El genial escritor italiano Ítalo Calvino solía señalan que, en cualquier tarea, tan importante cómo saber por dónde comenzar era, también, saber, por dónde no hacerlo. Una decisión implicaba, necesariamente, la negación de otra. Lo mismo aplica, en este contexto, para el Gobierno nacional. En las últimas horas, desde el Palacio de Hacienda, le dijeron a Ámbito que habrá anuncios en las próximas horas, pero que también habrá otros anuncios que, por ahora, quedarán como parte de la nube de especulaciones que aquí y allá se tejieron.
Por un lado, habrá que señalar que, tal como se anticipó ayer en esta columna, el Gobierno se apresta a dar a conocer su intención de avanzar sobre un centenar de empresas que aún deben la liquidación de los dólares -plazo vencido- producto de una operación de comercio exterior. Se trata de un programa de sanciones. Se estiman entre u$s 3000 M y u$s 4000 M pendientes de ingresar al Banco Central. Esto es fruto de un documento emitido por la Aduana que conduce Guillermo Michel, que había detectado a estas empresas y que lo giró en las últimas horas a la AFIP, Ministerio de Economía y, éste último, a su vez, lo puso sobre el despacho de Alberto Fernández. El ministro Massa hará referencia a este tema hoy,
Por otro lado, se anunciará un programa de incremento exportador, básicamente un acuerdo con las cerealeras -sobre todo soja- para establecer un mínimo garantizado de liquidación por un periodo que no va a superar los 45 días, como también anticipó Ámbito. El plazo pensado es desde el 8 de abril hasta el 24 de mayo. Como se dijo, desde hace algunas semanas, la apuesta del Gobierno se encuentra en las más de 7 millones de toneladas de soja de la campaña pasada que se supone que aún están en manos del sector productivo. Eso equivale a poco más de u$s4.000 millones en divisas.
También se sumará un acuerdo con economías regionales, que tendrán algo similar entre el 8 de abril y el viernes 7 de julio. Según sostenían anoche en Economía, se trata de una “ventana temporal para ambas que se abre y se cierra”. En el caso de las economías regionales, tienen q cumplir con las condiciones de elegibilidad en base a criterios del Ministerio de Economía. Hay tres criterios: que las empresas participen en precios justos, comprometan abastecimiento y precio garantizado. La empresa que no entra a precios justos, dicen, no entra al programa exportador. Un segundo criterio es la garantía de empleabilidad, porque se trata de economías que generan empleo (380 mil empleos).
Hay una medida más que se anunciará. Es un programa de protección a productores, es decir, una medida paliativa por la sequía que se basa en un criterio de simplificación y automatización para 69 mil productores afectados por la sequía.
El Gobierno evaluaba anoche cerrar los anuncios en estas tres medidas. Nada anticipó del paquete de anuncios que, se especulaba, podía afectar al rubro turismo y transporte o del tema importaciones. Esas deducciones lanzadas al ruedo tenían, de fundamento, las observaciones del FMI en su Staff Report conocido en las últimas horas. En esa línea, fuentes de Hacienda, marcaban anoche que se trata solamente de sugerencias, no de un compromiso de cumplimiento. En rigor, lo más importante a tener en cuenta desde una mirada política, es que el propio FMI no había anticipado al Gobierno que, incluido con la aprobación de la meta de reservas (modificación de la del primer trimestre) el organismo que conduce Georgieva iba a realizar una mirada analítica de la economía y el desempeño del programa. Eso molestó al equipo económico que, en cambio sí sabía que la aprobación de la moratoria previsional había generado algo de ruido en Washington. Aunque el Gobierno lo niegue, es probable que cualquier analista peregrino pueda inferir que el FMI podría estar tentado de jugar políticamente. Sólo así se explicaría que pueda entender que el acuerdo se volvió “riesgoso” de cumplimiento. "Una mayor inflación y un menor crecimiento podría alimentar el descontento social y socavar el apoyo al programa, particularmente dado el ciclo electoral", escribió el FMI.
Como ya se marcó en otras oportunidades, el FMI refuerza la idea de que deben aumentarse las tarifas, recortarse planes sociales y ajustar subsidios, como una forma de alcanzar “el objetivo de déficit fiscal primario del 1,9 % del PIB” en 2023. En este sentido, el organismo sostiene que “requerirá esfuerzos decisivos para fortalecer el cumplimiento tributario, los controles de gastos…”. De fondo, comienza a tornarse evidente una cuestión que también se anticipó: que el FMI concedió una modificación de la pauta de reservas para el primer trimestre de este año, pero no modificó la meta de déficit.
Pero el dato a tener presente es que el propio organismo quiso adelantar el anuncio del Gobierno, un anuncio que, según Hacienda, no se producirá hoy, con excepción del dólar soja o agro. En síntesis, los técnicos del Fondo dieron cuenta respecto a un “dólar agro”, pero también a una simplificación cambiaria que, se supone, va a ordenarlos distintos tipos de cambio. De hecho, según la letra del FMI, la idea del Gobierno era “fortalecer la balanza comercial, mediante la aplicación de un tipo de cambio diferencial durante un período limitado (abril-junio) para un conjunto selecto de exportaciones primarias (incluida la soja y otros productos agrícolas) e importaciones, especialmente servicios de turismo y transporte; y mejorar la administración y el cumplimiento de las importaciones para limitar la sobrefacturación, el almacenamiento y otras irregularidades, especialmente en el frente de los servicios”.
