Humo blanco, a tres días de que se cumpla el plazo fatal para que la ley de Presupuesto 2026 salga del Congreso.
Cerca de las 17:30 de este miércoles, la comisión mixta establecida para resolver las discrepancias entre el Senado y la Cámara de Diputados logró un acuerdo para despachar el erario a sus últimos dos trámites en la Sala de la Cámara Baja y luego a su par de la Alta.
El grupo parlamentario, integrado por cinco senadores y la misma cantidad de diputados, resolvió las discrepancias en los distintos puntos, luego de que este martes los diputados enviaran el texto a mixta por 14 artículos provenientes del Senado.
Ese día, hubo 19 artículos que se votaron en forma separada, de los cuales 14 fueron rechazados, lo que significa que serían analizados por la comisión mixta.
Entre los artículos que analizó la mixta, estaban los recursos para el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv); el pase cultural; las partidas del Ministerio de Seguridad Pública y del Congreso Nacional; la postergación del aporte del Fisco al Fondo de Contingencia Estratégico en Defensa; obligaciones de información en materia de sumarios por mal uso de licencias médicas; y los fondos de sitios de memoria, como la Corporación Memorial Estadio Nacional, Casa Memoria José Domingo Cañas, y la Corporación de ExPresos Políticos de Pisagua, así como el Fondo Programa Sitios de Memoria, por citar algunos.
En lo grueso, la mixta acordó reponer los recursos rechazados para el injuv, con el compromiso de que en junio del 2026 el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Presupuestos (Dipres) darán a conocer un informe que contemple una propuesta de rediseño institucional del instituto, para evitar duplicidades en su oferta programática.
Asimismo, en dicha partida se acordaron $ 300 millones para la fundación Deportistas por un Sueño y $ 100 millones para Guías Scouts de Chile.
En el Congreso Nacional, se acordó reponer lo que venía aprobado desde el Senado, lo que incluye dietas y asignaciones para los exPresidentes.
En la partida de Culturas, se repusieron los fondos para los tres sitios de memoria y el fondo para el citado programa, a cambio de incluir una glosa que determina que los convenios financiados con dichos recursos estatales deberán garantizar en su rendición de cuentas que el 50% de sus actividades puedan ser verificables.
Asimismo, se acordó aplicar un nuevo recorte en el monto del programa pase cultural, para así beneficiar un mayor gasto en la partida de la cartera de Seguridad Pública.
En esta última, se repusieron sus fondos a cambio de la incorporación de $ 4.500 millones en fondos para adquisición de activos no financieros en la Policía de Investigaciones (PDI), así como $ 500 millones adicionales en gastos reservados para inteligencia en Carabineros.
También, se autorizó que los Gobiernos Regionales puedan entregar aportes a algunas empresas estatales para planes de desarrollo regional, previa autorización del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, la mixta no abordó el rechazo de los fondos de la Fundación Salvador Allende ni el rechazo del Programa de Acompañamiento en Identidad de Género (PAIG) de la Subsecretaría de la Niñez, que fueron rechazados tanto en la Cámara como en el Senado en los trámites previos, por lo que no serán parte del erario nacional del próximo.
Ahora, a las 20:34 de este miércoles, el acuerdo de la mixta fue aprobado por la Cámara de Diputados -excepto la norma sobre Gores y empresas públicas por no alcanzar el quórum-; mientras que a las fue 21:10 fue aprobado por la Sala del Senado. Así, el texto quedó en condiciones de ser ley tres días antes de su plazo máximo constitucional, el sábado 29 de noviembre.
El Presupuesto contempla un crecimiento del gasto público de 1,7% el próximo año.
En el Senado en la madrugada del martes, el Ejecutivo logró la aprobación del erario luego de dar a conocer un documento con 74 compromisos agrupados en 14 áreas.
Entre los principales consensos, destaca la inyección $ 15.000 millones para reforzar la atención primaria de salud; mejoras a los programas de Junaeb; incremento en 15.000 los beneficiarios para subsidios de vivienda social DS49; ratificar que la definición de sitios prioritarios para el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) se postergará hasta la aprobación del reglamento respectivo, actualmente en proceso de consulta indígena; $ 16.000 millones adicionales para la Contraloría; mayor agilidad en la ejecución regional; la promoción del pisco y el vino chileno a través de ProChile; y apoyo financiero por $ 1.200 millones a la selección chilena de rugby de cara al próximo Mundial de la disciplina.
Adicionalmente, se incorporó una glosa que mandata a la Subsecretaria de Redes Asistenciales a conformar un consejo para el seguimiento de medidas y recomendaciones realizadas por la Comisión Asesora del Gasto Público y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, en materia de eficiencia hospitalaria y gestión de compras e inventarios; se propondrá que las mutuales de empleadores puedan participar en el proceso de resolución de listas de espera; y se incorporará una norma que permita conocer el estado de avance de los procesos disciplinarios derivados de la fiscalización de licencias médicas por la Contraloría.
También, en diciembre de 2025 se presentará un proyecto de ley que permitirá abordar los problemas en la instalación y sostenibilidad financiera de los CFT estatales; se estableció la obligación de los municipios de reportar sobre el uso de los recursos del royalty, a fin de garantizar un mayor control y trazabilidad de esta nueva fuente de financiamiento municipal; se mantuvo el artículo cuatro de la ley de Presupuestos similar al del 2025, eliminando la restricción que se establecía al aumento de algunos gastos corrientes; y se comprometió incluir en la ley de reajuste una extensión por dos años del Fondo de Emergencia Transitorio de la Reconstrucción por los incendios en Valparaíso de 2024.
También, se acordó incluir normas en el reajuste del sector público para postergar en un año el reavalúo de propiedades habitacionales de 2026, y para ampliar la rebaja de contribuciones para propietarios de predios usurpados.
Donde no hubo acuerdo es en la reposición de la glosa republicana, por lo que el Presupuesto no contemplará este fondo de libre disposición para la nueva administración.
