La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunió este martes para continuar con el proceso del juicio a la Corte Suprema de Justicia. Esta audiencia contó con el testimonio del exadministrador del organismo, Héctor Marchi, quien aseguró que fue desplazado de su cargo porque se "negó a encubrir" a Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti, y a Mariano Althabe, titular del directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

En medio de la investigación a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, Marchi declaró por segunda vez sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial y sostuvo que "los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia, dos ministros y dos funcionarios". Por otro lado agregó: "Muchas veces preferí quedarme sin trabajo para no perder mi dignidad, pero sabía que iba a pasar en algún momento porque me negué a encubrir a Althabe y Robles".

"Para ser más claro después del informe número cuatro, Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo del doctor Mariano Althabe yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo del doctor Althabe, donde Rosatti lo proponía, pero yo me negué", expresó Marchi.

En ese sentido luego denunció: "Rosatti, además de no cuidar los ingresos perdidos por el doctor Althabe, que no son ni más ni menos que para atender la salud de 100.000 afiliados, manejó de manera informal otros ingresos que corresponden a la obra social".

Además expresó: "Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos, que podría convertirse en delito, en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosatti para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra Rosatti por un exchofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses", señaló Marchi.

En relación a ese expediente, Marchi manifestó que el caso "tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte de Rosatti".

Por último, también recordó que él mismo denunció "la eliminación del mail oficial del presidente de la Corte por pedido del señor Robles vía WhatsApp y el uso de un gmail suyo".

Se trata de la decimotercera reunión de la Comisión de Juicio Político, también declaró la jueza federal de San Martín (Buenos Aires) Martina Forns, quien expuso la situación que tuvo que atravesar por la falta de respuestas durante el período en que su marido Gabriel Macaggi estuvo internado en terapia intensiva antes de fallecer como consecuencia del Covid 19 en julio de 2021.

"Quise venir a testificar porque las peores circunstancias de mi vida fueron cuando necesité de la obra social. Hacía un año de la pandemia y me dejó abandonada", contó la magistrada.

Relató que desde el CEMIC le habían informado que el cuadro de salud de su marido se había complicado y que por ende debía trasladarlo a otro centro médico ya que allí no quedaban camas de terapia intensiva.

Después de mover cielo y tierra, y sin haber conseguido que la obra social judicial se hiciera cargo de la responsabilidad de asignar una cama de terapia intensiva entre los centros de la cartilla médica, Forns logró a través de un contacto y por su cuenta que a Macaggi lo internaran en el Sanatorio Güemes, donde fue atendido.

"Yo insistía todos los días y las autoridades del Güemes me decían que ellos se comunicaban y que no había respuesta". Además enfatizó: "Era el único que podía hablar con (el ex director de la obra social Aldo) Tonón para mover algún mecanismo, y de hecho lo hizo, porque finalmente la obra social cubrió" la terapia intensiva de Macaggi, resaltó.

"Yo nunca me enteré (de que estaba cubierta hasta después de que se muriera Macaggi). Fueron dos meses y medio de no saber nada", lamentó.

En su declaración previa en la Comisión de Juicio Político había denunciado ante los legisladores una "sanción encubierta" y "amenazas" contra funcionarios de los tribunales.

En esa oportunidad, Marchi fue muy crítico del juez Juan Carlos Maqueda, de quien dependía la obra social, y planteó que "no había presupuesto ni un sistema informático para poder hacer los controles".

Declaró que "cualquier movimiento en la obra social debían ser autorizadas por Maqueda" y que Aldo Tonón fue designado a propuesta de ese magistrado.

Tras la investigación por las irregularidades en la obra social de los judiciales, la comisión iniciará el análisis del fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.