Si hay algo que queda claro es que hay que salir del cepo lo más rápido posible, porque está llevando a una quiebra absoluta al Banco Central (BCRA). De hecho, de los 22 cepos que tuvimos antes que este a 21 los intentaron sostener y terminaron en crisis cambiarias y monetarias. Tres de ellos, terminaron en las tres hiperinflaciones que tuvo Argentina. Así que hay una discusión sobre cómo salir del control de cambios, manteniendo el peso o con una dolarización.
Si este cepo estalla, iremos a una hiperinflación, que no es otra cosa que una dolarización desordenada. La actual aceleración de la suba de los tipos de cambio paralelos y de la inflación responden a la creciente pérdida de poder adquisitivo que se genera de sumarle, a la gran emisión de pesos, una merma cada vez mayor de su demanda. La gente se cansa de que el BCRA la estafe sacándole cada vez más poder adquisitivo de sus pesos para financiar al gobierno y disminuye la cantidad de moneda local que tiene para que le puedan quitar menos. Una hiperinflación se da cuando la gente termina repudiando el peso y, por ende, este tiende a valer cero. Por eso es que todos los precios suben enloquecidamente medidos en esa unidad de cuenta que se no tiene valor.
Si esto sucediera, la única salida lógica, es ordenar la dolarización desordenada; porque a partir de abandonar el peso, se va a una estabilidad que permite recuperar la economía. Intentar hacer la salida con el peso implica muchísima más incertidumbre sobre las probabilidades futuras de estabilidad y, por ende, mucho más riesgo que retrasará la recuperación de los argentinos del empobrecimiento causado por la hiperinflación. Además, si la gente repudió el peso; porque se cansó de que la estafen, ¿qué sentido tiene dejarle al estafador la posibilidad de volver hacerlo?
Lo mejor es buscar a otro que lo haga mejor y es claro que los argentinos ya habrán optado por la Reserva Federal. Como cada día que se pasa en hiperinflación implica un enorme empobrecimiento de la gente, hay que tener listos los instrumentos para encarar el problema y, por ello, la Fundación “Libertad y Progreso” está colaborando en el desarrollo de los mismos.
Sin embargo, ¿qué pasa si tenemos la suerte de llegar a la asunción del futuro Presidente sin un estallido? La mayoría de los actuales candidatos con posibilidades de asumir el 10 de diciembre preferirían mantener una moneda local; pero recibirán un banco central quebrado como pocas veces estuvo en el pasado. Sólo en los períodos de hiperinflación. Por lo tanto, no tendrán mucho tiempo para salir del cepo; ya que pocos liquidarán divisas en la expectativa de la necesaria unificación cambiaria o, en su defecto, de la explosión que resultará de no hacerlo rápido.
La pregunta es cómo se abandona el control de cambios manteniendo una moneda propia con un BCRA muy insolvente y con el menor costo social posible. Cabe aclarar que este último siempre será infinitamente menor el de una crisis. Pues, un nuevo gobierno asumirá con el apoyo de la gente, incluso de muchos que no lo votaron. Ese Presidente gobernará durante 4 años, así que más vale que resuelva los problemas del país. Esta confianza es mayor cuanto más grave es la situación económica y será mucho peor que hoy. Ningún político en su sano juicio se tira contra la esperanza de la mayoría de los ciudadanos; porque es piantavotos. Por eso, en todo el mundo, existe lo que se suele llamar “Luna de miel” del inicio de un mandato. El problema es que, en EEUU cuando asume un mandatario, ese capital (confianza) se lo dan en dólares. En la Eurozona, se lo dan en euros; pero acá se lo darán en pesos que, si el gobierno no lo invierte rápido en la ejecución de las soluciones de fondo, se le diluirán en meses y quedará a merced de una oposición que ya demostró en el pasado su capacidad de desestabilización.
Por lo tanto, en cuanto asuma, el futuro Presidente deberá lanzar su programa de reformas estructurales, aunque sea las más urgentes y necesarias. Esto es presentar los proyectos de ley necesarios y llamar de inmediato a extraordinarias al Congreso. Para las que no requieran este nivel de normativa, explicar con lujo de detalles cómo se hará y cuál es el cronograma de acción. Es decir, darle a aquellos argentinos y extranjeros que perdieron la fe en Argentina, la hoja de ruta de cómo se va a volver un país normal en los próximos años. Esto aumentará la credibilidad en el futuro y, sobre esta mejora en las expectativas, se debe salir del cepo en las siguientes semanas. Seguramente, implicará una suba del tipo de cambio oficial; pero tenderá a ubicarse por debajo de lo que valgan los dólares libres. Cuanto mayor sea el compromiso que transmita el gobierno en avanzar en las reformas estructurales, el valor único del dólar se ubicará más por debajo de los paralelos. Sería un error retrasar la unificación cambiaria; ya que la retención de la liquidación de exportaciones hará más costosa la salida. En cambio, si se sale rápido, le jugará a favor a un BCRA que llegará sin divisas propias.
Definido cuando hay que salir del cepo, ahora veamos cómo se lo hace. Dentro del paquete de leyes o “ley ómnibus” que hay que mandar al Congreso el primer día de gestión para que se trate en sesiones extraordinarias tienen que estar, por lo menos, la reforma de las leyes de Carta Orgánica del BCRA y la que rige al sistema financiero.
La primera debe establecer que la institución será absolutamente independiente del poder político en su accionar para lograr su única prioridad, mantener una moneda estable y confiable. Tras un período de tiempo determinado para ajustar las enormes distorsiones de precios que se están acumulados, se debería ir a un sistema con metas de inflación que serían fijadas en el Presupuesto de la Nación. Así se cumple con lo que manda la Constitución Nacional, el Congreso es el que debe fijar el valor de la moneda (art. 75, inciso 11) y determinar los impuestos (artículo 4), la inflación lo es.
Además, deberían establecerse los mecanismos de control del Parlamento sobre el cumplimiento de esos objetivos por parte del BCRA, la presentación de las razones por los incumplimientos y, si no resultan convincente, la posibilidad de remoción de sus autoridades.
Por otro lado, se debería garantizar en esta ley la prohibición de que el BCRA financie al gobierno de cualquier forma posible y cómo se transformará la deuda estatal que no sea líquida en bonos que sean comercializables, para que tengan un valor y capitalizar a la institución. A partir de allí, no podrá adquirir más títulos del Tesoro; pero sí venderlos para controlar la liquidez o pagar sus pasivos remunerados, que deberían tender a cero y prohibirse nuevo endeudamiento de este tipo. Una vez eliminada la deuda remunerada de la institución, los motivos de expansión monetaria deberían ser solamente el pago de dividendos al Tesoro o la compra de activos externos líquidos y de bajo riesgo.
Respecto a las ganancias del BCRA, se podrían distribuir dividendos; pero una vez saneado el patrimonio de la entidad, contabilizando sus activos a valor de mercado. Por supuesto, habrá que eliminar todas las restricciones cambiarias y obligaciones de liquidación de divisas. En algunos casos puede ser necesario un período corto de transición para lograrlo. Una vez alcanzada esta meta, la entidad quedará inhabilitada para reimplantarlas.
Otra norma que se debe presentar es una reforma del sistema financiero que lo adapte al nuevo esquema monetario y en el que se prohíba el uso de los depósitos en entidades privadas para dar créditos sectoriales subsidiados y toda otra intromisión en lo que hace a los préstamos y depósitos bancarios, excepto los que hagan a los instrumentos prudenciales. Cabe tener en cuenta que cuando un ahorrista hace un depósito en un banco está eligiendo quién va a administrar su dinero, que no son los funcionarios de turno que quieren hacer demagogia con los ahorros bancarios. Esto no implica que el Estado no pueda promover sistemas de subsidios de tasa, financiadas con rentas generales, y que los bancos puedan adherir libremente si es que les conviene. La idea es que no se use al sistema financiero como financiador de subsidios de ningún tipo. Además, debe garantizar que la legislación promueva la competencia, con reglas claras y generales que cuiden la solvencia y liquidez de los bancos.
Si bien hay otras normas que hay que modificar, como la que rige el Mercado de Capitales; por lo menos deben estar estas dos en el paquete inicial para fijar la hoja de ruta de la reforma monetaria. Para ayudar a quienes trabajan en este tema en los equipos económicos de los candidatos a Presidente, la Fundación “Libertad y Progreso”, también, está desarrollando una salida a un mercado en el que la gente pueda optar libremente por la moneda que quiera usar, siempre que consiga una contraparte con la misma preferencia. Lo más probable es que se termine en un sistema bimonetario; ya que, por tradición y costumbre, la opción mayoritaria será el peso y el dólar.
Director Ejecutivo de la Fundación “Libertad y Progreso”.
