Jean Pierre Rosero Valladares, un joven de 27 años, que fue reportado como desaparecido desde el pasado 19 de abril, explicó en un video lo que le había sucedido y denunció haber sido secuestrado por su familia y llevado a clínica de 'deshomosexualización'.
Según el joven, el día de su desaparición, estaba retirando sus cosas personales de la casa de sus padres porque había decidido independizarse. Ese día fue llevado en contra de su voluntad a un lugar en el que le dijeron que sus "males" provienen de su orientación sexual.
Rosero fue rescatado de ese lugar el pasado jueves 27 de abril, gracias a la intervención de organizaciones sociales (Asfadec y Diálogo Diverso), sus amigos y la Fiscalía General del Estado (FGE).
El joven también asegura que su familia más cercana se había tomado su nombre ante terceras personas sin su consentimiento, además de haberse apoderado de sus documentos personales para encubrir el secuestro que sufrió.
El día de su desaparición, fue visto por última vez en la Av. Real Audiencia y Bellavista, en Quito. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el paradero de los responsables de este hecho.
¿QUÉ DELITOS PUEDEN DENUNCIARSE EN ESTE CASO?
El caso podría ser denunciado por una serie de delitos que se configuran con todos los comportamientos de los involucrados.
Uno de esos es tortura según lo establecido en el artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este artículo establece que la persona que inflija o ordene infligir a otra persona grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.
No obstante, si la tortura se comete con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual de la víctima, la pena privativa de libertad puede aumentar de diez a trece años.
Asimismo, por el secuestro que sufrió Jean Pierre, podría iniciarse un proceso por el delito de desaparición involuntaria, que se describe en el artículo 166 del COIP. Este delito se castiga con una pena privativa de libertad de siete a diez años y puede aumentar a diez a trece años si el delito es cometido por personas que tengan algún tipo de relación familiar con la víctima, como lo narra Rosero en su video.
En relación al apoderamiento de sus documentos personales y su nombre, esto también podría ser denunciado como suplantación de identidad, que está sancionado con una pena privativa de libertad de uno a tres años, según lo establecido en el artículo 212 del COIP. Este delito sería juzgado de manera individual.
¿QUÉ SON Y QUÉ HACEN EN ESTAS CLÍNICAS DE CONVERSIÓN?
La práctica de las llamadas "clínicas de deshomosexualización" en Ecuador ha sido denunciada en varias ocasiones por organizaciones de derechos humanos y personas LGBTI+. Estos centros, que prometen "curar" la orientación sexual de las personas, han sido acusados de llevar a cabo torturas físicas y psicológicas, humillaciones, mala alimentación, privación de sueño, descargas eléctricas y hasta "violaciones correctivas" a sus pacientes.
El comité contra la tortura de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU elaboró un informe sobre la situación en Ecuador en enero de 2017, donde mostró su preocupación por las denuncias de internamiento forzoso y malos tratos a personas LGBTI en estos centros.
En Ecuador, se registró el primer caso documentado de una "clínica de deshomosexualización" en el año 2000, y desde entonces, se han recibido más denuncias y testimonios sobre estas prácticas.
Estos centros suelen camuflarse como establecimientos que ofrecen tratamientos para la rehabilitación de adicciones, lo que dificulta su identificación y cierre. Las personas LGBTI+ que son internadas a la fuerza en estos lugares sufren diversas violaciones a sus derechos humanos debido a la violencia a la que son sometidas, y aunque se han realizado esfuerzos para detener esta práctica, aún persiste en el país.
