La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avanzó con el debate del proceso contra el máximo tribunal. Este martes citó al desplazado administrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi, entre otros exdirectivos, trabajadores y afiliados de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

La sesión comenzó a las 13 horas, encabezada por la diputada del Frente de Todos y presidente de la comisión, Carolina Gaillard. Por segunda vez, Aldo Tonon se ausentó a la convocatoria. La semana pasada se ausentó sin explicación, pero en esta ocasión envió una nota a través de su abogado donde justificó su falta por tener una causa judicial abierta.

La centralidad de la jornada en la Comisión de Juicio Político de Diputados fue el interrogatorio a Héctor Marchi, que tras quince años de trabajo fue desplazado el jueves pasado por la mayoría integrada por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vice, Carlos Rosenkrantz, y Juan Carlos Maqueda, con la disidencia de Ricardo Lorenzetti.

Lorenzetti atribuyó su desplazamiento al contenido de un informe sobre los movimientos de la obra social del Poder Judicial, que fue hecho por Marchi. Ese trabajo da cuenta de una serie de auditorías sobre millonarias irregularidades en la Ospjn, entre ellas la pérdida de 3.000 millones de pesos en 2022, faltantes de 30.000 medicamentos y compras directas, entre otras cuestiones.

"Vemos mucha gravedad en lo que dice Lorenzetti porque muestra que Marchi nos iba a enviar información muy importante", afirmó Gaillard en declaraciones radiales y definió como "gravísimo y un escándalo" las irregularidades que "se están descubriendo en la Comisión de Juicio Político".

A la hora de tomar la palabra, Héctor Marchi apuntó que "Maqueda quedó a cargo de la obra social: una prueba clara de ello es que todos los directores los eligió él y nunca hubo concurso". "Cualquier movimiento en la obra social debía ser autorizado por el Dr. Maqueda. Así era porque era el encargado de la obra social", añadió.

“Nuestro traslado fue una sanción encubierta, que incluyó a todas las personas que trabajamos en la auditoría de la obra social. Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas también contra funcionarios que han colaborado conmigo”, indicó Marchi.

“En la auditoría lo que hicimos fue solamente detectar todas las falencias de una obra social en todos los sentidos, para mejorarla para 100.000 afiliados que se merecen un mejor servicio de salud”, explicó el testigo y señaló que Sergio Robles, colaborador de Horacio Rosatti, fue responsable de "las operaciones de prensa, las amenazas y los seguimientos”.

El ex directivo explicó que su informe apuntaba a inconvenientes del "tipo organizativo, porque un directorio unipersonal tomaba todas las decisiones. Cargos vacantes de mucha importancia y las locaciones de servicios como facturación y sistemas".

Además recalcó que existía "debilidad en el sistema informático, porque eran varios subsistemas que no tenían relación entre sí. Y la debilidad más importante se relacionaba con la falta de herramientas de gestión. Por ejemplo, la falta de contabilidad. No existe una organización sin contabilidad. No había conciliaciones bancarias, no había presupuestos, no había nada”.

“Esto es una vergüenza, porque la Corte Suprema no puede tener esta informalidad. Yo estuve con siete ministros, a los cuales tuve que jurar dignidad, respeto y cuidado por la institución. Hoy realmente eso no sucede. Y va terminar como la obra social, ese es el final de todo”, insistió.

Otros dos testigos, profesionales que trabajaron en la investigación para realizar las auditorías sobre la obra social del Poder Judicial, dieron detalles de los alcances que tuvo su trabajo. Por un lado, Enrique de Vedia, indicó que la obra social funcionaba como "un organismo con autonomía de gestión, individualidad administrativa y financiera, que funciona bajo la dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Para realizar el informe de auditoría de la obra social armamos una comisión interdisciplinaria en la que elaboramos un plan de trabajo y nos dividimos las tareas de recopilación y análisis", precisó.

En ese sentido, el auditor Gustavo Montanini comentó algunas dificultades que tuvieron para realizar el informe: "Cuando uno hace un proceso de revisión, se basa en informes de auditoría interna y lo utiliza como disparador. Al no existir esos informes, por lo tanto, tuvimos que arrancar de cero, con trece años de proceso de revisión”.

En ese sentido, consideró que "hay algunos elementos que están identificados y otros ingresos que no, producto de que no hubo conciliaciones bancarias recurrentes por parte de la administración de la obra social” y admitió la existencia de una “diferencia de siete millones de pesos que no pudimos comprender cuál era el ingreso”.

Para finalizar, Montanini dijo que “efectivamente hay algunos elementos que están identificados y otros ingresos que no, producto de que no hubo conciliaciones bancarias recurrentes por parte de la administración de la obra social”.

El Frente de Todos activó una reunión para este jueves de la Comisión de Legislación General, que preside el también kirchnerista Lucas Godoy, para analizar el flamante proyecto del jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, y de la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau -entre otros-, que propone un “régimen de transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas”.

La iniciativa, que fue presentada a fines de marzo pasado busca, según expresaron los firmantes, fortalecer el marco normativo de las SAS para otorgarles “la jerarquía que surge de la fiscalización estatal, apuntalando a la seguridad jurídica de socios, contratantes y contribuyentes, y también, combatiendo la utilización corrompida de figuras jurídicas que terminan canalizando fines ilícitos no deseados”.

Para los legisladores del Frente de Todos, la ley macrista de 2017 contiene “un bajo nivel de control y regulación de aspectos esenciales del tipo societario, escenario que posibilita el desarrollo de actividades ilícitas”. Además, aseguran que “la regulación laxa e imprecisa que rige para las SAS se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos, entre otros, provenientes del narcotráfico”.

“Tenemos un problema y negarlo sería equivocado”, manifestó Martínez días atrás, quien además dejó claro que si bien no están en contra de la utilización de las SAS, “hay mucho por hacer”.

Al presentar el proyecto, Martínez citó una investigación realizada por el fiscal santafesino Walter Rodríguez, en la que se encuentra vinculado Ariel “Guille” Cantero, líder de la banda conocida como “Los monos”. La investigación judicial informa que la banda vinculada al incidente creó, cuanto menos, 40 SAS en el período comprendido entre marzo de 2018 y abril de 2020. El fiscal está invitado a exponer el jueves junto al presidente de la Corte de Santa Fe, Daniel Erbetta”, así como funcionarios de la AFIP, la IGJ y la UIF.