Partimos de un escenario base donde el próximo presidente será Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich o Javier Milei. El programa económico será decididamente liberal.

El punto de llegada de un plan liberal es claro aunque hay matices depende quién lo aplique. Esos matices están relacionados a qué sectores deficitarios se dejará sobrevivir una vez que el ajuste estructural quede completo -aún cuando invariablemente habrá un sector liberal que no quedará conforme ni siquiera cuando ese ajuste haya hecho emigrar al 20% del país y también detenga su crecimiento demográfico como ocurre en nuestro vecino Uruguay.

Veamos un ejemplo de nuestra historia. Durante el orden conservador (1880-1916) se decidió proteger y subsidiar a dos industrias que ayudaban a sostener los equilibrios políticos: la industria vitivinícola mendocina y la industria azucarera tucumana. Punto, a nadie más. La administración pública no se sobredimensionó hasta la presidencia de Marcelo de Alvear (1922) y el gasto social era mínimo.

Es clave no olvidar estas metas de máxima de los liberales porque, en determinadas coyunturas, se les pueden presentar situaciones de “ahora o nunca” en las que avanzan más casilleros de los que ellos mismos creían posibles, como en 1994 cuando Domingo Cavallo consiguió privatizar el sistema jubilatorio.

La primera decisión que deberá tomar el próximo gobierno es si utiliza su primer año de gracia en ordenar la macroeconomía o en avanzar con reformas que den señales que el modelo flexibilizador y aperturista va enserio.

Anteriores gobiernos no-peronistas no tuvieron esta opción porque no contaron con mayoría en el Senado y la última dictadura, que directamente cerró el Congreso, se demoró tres años en decretar una profunda reforma sindical, que, por esa demora, con un Proceso de Reorganización Nacional ya debilitado, nunca se aplicó.

El próximo gobierno no-peronista probablemente tendrá mayoría en el Senado por primera vez desde que el PJ no está proscripto. Por eso se le abre el dilema de por dónde empezar.

Inevitablemente se terminará imponiendo ordenar la macroeconomía primero y avanzar con las reformas estructurales después.

Como Raúl Alfonsín o Carlos Menem al asumir, el próximo presidente no tendrá crédito disponible en dólares. El déficit, al igual que en 1983 y 1989, será galopante.

Los primeros veinte meses de la gestión Menem fueron de licuación de pasivos hasta que en abril de 1991 se aplica una dolarización casi total, los primeros veintiún meses de Alfonsín fueron de licuación de pasivos hasta que en junio de 1985 se cambia la moneda. En ambos casos se aplicaron confiscaciones para acelerar el proceso de estabilización: el desagio en el caso de la UCR y el Plan Bonex en el caso del PJ. Este será probablemente el camino del próximo gobierno. La presión política y mediática para salir del cepo será tan fuerte que es probable se lo abandone dentro del primer año de gestión, lo que complicará el frente inflacionario pero acelerará la licuación de sueldos, jubilaciones y deudas del estado.

En un escenario base, si hay dolarización parcial o cambio de moneda será al menos cinco meses antes de las elecciones legislativas con el fin de evitar un desastre en las urnas. Desentenderse del resultado de los comicios de medio término es una opción para Milei o para Bullrich, pero una opción peligrosa teniendo en cuenta el precedente del último mandatario que siguió ese camino: Fernando De la Rúa. En cambio, Rodríguez Larreta fijará desde el día uno su objetivo en reelegir y hará lo imposible por ganar las intermedias de 2025.

La gravitación de Carlos Melconián se hará sentir durante la próxima administración. No sólo porque tiene el respaldo del empresariado, los equipos necesarios y ya se encuentra diseñando medidas, sino también porque, lo fundamental, tiene aspiraciones políticas propias. Paradójicamente, este último punto es el que más lo complicará en su relación con el próximo jefe de estado. Lo más probable es que sea designado superministro dentro del primer año y medio de gestión, aún si no es el elegido en diciembre.

Carlos Melconián ha planteado que el gasto del estado debe volver al punto anterior al kirchnerismo, es decir, al punto en el que se encontraba en 2003. Eso significa achicarlo de 40% a 25% del PBI. También ha dicho que se debe avanzar en la segunda reforma del estado anunciada durante el segundo mandato de Carlos Menem pero nunca llevada adelante. Menem la detuvo porque no quería perjudicar sus chances de seguir en la Casa Rosada o de volver a ella.

De todas formas, estos son objetivos lejanos, Melconián tiene claro que primero debe conseguir crecimiento económico con cierta estabilidad.

Los bloqueos institucionales o amenazas de juicio político por parte del PJ quedan descartados porque podemos llegar a ver a su bloque de diputados reducido a menos de cien legisladores. Aún cuando puede haber fallos adversos de algún juez o incluso de la Corte, en general el Poder Judicial acompañará a la nueva gestión al igual que los dos principales multimedios.

Entonces, el principal problema para el próximo gobierno será la posible reelección de Axel Kicillof. Si el nivel de cooperación de Antonio Cafiero con un gobierno de otro signo político fue bueno y el de Carlos Ruckauf fue más bien regular, el de Kicillof será nulo. El gobernador puede llegar a desconocer Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el o la presidente. Aún cuando el ejecutivo bonaerense necesite de los votos opositores en una legislatura adversa, en nuestro escenario base la cooperación será casi inexistente.

En caso la gobernación de la provincia de Buenos Aires no sea peronista, el principal bloqueo al próximo gobierno serán las protestas masivas. Recordemos que Mauricio Macri debió dar marcha atrás con su estrategia de paritarias debajo de la inflación por la multitudinaria marcha universitaria de mayo de 2016. En este punto en particular se pondrá a prueba la paciencia de la opinión pública durante los choques por represión, prácticamente inexistentes durante el mandato de Alberto Fernández.

Por otra parte, aún cuando probablemente habrá paros gremiales por exigencias puntuales, es poco factible la administración entrante se inmiscuya en sus primeros dos años en cuestiones relacionadas a las obras sociales sindicales, que es lo que realmente les interesa a los líderes de la CGT. Sólo la presión de las bases puede cambiar ese panorama y el humor de esas bases no es igual pero sí necesariamente parecido al de una opinión pública hoy corrida a la derecha.

Aún cuando las cuestiones relacionadas a la corrupción suelen ser anecdóticas en la descripción de procesos profundos, no lo son para explicar el primer año del gobierno de Mauricio Macri. La relación entre las medidas que beneficiaban directamente sus intereses empresariales y la aplicación del gradualismo sin reformas con un gigantesco endeudamiento que anestesió durante 2016 es directa. Ese endeudamiento debería haber sido prorrateado durante cuatro años pero Macri lo sobreutilizó durante el primero.

Así fue como se decretó la mayor suba de peajes de la historia justo antes que Autopistas del Sol sea vendida, se desreguló el mercado aéreo semanas antes que MacAir cambie de manos, se vendieron las acciones de Petrobrás pertenecientes a las ANSES a Marcelo Mindlin, se intentó desconocer la deuda del Correo, se estatizaron las deudas de Edenor (Mindlin) y Edesur (Nicolás Caputo) con Cammesa, etc.

En este punto, el primer año de una presidencia de Rodríguez Larreta tendrá más similitudes con el de Mauricio Macri que una presidencia de Bullrich o Milei.

Con Rodríguez Larreta deberíamos esperar más ansiedad en los intentos por reducir el deterioro económico durante 2024 para evitar que las probables privatizaciones de la torre YPF, Campo de Mayo, los terrenos de Cenard y otros activos del estado sean usados como caballitos de batalla de una clase media catárquica porque se encuentra en la dura intemperie de un ajuste que, esta vez, no podrá contar con dólar barato.