La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer ayer viernes el reporte “Principales resultados de fiscalización”, un informe de 202 páginas en el cual entrega antecedentes detallados sobre los hallazgos tras las auditorías e investigaciones especiales ejecutadas entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

La entidad identificó una serie de irregularidades en diversos organismos públicos, las que involucrarían un monto total de $1.505.707.732.640, es decir, unos US$ 1.600 millones.

En el documento se consideraron 792 auditorías efectuadas por la CGR durante el período, de las cuales 23 auditorías tienen carácter reservado, por disposición del artículo 22 de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, cuyos resultados no se encuentran desglosados en el cuerpo del informe.

De las 792 fiscalizaciones, 771 corresponden a auditorías de cumplimiento, mientras que las 21 restantes corresponden a auditorías financieras.

Los mayores montos involucrados corresponden a incumplimientos a normas contables y/o presupuestarias, falencias asociadas al cumplimiento de contratos, deficiencias en el proceso de rendición de cuentas y deficiencias asociadas al manejo de fondos. Estos cuatro ítems corresponden a US$ 1.257 millones.

De acuerdo al informe, los gobiernos regionales presentan la mayor cantidad de objeciones. La Contraloría le objeta a los Gore cerca de US$ 315 millones, donde destacan irregularidades en Arica y Parinacota, Antofagasta, Tarapacá, Coquimbo, Maule, Biobío, Los Lagos y Aysén. Se trata de objeciones por montos aprobados sin corroborar la asistencia de los consejeros regionales, rendiciones de cuentas sin antecedentes que las respalden, irregularidades en la supervisión de proyectos, no acreditación de experiencia en proyectos, facturas erróneas, entre otros.

En Carabineros se detectaron objeciones por un monto de US$ 159 millones, en el sector educación los mayores montos objetados se dieron en la Junaeb y fueron por US$ 281 millones.

En el sector Hacienda, el mayor monto objetado correspondió a la Tesorería General de la República y fue de US$ 173 millones, seguido por la Subsecretaría de Hacienda con US$ 918 mil.

En el sector Municipal, las deficiencias en el Proceso de Rendición de Cuentas tuvo un monto objetado US$ 34 millones, mientras que las deficiencias asociadas al manejo de fondos correspondieron a US$ 25 millones, estos fueron errores entre las conciliaciones bancarias y las cuentas contables de bancos.

En el sector Infraestructura, destacan las entidades de salud que tuvieron montos objetados que alcanzaron a los US$ 67 millones y 800 UF.

En el sector Vivienda y Urbanismo destacan los montos objetados al SERVIU que llegaron a los US$ 39 millones y 90.117,66 UF. Para el ítem programas de asentamientos precarios, recuperación de barrios y pequeñas localidades, los recursos objetados correspondieron a US$ 3 millones y 54.618 UTM.

En el sector empresas, las que lideraron el ranking de montos objetados son: a Enami con US$ 13 millones y; ENAP con US$ 2 millones y 612 UF.

Todos los otros sectores analizados están con objeciones por debajo de los US$ 3 millones. En el caso de Presidencia, la Subsecretaría General de la Presidencia, SEGPRES, tuvo objeciones por US$ 423 mil y 996,99 UF.

En el marco de las fiscalizaciones realizadas por la Contraloría, ésta informó que durante el período considerado para la elaboración reporte, se dispusieron las siguientes acciones derivadas: reparos por un total de US$ 28 millones, solicitudes de acreditación de ingresos/ gastos por un valor de US$ 11 millones, solicitudes de restitución por un total de US$1,8 millones.

También se dispusieron 365 procedimientos disciplinarios instruidos por el servicio, 111 procedimientos disciplinarios instruidos por CGR, 69 remisiones y/o denuncias a otras entidades, 7 investigaciones sumarias por DL N° 799/1974.

En cuanto a los Consolidados de Información Circularizada –CIC–, que tiene como propósito exponer temáticas con implicancias públicas en general, funcionamiento del Estado, uso de recursos públicos, aspectos de control, cumplimiento de normas y de procedimientos, entre otros; se informó en el reporte la emisión de 11 CIC, siendo uno de los más destacados el CIC N° 9, sobre personas funcionarias que haciendo uso de su licencia médica salieron del país.

Otros CIC que llaman la atención son el N° 1 que corresponde a “Cumplimiento Municipal de la Ley N° 21.591, de Royalty a la Minería”; en el cual se detectó que solo 164 de los 307 (53,42%) municipios que recibieron recursos del Royalty (Fondos Puente), han informado a Subdere el uso de tales fondos. En cuanto a información sobre cuenta corriente exclusiva, 67 municipios, es decir, un 22%, informaron haber cumplido con dicho procedimiento, mientras que los 240 restantes, un 78%, indicaron no contar con dicha cuenta.

Otro CIC que destaca es el N° 5, que corresponde a “Horas Extras 2024 en el Sector Municipal”. La CGR revisó 343 municipios en el Sistema de Contabilidad General de la Nación –SICOGEN– y 307 en el Portal de Transparencia, para analizar la proporción de pagos destinados por las municipalidades a trabajos extraordinarios de personal de planta y contrata. Respecto del estudio de SICOGEN, se pudo verificar que las municipalidades con mayor desembolso en horas extras fueron la Municipalidad de Santiago y la Municipalidad de Las Condes.

La primera es la que más recursos destina al pago de horas extras, representando la mayor proporción con relación al total asignado a remuneraciones. Este gasto alcanza un monto absoluto de casi US$ 14 millones, considerando tanto el personal de planta como el de contrata. La Municipalidad de Las Condes encabeza el ranking con el mayor porcentaje de pago destinado a horas extras con relación al gasto total en remuneraciones.