En una frenética jornada y luego de que Ámbito revelara que el tramo final del jury al suspendido fiscal de San Isidro Claudio Scapolán quedó atravesado por denuncias de irregularidades y un “arrepentido” que denunció “coacción” el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak pidió con urgencia todas las actuaciones del Jurado de Enjuiciamiento. En paralelo, la acusación avanzó con su alegato tal como estaba previsto pero decidió no incorporar como elemento de prueba el cuerpo en el cual consta la declaración de Claudio Maidana que sorprendió al confesar que firmó una declaración como arrepentido que ya estaba preparada por la fiscalía federal de Fernando Domínguez y mencionó a un intermediario que lo reclutó para que mencione situaciones que eran falsas en connivencia con la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, en una trama que es cruzada por la política, las internas judiciales y la corrupción policial.

Kreplak pidió premura y otorgó 72 horas para recibir los originales de las actuaciones que fueron impulsadas por Elisa Carrió. Tras los alegatos que finalizaron anoche, el Tribunal de Enjuiciamiento -que ahora se encuentra denunciado en pleno por haber excluido expresamente la participación de la Comisión Bicameral para que dictamine sobre el juicio político- fijó fecha para que el lunes 19 sea el veredicto que apunta a destituir por mal desempeño a Scapolán pero que cuenta también con un aliciente político que es atribuir al actual ministro de Economía Sergio Massa una suerte de padrinazgo respecto al accionar del fiscal y por propiedad transitiva sobre toda la organización a la que se acusó por extorsionar narcotraficantes, sustraer droga de allanamientos y revenderla y falsificar testimonios, además de apoderarse de causas federales por tráfico de drogas. En su faceta penal, la acusación contra Scapolán por integrar una asociación ilícita fue revertido por la Cámara Federal de San Martín y fue procesado por falsedad ideológica de documento público. En el jury, la acusación avanzó de forma indiferenciada.

La audiencia de alegatos fue dominada por el escándalo. Se evitó tratar la grave declaración de Maidana mediante la supresión del cuerpo donde consta. El fiscal general de pergamino Mario Gómez designado por el procurador Julio Conte Grand para este proceso solicitando la destitución de su colega y sostuvo que en el proceso se probó que “hubo un fiscal que cometió un delito”. Luego lo calificó de “negligente e incompetente”. Pero en simultáneo, Kreplak solicitaba con urgencia que le remitan todas las actuaciones.

El disparador fue la confesión del “arrepentido” que hoy está preso y a quien supuestamente le habían prometido la libertad si firmaba una declaración falsa ante la fiscalía. Carlos Daniel Maidana aseguró que la jueza Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez lo presionaron y “coaccionaron” en el marco de la causa “Leones Blancos”. Dijo que alguien vinculado a inteligencia de nombre Jorge Giménez lo hizo “aparecer” en la causa y lo “obligó a decir cosas” para no ir detenido. “Declaré lo que declaré bajo presión”, dijo Maidana confrontado con su declaración ante la fiscalía. Afirmó que Giménez le contó que “ya tenía un acuerdo” con Arroyo y Domínguez. Actuaba como un informante reclutando a otro.

“Tuve que declarar bajo presión estando de acuerdo el fiscal y la doctora Salgado para que yo declare todo esto a sabiendas de que si no declaraba podía ir preso un montón de años; así que firmé lo que firmé para irme a mi casa, para poder salir en libertad”, sostuvo ante el jury. A la pregunta de quién lo había coaccionado, Maidana aseguró: “Siempre estuve en presencia del fiscal Domínguez y el personal de la fiscalía. Eso ya estaba armado, escrito. Solamente dije que sí o no a algunas cosas, y otras amplié para mejorar la declaración”. Esta declaración en el marco del jury desató una denuncia por falso testimonio al testigo y por otro lado, una respecto a la actuación de Arroyo Salgado y el fiscal que recayó en Kreplak.

Como ya relató Ámbito, esta causa es un teatro de operaciones para ajustes de cuenta de la política y también de la Justicia por la relevancia que tiene al pretender desentrañar protección política al narcotráfico. La sombra de Elisa Carrió -la denunciante- se recorta detrás de la acusación que tomó como emblema para apuntar hacia Massa, en una continuidad de la que años atrás había tenido como protagonista al fiscal general Julio Novo. Este caso es el epicentro de una disputa por la acusación de encubrimiento y protección política al narcotráfico. Pero también deja al descubierto bandas que operan desde sectores de inteligencia, policiales y judiciales y que se acusan entre sí armándose causas.

La Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento recibió ayer la denuncia contra la jueza civil Ana María Bourimborde -que oficia como presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento- planteada por los legisladores Juan Martín Malpeli, Carlos Puglelli y Juan Alberto Martínez. La acusaron por abuso de autoridad, tras haberse negado a remitir todas las actuaciones a la Comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense que no había emitido opinión sobre el caso por no haber estado conformada cuando se inició. Se dio por firme su declinatoria a participar, a contramano del resto de los procesos abiertos donde la Bicameral debe emitir su opinión como un paso procedimental para determinar la procedencia de las actuaciones. El problema es que de haberse atendido esa manda y cumplido con el traslado, el jury hubiese quedado en suspenso. Tomado como una presea política la trama detrás de este juicio político excede el posible mal desempeño y se transforma en un botín aprovechable para la política con Carrió como beneficiaria final y con un contexto donde la propia Arroyo Salgado vertió todo tipo de sospechas al apartamiento de la faceta penal que estaba a su cargo, decidida por la Cámara Federal de San Martín a partir de su presunta falta de imparcialidad. Una interna judicial feroz asoma detrás de lo que en apariencia fue un decomiso de drogas donde aparecieron policías corruptos, prófugos, arrepentidos, abogados que extorsionaban narcos y presunta connivencia judicial para actuar en un corredor que por primera vez uniría el sur y el norte para el tráfico de drogas. La situación de la justicia en territorio bonaerense es otro apartado, donde priman las venganzas e internas en formato de expedientes que disparan acusaciones simultáneas entre sí.

Ámbito había puesto la lupa en el proceso que se seguía contra Scapolán el pasado 3 de abril. Es un proceso clave que ingresó en la instancia final y no exento de escándalo.

Los legisladores oficialistas que integran el Frente de Todos apuntaron a Bourimborde también por violación de los deberes de funcionario por haber presuntamente dictado resoluciones contrarias a la ley provincial, excediéndose en sus facultades al esquivar la Bicameral. En el petitorio de la denuncia solicitan que se aparte a la jueza y se resuelva su destitución y que declaren todos los integrantes del Tribunal que está enjuiciando a Scapolán que enfrenta una jornada clave dentro de pocos días. En el medio, Kreplak deberá definir el tenor de la denuncia dirigida contra Arroyo Salgado y la fiscalía por la presunta manipulación de un testigo que se arrepintió de ser arrepentido y denunció que falsearon su declaración.