Rodrigo Valdés se presentó ayer en sociedad ante los funcionarios argentinos que negocian de manera directa en la sede del Fondo Monetario Internacional o vía zoom a través de pantallas que mostraban a la cúpula máxima negociadora del país la renovación del Facilidades Extendidas. El chileno, que desde el lunes maneja ya oficialmente la gerencia para el Hemisferio Occidental, se mostró personalmente como la persona con la que el país deberá contar para llevar adelante las fiscalizaciones y controles directos del acuerdo.
Si bien no es aún la persona con la que se están discutiendo las nuevas condiciones, manifestó abiertamente que se sumará al equipo negociador y que se hará responsable de manera directa del cierre de las conversaciones y, obviamente, de los futuros controles trimestrales de su ejecución. Valdés confirmó, además, en estas reuniones internas algo que desde ayer parecía ya inevitable: que, más allá de que muchos puntos y capítulos fundamentales ya estén en situación de firma, para cerrar el nuevo acuerdo aún faltan varios capítulos por discutir. Y sobre estos, incluyendo varios polémicos, habrá intervención directa de Valdés.
Por lo que se sabía hasta ayer, las pautas de lo que se negocia en Washington y Buenos Aires implica lo siguiente. En primer lugar, no habría nueva deuda, sino una aceleración de los giros comprometidos hasta fin de año por parte del FMI. El organismo debía girar unos u$s4.500 millones por trimestre hasta fin de año, lo que implica unos u$s13.500 millones totales. Ese dinero, según el acuerdo vigente, debe usarse para pagar al propio FMI en los vencimientos trimestrales del stand by, lo que implica pagos por unos u$s3.500 millones. En síntesis, esos u$s13.500 millones tienen que derivarse a las liquidaciones trimestrales por un total de u$s10.500 millones. El resto del dinero, unos u$s3.000 millones, corresponde a otros gastos generales que el país tiene con el FMI. Lo que el organismo propone es que los pagos comprometidos por el stand by firmado en el gobierno de Mauricio Macri se corran a un nuevo cronograma, pero con la aceleración de la totalidad de los desembolsos a julio. O antes. Así, el gobierno recibiría unos u$s10.500 millones, que quedarían para reforzar las reservas del Banco Central.
En segundo lugar, Argentina debería comprometerse a cambio a ejecutar políticas de contracción fiscal de manera inmediata, incluyendo la eliminación de subsidios a las tarifas de servicios públicos, avanzar en el muy demorado revalúo inmobiliario, obra pública y otros frentes de gastos e ingresos. Se duda en el FMI de renegociar la meta final de un déficit fiscal primario de 1,9% del PBI para 2023.
Tercero, los u$s10.500 millones no podrían utilizarse para ejecutar política cambiaria para contener el valor actual de la divisa en los diferentes mercados; con lo que operaciones como la que comenzó a aplicar el gobierno en el MEP y el CCL estarían prohibidas. Queda para la negociación si además se reclama una devaluación o algún tipo de intervención directa en los mercados cambiarios con estas divisas.
En cuarto término, el FMI reclama acuerdos políticos. Esto incluiría algún tipo de apoyo de la oposición, dado que parte de la negociación implica el corrimiento de vencimientos de este año al próximo, cuando ya no estará Alberto Fernández en la Casa de Gobierno, sea de quien sea el color político que venza en las elecciones de este año.
En el marco de la negociación en curso, ayer el Gobierno le pagó al organismo un vencimiento por casi u$s800 millones con el resto del último desembolso recibido.
