La Fiscalía Nacional en los Criminal y Correccional Nº 1, a través de un requerimiento formal, le pidió al Tribunal Oral del juicio que condenó a Cristina de Kirchner en diciembre pasado copia digital del alegato de los abogados Leandro Ventura y Alejandro Irachet.

Se trata de los representantes legales de la Unidad de Información Financiera (UIF) que pidieron la absolución de la mayoría de los imputados, incluida Cristina de Kirchner, por falta de pruebas. Sus superiores Juan Carlos Otero y Luna Montes, presidente y vice de la UIF respectivamente, fueron denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por los dirigentes opositores Mariana Zuvic, Paula Oliveto, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Ricardo López Murphy, Marcela Campagnoli, Mónica Frade y Mariana Stilman.

El expediente iniciado el pasado 15 de julio registró movimiento en los últimos días a partir del pedido de las actuaciones por parte de la fiscalía, en lo que parece ser el primer paso para investigar el hecho.

La Unidad de Información Financiera había sido la primera en alegar el 11 de julio del año pasado en el juicio por irregularidades en la obra pública en Santa Cruz. Lejos de las especulaciones de aquellos días, la entidad no se retiró de la querella, como sí lo había hecho la Oficina Anticorrupción (OA), por lo que había mucha expectativa por la postura que tomaría. Ocurría que su incorporación a la parte acusadora había sido bajo los designios del gobierno de Mauricio Macri, quien le había dado a esa entidad y a la OA un rol específico de persecución penal de causas de corrupción que involucraban a funcionarios del gobierno kirchnerista.

En el alegato, la UIF dejó claro por qué había decidido no retirarse de la querella, aunque señaló que nunca debería haber sido impulsor de la acusación al entender que no es el rol que debe tener la entidad, mucho menos en una causa en la que no se investigaba el lavado de activos. El objetivo deliberado de no retirarse había sido exponer las irregularidades del proceso y explicar por qué -a su entender- bajo el argumento de la duda razonable, la mayoría de los acusados debían ser absueltos. Como aclaración, los representantes de la UIF sí pidieron una condena para cierto grupo de funcionarios de Vialidad Santa Cruz por entender que sobre ellos había elementos de prueba.

Así, durante el alegato -una instancia propia de un juicio oral donde las partes exponen los argumentos que hayan recogido durante el debate- el organismo había lapidado el peritaje oficial que concluyó sobreprecios en las obras viales de Santa Cruz: “Realizaron un cálculo inentendible”. “Observamos errores graves” por lo que “sería irresponsable avanzar en una acusación”. Esto, se terminó corroborando a partir de que el propio Tribunal debió hacer sus cálculos propios para evitar tener que respaldarse en un estudio que no ofrecía rigor. Sin miramientos, el abogado Leandro Ventura había afirmado que la duda era insuperable por lo que correspondía pedir la absolución respecto del delito de administración fraudulenta, de asociación ilícita y de incumplimiento de los deberes de funcionario público para las autoridades nacionales imputadas.

“La hipótesis delictiva no ha sido probada. Son actos políticos, no justiciables”, habían afirmado los abogados.

En sentido contrario, La UIF había entendido que sí hubo incumplimiento de los deberes por parte de los dos exjefes de Vialidad Provincial y había reclamado condenas, pero con la salvedad que el delito de incumplimiento de los deberes podía estar prescripto.

La embestida no se hizo esperar. Pocos días después de aquel alegato los abogados fueron denunciados por el conglomerado de diputados de Juntos Por el Cambio. “Se utilizaron las querellas penales a su cargo para proteger a imputados vinculados al gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como para perseguir a quienes ella considerara sus adversarios”, argumentaron en la presentación.

Ahora, la fiscalía pidió las copias de aquel alegato para analizar lo planteado por las y los denunciantes.