La decisión de la Contraloría General de la República de abstenerse de emitir opinión respecto a auditorías en 73 organismos públicos, en donde detectó inconsistencias en sus informes financieros, tuvo este miércoles una dura respuesta en el Gobierno.
Fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien señaló que espera que esos procedimientos sean corregidos para lograr un buen uso de los recursos públicos.
Cabe señalar que el total de recursos involucrados en los que la Contraloría, que encabeza Dorothy Pérez, evitó dar luz verde alcanza los US$ 17.500 millones, abarcando entidades del Gobierno Central y de municipalidades.
"Estamos hablando de un informe de Contraloría que se inicia y comprende desde el año 2020, antes de que asumiera el nuevo Gobierno (hasta 2024)”, partió señalando el jefe de gabinete.
Elizalde agregó que “hay que tener los antecedentes a la vista con detalle del informe, hay que ver si se trata de procedimientos que deben ser corregidos y otro tipo de recomendación que la Contraloría haga al respecto para la correcta administración de los recursos públicos”.
TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}}{{/if}} {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}}{{_txt_bajada}}{{/if}}
En tanto, el presidente de Chile Transparente, Alejandro Ferreiro, señaló que el informe de Contraloría se trata de “hallazgos graves, se detecta falta de evidencia, inconsistencia y desórdenes tales que le impiden pronunciarse sobre los estados financieros de diversas entidades públicas”.
Planteó que “esto es de un nivel de falta de claridad en la información financiera y contable extrema y peligrosa que puede dar origen a situaciones de fraude en el peor de los casos. Por eso se remiten los antecedentes al CDE y el Ministerio Público en algunos casos en que esta falta de evidencia es especialmente sensible”.
Precisó que si bien “estamos en etapa preliminar, habrá que ver si hay capacidad en los organismo públicos de agregar la información faltante, de generar mayor orden en la rendición de cuentas financieras de los servicios, o si estamos frente a irregularidades que van a obligar a perseguir responsabilidades administrativas y penales. Eso está por verse”.
