de Andes Iron, como al Sindicato de Trabajadores Independientes Artesanales de Totoralillo Norte. De todas formas, cabe marcar que dicho grupo no es parte de la causa que revisa actualmente el máximo tribunal.

Ante dicha conexión, tanto el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y organizaciones medioambientales presentaron recursos de recusación contra el ministro de la Tercera Sala.

El futuro de Dominga se analiza en diversos frentes judiciales. En el caso de la Suprema, el máximo tribunal revisa los recursos de casación presentados en diciembre de 2024 por el SEA y organizaciones medioambientales que buscan que la corte anule la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) que declaró "ilegal" el rechazo unánime entregado al proyecto Dominga por el Comité de Ministros en 2023 y ordenó una nueva votación.

En la casación, el SEA también solicitó la suspensión de los efectos de la sentencia mientras se resolviera el tema en la Suprema, sin embargo dicho punto no fue otorgado. Por ello, en enero de 2025 el Comité de Ministros -esta vez sin ministros- volvió a votar el proyecto y lo rechazó por tercera vez.

Dicho episodio abrió otra vertiente del caso, dado que el Primer Tribunal Ambiental determinó que dicha votación incumplió con la sentencia de diciembre. Así, le ordenó al SEA, en su calidad de secretaría administrativa del Comité, la dictación de un acto complementario que se ajustara a lo establecido.

Ese fue el punto que llevó al Gobierno a escalar el caso hasta el Tribunal Constitucional, donde presentó una contienda de competencias, por considerar que el 1TA estaba inmiscuyéndose en las atribuciones del Comité. Sin embargo, la semana pasada, el TC rechazó la contienda de competencias y propinó un duro revés al Ejecutivo.