La ola de violencia que atañe al país supone una grave amenaza para la seguridad.

Constituye una tarea mayúscula, tanto como la urgencia de que se produzca un giro en la política estatal para avanzar a una sociedad de paz y con justicia social.

Establecer una sociedad en la que imperen la seguridad, la paz y la equidad social requiere diseñar políticas desde tres aristas, frente a la delincuencia común producto de la crisis económica, la violencia proveniente del narcotráfico y aquellas dirigidas a erradicar la discriminación y la violencia de género. Encaminar esas políticas para mejorar las condiciones y el desarrollo humano, también requiere del fortalecimiento de la educación como condición esencial para el desarrollo humano integral, especialmente en aquellos segmentos de la población en condiciones de vulnerabilidad y que son nichos aprovechados por la delincuencia. Invertir en la formación de capital humano con programas que potencialicen y mejoren las condiciones de vida.

Es imperativo visibilizar la participación de todos los actores sociales para promover sociedades pacíficas e inclusivas; lograr las sinergias para lograr soluciones permanentes que reduzcan la pobreza, la injusticia y la inseguridad.

Vicente Mera Molina