La decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones gubernamentales en Tucumán y San Juan causó conmoción no sólo por ser un hecho inédito en la historia nacional, sino también por la cercanía con los comicios, fechadas para el próximo domingo 14 de mayo.

La Corte respondió a los amparos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias que cuestionaron la posibilidad de que Uñac obtenga un cuarto mandato consecutivo y que Manzur -que se presenta como candidato a vicegobernador- integre por quinta vez el Ejecutivo provincial. Sin embargo, los nombres que intervinieron en la impugnación tienen una concreta animosidad contra el oficialismo provincial y nacional.

El denunciante es Germán Alfaro, actual intendente de San Miguel de Tucumán y candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio, que encabezará la lista provincial con el radical Roberto Sánchez. La particularidad es que Alfaro -quien cuenta con formación militar pero no universitaria- se inició como militante peronista y continúa referenciándose dentro del "peronismo disidente". Desde 1995, alternó cargos en el Concejo Deliberante local y en la Legislatura Provincial, incluido un período como diputado nacional en el 2007, todos como candidato del Partido Justicialista.

Luego de conservar cargos legislativos hasta el 2013, en el 2015 decidió romper con el justicialismo provincial para constituirse en el candidato a intendente de la ciudad capital de Juntos por el Cambio en el 2015. En esas elecciones, especialmente significativas en la provincia por dos cuestiones: por la ruptura de un sector histórico del peronismo local (incluido Domingo Amaya, jefe comunal de San Miguel de Tucumán hasta ese momento, que fue candidato a vicegobernador acompañando en la fórmula a José Cano) y por las denuncias de fraude contra el triunfador de ese sufragio, Juan Manzur, seguidas de la represión a las movilizaciones en la calle.

Sin embargo, Alfaro cayó bien parado: se quedó con la intendencia de San Miguel de Tucumán, desde donde continuó construyendo una resistencia hacia el oficialismo provincial y empoderó organizaciones que le respondían directamente. Como símbolo, creó el Partido por la Justicia Social el 17 de octubre del 2016, que funcionó como personería jurídica de sus aspiraciones electorales. En ese marco, superó una denuncia previa a las legislativas del 2017, que lo acusaban de desviar recursos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (electrodomésticos, camas y colchones) que iban al interior de la provincia para repartirlos en la capital con fines electorales.

A las ejecutivas del 2019 llegó con aspiraciones de reelección. A pesar de la deslucida elección provincial que hizo la coalición "Vamos Tucumán" (Silvia Elías de Pérez obtuvo el 20,41% de los votos), él volvió a ser escogido como intendente de San Miguel de Tucumán con 41,88% de los votos. Junto a su esposa, Beatriz Ávila, quien además de una extensa trayectoria como periodista ya contaba con más de una década como diputada provincial, se constituyeron en una dupla de configuración de poder en el distrito. Para este 2023, ambos son apuntados en medios locales de entregar contratos municipales -uno de sus supuestos mecanismos de administración de voluntades- a electores que no viven en la capital.

Un hecho fue paradigmático de la dinámica de la pareja: en los últimos comicios legislativos del 2021, Alfaro -con el respaldo de Rodríguez Larreta- se postuló a senador nacional por Juntos por el Cambio. En el ciclo de debates organizado por la televisión local, y ante la chicana de sus adversarios políticos, ratificó que no era un candidato testimonial: "Yo me comprometo a asumir si soy electo". Con 39,3%, fue el segundo más votado (apenas 2,2% por debajo de Pablo Yedlin) en la elección y le correspondía asumir como senador nacional. Sin embargo, renunció a su banca para que asuma finalmente Beatriz Ávila.

Entrevista por el diario tucumano La Gaceta, Alfaro consideró que "el fallo de la Corte viene a darnos esperanza y alegría" y que representa “aire fresco de democracia y republicanismo para todos los tucumanos”.

La denuncia de Germán Alfaro contó con dos patrocinadores legales de renombre: el tucumano José Roberto Toledo y el porteño Alberto F. Garay. El primero tiene un pasado como funcionario en la gestión de Ramón "Palito" Ortega. Durante ese gobierno, se firmó la concesión de los servicios de la Terminal local, que eran provistos por el propio Toledo. Durante el gobierno de Manzur, Toledo fue denunciado por este hecho por "delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública", iniciando un largo período de cruces legales.

“Este fallo pone coto al avance impune de un poder feudal”, celebró Toledo esta tarde en La Gaceta, y agregó que "hay miles de tucumanos y de argentinos que desean vivir en una república decente, con sujeción a la ley". Actualmente Toledo se desempeña en cargos de prestigio en la Universidad Nacional de Tucumán.

Por otro lado, Alberto Garay preside el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde definieron como una "clara vocación autoritaria" el pedido de juicio político a los miembros de la Corte y se opusieron al aumento del número de integrantes de la Corte Suprema.

Garay, activo colaborador en medios gráficos, escribió en una nota titulada "¿Sesiones extraordinarias contra la Corte Suprema de Justicia?" que "es clave que la Corte sea percibida por la mayoría de la población como un órgano imparcial, más allá de las críticas que seguramente se le puedan formular" y que "el Gobierno debe recapacitar y advertir que con la confrontación permanente sólo logrará mayor confrontación".