El ofrecimiento de campaña del presidente Guillermo Lasso para generar 1 millón de empleos durante los cuatro años de su gestión sigue lejano. A casi dos años del mandato (mayo de 2021 a febrero de 2023), 215.796 personas consiguieron una ocupación, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Es así que al momento se ha alcanzado menos de la cuarta parte de la meta del Ejecutivo.
El propio Gobierno reconoció que para lograr alcanzar esa desafiante cifra de empleo, sobre todo adecuado, era necesario una gran reforma laboral. Por eso, en septiembre de 2021, Lasso envió el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades, donde se plantearon nuevas normas laborales, paralelas al Código de Trabajo.
Como la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo ha estado presente desde el inicio de la gestión, ese proyecto fue devuelto a Carondelet. Y, desde entonces, la reforma laboral ha quedado a la deriva, sin consensos para concretar un nuevo proyecto y con varias propuestas desde los diferentes sectores sociales.
En ese escenario, el presidente Lasso anunció el pasado fin de semana que la reforma tendrá que hacerse de forma directa. “Con la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y profesionales ecuatorianos, tenemos listo un plan de reforma laboral de carácter administrativo, sin necesidad de ir a la Asamblea Nacional”, dijo el mandatario.
Es así que las acciones para incentivar la contratación deberán hacerse por decretos presidenciales y acuerdos ministeriales. EXPRESO solicitó una entrevista al Ministerio de Trabajo para tener detalles de esta iniciativa, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Por lo pronto, se prevé que los cambios por esta vía pueden estar encaminados en la generación de nuevas modalidades contractuales, según la necesidad de cada sector productivo o de una nueva distribución de la jornada laboral, explicó la abogada laboral Vanessa Velásquez. También mediante estos mecanismos se puede sintetizar trámites burocráticos, que dificultan la labor del empleador.
Estas acciones ayudarán a dinamizar la contratación, ya que hasta el momento los avances en materia laboral han sido pocos, señalan expertos laborales.
Para Velásquez, desde el Ministerio de Trabajo se ha desaprovechado el uso de los acuerdos ministeriales para incentivar la contratación laboral. Según la experta, “el único acuerdo emitido se ha enfocado en emitir directrices a procesos ya vigentes, como el teletrabajo”.
Por su parte, el Legislativo ha trabajado en varios cuerpos normativos puntuales, para crear incentivos de contratación en segmentos específicos. También ha hecho algunas reformas al Código de Trabajo, con dos normas legales (ver cuadro).
Estas acciones legales han sido necesarias, pero no tienen el alcance suficiente para impulsar la generación de empleo, opina Gabriel Recalde, director del Observatorio de Política Laboral. “Si bien estas leyes corrigen problemas puntuales en materia laboral, son solo un abrebocas para tratar de hacer una reforma más integral”, dice el experto.
Pese a los anuncios del Ejecutivo de las acciones “administrativas”, la Asamblea continuará trabajando en la reforma laboral, aseguró el asambleísta independiente Omar Cevallos, miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores.
Desde octubre del año pasado, la comisión realiza una revisión “artículo por artículo” del Código de Trabajo para plantear una reforma, que beneficie principalmente a los trabajadores, asegura Cevallos.
Actualmente, esta revisión va por un 50 %, según el asambleísta, quien considera que la reforma tendrá el apoyo para ser aprobada. No obstante, los expertos laborales tienen pocas expectativas de que se logre concretar porque es una carrera contra el tiempo y, sobre todo, porque se analiza en medio de los desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Las observaciones y posiciones
