El Fondo Monetario Internacional reconoció que la situación económica argentina es “más difícil” particularmente por efectos de la sequía y coincidió con las opiniones de las autoridades argentinas en cuanto a que también son “más difíciles las condiciones para los hacedores de políticas”. Así lo señaló Nigel Chalk, subdirector Departamento del hemisferio occidentalen el marco de una conferencia de prensa ofrecida este jueves en Washington.

El funcionario sostuvo que el Fondo está predispuesto y trabaja en “estrecho contacto” con las autoridades argentina sobre estos temas cuya dimensión está siendo evaluada por el Ministerio de Economía. Al respecto, afirmó que el organismo está “comprometido” en ayudar a llevar adelante el programa y si bien reconoció que todavía es prematuro para hablar de cambios específicos, reiteró que están dispuestos a colaborar “de la mejor manera que podamos”.

Por su parte, la directora del organismo, Kristalina Georgieva, este jueves en conferencia de prensa en Washington el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial resaltó los esfuerzos del equipo económico argentino para cumplir con las metas del programa, pero remarcó la necesidad de continuar con la implementación del programa acordado con el organismo.

“Permítanme reconocer que, en la segunda mitad del año pasado, las autoridades argentinas han encaminado esfuerzos a desarrollar una gestión prudente y cumplir con las metas del programa”, señaló Georgieva, al tiempo que recordó que “el 31 de marzo nuestro directorio ejecutivo completó la cuarta revisión del programa gracias a lo que ha hecho el país”.

Asimismo, hizo hincapié en que “Argentina se vio afectada por una grave sequía que ha socavado el desempeño de la economía y está perjudicando significativamente a la población del país” y que “ha complicado el trabajo de los políticos”.

Por este motivo, Georgieva explicó que el organismo ha analizado las implicancias de este shock y que se han “acomodado parcialmente en la modificación de la meta de acumulación de reservas internacionales netas”. Agregó, que “sabemos que tenemos el compromiso del gobierno de continuar afinando las políticas a la luz de las condiciones en las que se encuentran”, añadió.

Finalmente, remarcó que el éxito del programa “redunda en la implementación, y la implementación seguirá siendo lo importante incluso en estas circunstancias tan desafiantes”.

En este sentido, el Fondo se mantiene firme en cuanto a la necesidad de cumplir con la meta de déficit fiscal de 1,9% para el año, según señalan noticias provenientes de Washington. Los analistas señalan que se trata de un objetivo “muy desafiante” a la luz del fuerte impacto de la sequía que el propio Fondo reconoce.

Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la sequía tendría un impacto de 3 puntos en el PIB y el Tesoro perderá de recaudar el equivalente a 1% del PBI por menores retenciones. El Fondo reconoció parte del problema derivado de las condiciones climáticas desfavorables al flexibilizar la meta de reservas que debe acumular el país, dada la pérdida de unos 20.000 millones de dólares de exportaciones. Pero hasta ahora no ha dado muestras de aceptar una modificación en la meta fiscal.

El Fondo advirtió que “el crecimiento en América Latina se desacelerará de un notable 4% en 2022 a 1,6% este año” y puso énfasis en el manejo del gasto público al señalar que “si bien la política monetaria ha hecho su parte, la reducción del déficit fiscal también ayudaría a aliviar la crisis del costo de vida”.

En un documento dado a conocer por Gustavo Adler, jefe de División en el Departamento del hemisferio occidental, y Chalk explicaron que “las presiones de precios que acompañaron la pujante actividad económica el año pasado parecen ya haber alcanzado su nivel máximo”, pero señalaron que “la inflación subyacente se mantiene en niveles persistentemente elevados, perjudicando de manera desproporcionada a los hogares de ingresos bajos”

En tal sentido, recomendaron que “para mitigar el riesgo de enquistamiento de la inflación, la política fiscal puede ayudar a la política monetaria en la reducción de las presiones de demanda”.

Tras alcanzar un máximo de 10% a mediados de 2022, la inflación general en las principales economías latinoamericanas se ha desacelerado a 7% en marzo. Pero este descenso obedece principalmente a la disminución de los precios de las materias primas desde sus niveles máximos.

Mientras tanto, el progreso en la reducción de la inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— “parece haberse estancado”. Consideraron que la demanda laboral es muy fuerte, y el empleo se mantiene firme por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Al mismo tiempo, el producto se encuentra en su nivel potencial o por encima de este, y las expectativas de inflación a corto plazo superan los rangos fijados como meta por los bancos centrales.

“La fuerte demanda interna, el rápido aumento de los salarios y las presiones de precios generalizadas dejan entrever el riesgo de que la inflación se mantenga en niveles inaceptablemente elevados en la región”, según alertaron.

Tras señalar que restaurar la estabilidad de precios es fundamental para tener una economía saludable y proteger a los grupos más vulnerables, consideraron que “en la coyuntura actual, esto significa desacelerar la demanda interna”. Agregaron que “el objetivo de las políticas ahora debe ser desacelerar la demanda para traerla en línea con el producto potencial. Esto requiere inevitablemente enfriar el mercado laboral”.

Adler y Chalk consideraron que, en vista de que las presiones inflacionarias están resultando ser persistentes, los bancos centrales tendrán que mantenerse firmes y “las tasas de interés probablemente deberán permanecer en niveles altos durante gran parte de este año, e incluso durante el próximo en algunos casos”. Esto ayudará a que la inflación retorne hacia el nivel fijado como meta para fines de 2024 o principios de 2025.

Para ayudar a los bancos centrales en su lucha contra la inflación, sostuvieron que la política fiscal podría asumir un mayor protagonismo mediante una orientación más contracíclica este año.

Con todo, los directivos reconocieron que “rebalancear el conjunto de políticas no será una tarea fácil”. Precisaron que la demanda de gasto social es alta en la región, y hay temas serios de distribución y de equidad social a los que hacer frente.

Al respecto, consideraron que “parte de la solución debe consistir en promulgar políticas tributarias que requieran a quienes más tienen que contribuyan con lo que les corresponde”.

Pero, al mismo tiempo, advirtieron que “las autoridades también tendrán que generar ahorros, sin recortar los principales programas sociales o el gasto en salud, educación e infraestructura pública”.

Destacaron que “hay mucho margen para reducir ineficiencias en el gasto público, y la gente se hará más a la idea de las finanzas públicas más prudentes si esto conlleva una mayor eficiencia en los servicios del Estado”.

Concluyeron señalando que “una buena administración de los recursos públicos también podría ayudar a reparar la confianza en el gobierno, tan erosionada en muchos países durante los últimos años”.