La Comisión de Legislación General de Diputados, que preside el legislador kirchnerista Lucas Godoy, analizará este mediodía -tal como contó anteayer Ámbito- el flamante proyecto del jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, y de la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, que propone un “régimen de transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas” (SAS). Es decir, retocar la ley emblema del macrismo de 2017, a la que apuntan por uso indebido por parte de bandas narco.
En realidad, un debate ya se dio en el Senado a través de una iniciativa del cristinista Oscar Parrilli, que la Cámara alta aprobó y luego perdió estado parlamentario. Semanas atrás, el legislador neuquino recordó que “estas sociedades que se conforman por internet en tan sólo 24 horas” y “fueron utilizadas para evadir los controles de legalidad de los registros de comercio y la IGJ, cometer los delitos de lavado de activos y evasión fiscal, y ocultar la verdadera operación comercial”.
Parrilli fue más allá y detalló: “¿Sabés quien las utilizó? Los narcos de Rosario… ¡Los Monos! para mover su dinero sucio. Sólo en el año 2018, crearon 40 S.A.S. desde las cuales emitieron más de 12.000 facturas truchas, evadieron impuestos por $1.200 millones y blanquearon el dinero obtenido del narcotráfico”.
Según Moreau y Martínez, entre otros, la ley macrista de 2017 contiene “un bajo nivel de control y regulación de aspectos esenciales del tipo societario, escenario que posibilita el desarrollo de actividades ilícitas”. Además, aseguran que “la regulación laxa e imprecisa que rige para las SAS se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos, entre otros, provenientes del narcotráfico”.
“Tenemos un problema y negarlo sería equivocado”, manifestó Martínez días atrás, quien además dejó claro que, si bien no están en contra de la utilización de las SAS, “hay mucho por hacer”. Al presentar el proyecto, Martínez citó una investigación realizada por el fiscal santafesino Walter Rodríguez, en la que se encuentra vinculado Ariel “Guille” Cantero, líder de la banda conocida como “Los Monos”, sobre la que se apoyó Parrilli el mes pasado. El fiscal está invitado a exponer hoy junto al presidente de la Corte de Santa Fe, Daniel Erbetta, así como funcionarios de la AFIP, la IGJ y la UIF. La reunión será informativa, por lo que no habrá dictamen.
En concreto, la iniciativa de Moreau y Martínez plantea que “dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la entrada en vigencia de la presente ley, todas las sociedades por acciones simplificadas (SAS) constituidas en la República Argentina deberán, ante el Registro Público correspondiente a su domicilio, acreditar la existencia y veracidad del domicilio y sede social, mediante alguno de los siguientes instrumentos: a) Acta de constatación notarial; b) Comprobante de servicios a nombre de la misma; c) Título de propiedad o contrato de alquiler o de leasing del inmueble en donde se constituye la sede social; d) Habilitación o autorización municipal equivalente, cuando la actividad de la entidad solicitante se lleve a cabo en inmuebles que requieran de la misma”.
Las SAS también tendrán que “presentar sus estados contables correspondientes a los últimos tres ejercicios económicos finalizados y exigibles a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”. Transcurrido el plazo previsto se “considerarán como inactivas a todas aquellas sociedades por acciones simplificadas que no hubieran dado cumplimiento, en forma íntegra, con lo dispuesto en el mismo” y, “en consecuencia, deberán ser reportadas dentro del plazo de 30 días por los correspondientes Registro Públicos de cada jurisdicción provincial o nacional a la AFIP, a los efectos de suspender el CUIT del contribuyente y/o responsable hasta tanto la sociedad cumpla con lo dispuesto en el artículo primero”. Las que hayan realizado estos pasos con anterioridad quedarán exceptuadas.
Por otra parte, las SAS “deberán ser constituidas por emprendedores previamente inscriptos en un Registro especial a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor de la Nación”, con una “inscripción” a “solicitarse y expedirse en forma digital y remota”. Seguido a ello tendrán que “presentar de forma anual al Registro Público de su domicilio sus estados contables, conformados por memoria de ejercicio, estado de situación patrimonial y estado de resultados correspondientes a los ejercicios económicos cerrados desde su constitución”.
En tanto, la AFIP podrá “disponer medidas preventivas tendientes a evitar la consumación de maniobras de evasión tributaria, tales como actividad real no coincidente con la declarada, movimientos financieros, y/o capacidad patrimonial no concordantes con el nivel de actividad exteriorizada”, y “utilización de una IP no identificables y/o radicadas en otro país”, entre otras cuestiones.
