A 21 días de que se cumpla el plazo para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema por tabla de factores, ayer martes el Gobierno envió al Senado el esperado proyecto de Ley Corta que establece la fórmula para establecer el cumplimiento de este dictamen y el marco de operación de la industria, a lo cual se suma un plan de fortalecimiento de Fonasa.

En lo medular, la iniciativa obliga a las isapres a preparar un plan de devoluciones, para lo cual contarán con un plazo de seis meses desde aprobada la ley en el Congreso. Esta tarea implica que cada aseguradora privada deberá entregar datos como el número de contratos afectados por la adecuación de precios por causa de la aplicación de tabla de factores vigente desde 2020 a los contratos de salud anteriores, junto con precisar el número de ellos afectos a devolución. Asimismo, y en el punto que la industria considera más relevante, cada isapre deberá calcular dentro de ese ese periodo el monto total de la deuda y propuesta de plan de pago correspondiente.

De esta forma, la iniciativa legal que se viene formulando desde los meses posteriores al fallo de la Tercera sala del Máximo Tribunal en noviembre pasado, finalmente no entregó una fórmula de cálculo general para la industria, tema que se tomó la discusión en los últimos meses respecto de la elaboración de este proyecto, por cuanto en las estimaciones previas de las autoridades se presentaron proyecciones con montos que iban desde los US$ 1.400 millones hasta niveles de US$ 140 millones, dependiendo del modo de implementar el dictamen. (Mira el documento completo aquí)

Los ejes de la propuesta

El esquema planteado en el proyecto establece la creación de un consejo asesor independiente -compuesto por tres expertos (Ministerio de Salud, Hacienda y Economía) y tres representantes de universidades- que ayudará a la Superintendencia de Salud a revisar los planes de las isapres y “solicitar ajustes cuando corresponda, para lo cual contará con un plazo máximo de seis meses”, según detalla la minuta enviada por el Ejecutivo.

En el documento, se señala que la devolución de los cobros indebidos, a través de excedentes, a los cotizantes “beneficia a aproximadamente el 36% de los contratos vigentes a noviembre de 2022”.

Un factor clave de la iniciativa es el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud “dotándola de las facultades necesarias para implementar las sentencias de la Excma. Corte Suprema a todas las isapres”. En efecto, para el caso de los mecanismos propuestos por las isapres para cumplir el fallo por tabla de factores, el regulador tendrá la facultad de aprobar el plan de pago, previo pronunciamiento -no vinculante- de la mencionada comisión asesora.

También tendrá a su cargo fiscalizar el mandato del proyecto que establece que las isapres solo podrían realizar repartición de dividendo o distribución de utilidades si han pagado la totalidad de los excedentes generados de acuerdo a lo establecido en la sentencia.

Y entre las nuevas facultades para la superintendencia de Salud en relación a los otros pilares que determinan al precio final de los planes de salud, se establece su definición del precio GES que podrán cobrar las isapres –ítem cuyo monto actualmente proponen las aseguradoras- y la incorporación de nuevos factores para el reajuste de los precios base (ICSA) “que pasará a ser valor de reajuste obligatorio, dejando de ser un tope máximo”.

Primeras reacciones

Mientras la industria y expertos analizaban el proyecto de 45 páginas al cierre de esta edición, se conocieron los primeros comentarios sobre el mecanismo propuesto. “El monto de la devolución y las cuotas lo debe proponer cada isapre dentro de seis meses; luego un consejo de expertos va a evaluar el plan de devolución y emitir una opinión y después la Superintendencia resuelve. Pero la rebaja del precio se aplica desde el mes subsiguiente a la publicación de la circular; esto es fatal para las isapres, porque no solo van a tener que devolver un dinero que ya no tienen, sino que de entrada tendrán menos ingresos por la rebaja de los precios: En una frase: devuelven dinero que no tienen con menores ingresos futuros”, indicó un experto.