Las redes sociales estallaron este jueves con el cruce chicanero que tuvieron la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el senador radical Martín Lousteau, que culminó con la frase de aquella: "Aprendí de economía con la 125" que, al parecer, dejó sin respuesta al ahora opositor. Sin embargo, no son muchos los que recuerdan esa resolución, luego enviada al Congreso, que procuraba unas retenciones móviles al campo, de acuerdo a los precios internacionales. Curiosamente, se anunció otro 11 de marzo, pero de 2008.

Un martes 11 de marzo de 2008, el entonces ministro de Economía Martín Lousteau anunció "la resolución 125", el anuncio impositivo que elevaba la alícuota de retenciones al sector agropecuario.

Por aquellos años, los precios internacionales de las commodities (soja, girasol, maíz y trigo) eran altos y el Gobierno decidió captar parte de esa renta, con efectos redistributivos.

La resolución 125/2008, firmada por la ahora vicepresidenta y el actual mandatario Alberto Fernández, quien era jefe de Gabinete de ministros, fue en un contexto de apogeo de los precios altos de los commodities, cuando la crisis de las hipotecas ya se había desatado en Estados Unidos, pero todavía no se había convertido en la recesión global que llegaría a fin de año.

El precio de la tonelada de soja en Chicago, que había oscilado entre los u$s300 y los u$s400 en años previos, superaba la barrera de los 500 y se acercaba a los 600.

En 2002, Eduardo Duhalde había impuesto retenciones fijas en torno al 20% de las exportaciones agrarias, una decisión que terminó siendo uno de los motores de la recuperación posterior.

El objetivo de la 125 en ese momento era establecer una fórmula que transforme el porcentaje retenido en móvil, en una relación inversa con el precio de los granos. Si el precio en Chicago caía por debajo de los 200 dólares la tonelada, la soja tendría retenciones cero. Pero con el valor en 400, ese porcentaje de impuestos pasaría al 35,75%. Y con un precio de 600, que parecía inevitable en esos meses, la tasa de retención llegaba a 49,33%. Es decir que el Gobierno se quedaría con la mitad del valor de lo producido, algo que los productores agropecuarios no estaban dispuestos a aceptar.

Con la medida tomada por Casa Rosada, el sector agropecuario llamó al paro. Una semana después, el Gobierno fue tajante en boca Lousteau: "No va a haber cambios".

El 12 de marzo de 2008, comenzó entonces una huelga de comercialización de granos, anunciada por la Mesa de Enlace Agropecuaria que agrupaba a las cuatro principales entidades del campo (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro).

Luego vinieron los cortes de ruta, las movilizaciones, los cacerolazos en la Ciudad de Buenos Aires, las contra-marchas del kirchnerismo y negociaciones fallidas que solo profundizaron la situación de tensión.

Las movilizaciones y los cortes de ruta en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba derivaron en un fuerte desabastecimiento en las grandes ciudades.

En los sectores más adinerados de Buenos Aires se hicieron "cacerolazos" en reacción al discurso y agrupaciones afines al oficialismo se manifestaron en la Plaza de Mayo para "evitar un golpe de Estado".

Por esos días, la Presidenta condenó la protesta y se refirió a ellos como los "piquetes de la abundancia" y aseguró que no se iba a dejar "extorsionar".

Finalmente, la iniciativa se envió al Congreso, que se aprobó en diputados, pero fue rechazada en el senado, con el famoso voto "no positivo" del entonces vicepresidente Julio Cobos, quien debió desempatar, algo sumamente infrecuente.

Luego se realizaron críticas internas al proyecto de Lousteau, en torno a que afectaba por igual a los grandes y pequeños productores, y por tanto facilitaba que todos se aglutinen en el mismo reclamo.