Esta semana terminará de negociarse un capítulo clave en la discusión entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional para poder avanzar seriamente en la nueva versión del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado el 25 de marzo de 2022 y suspendido desde la última semana de abril por el uso oficial de las reservas para contener el alza de los dólares financieros. Los funcionarios argentinos que negocian ante el FMI y los delegados del organismo que maneja Kristalina Georgieva deben ponerse de acuerdo en las próximas horas en el costo exacto que la sequía trajo para la economía argentina y, posteriormente, en cuáles serán las nuevas metas de reservas que deberá acumular el país en el segundo semestre del año. Luego, analizando la evolución de ingresos del período enero mayo, determinar si además amerita una discusión de la meta fiscal pactada en un desequilibrio máximo de 1,9% del PBI, un porcentaje que, tal como contó ayer este medio, el FMI no quiere alterar, pero desde Argentina se considera válido también negociar, como consecuencia de la sequía.
Para el Ministerio de Economía, el costo de la brutal sequía que afectó al país este año, supera los u$s22.000 millones, lo que se refleja en todas las variables de la economía local, incluyendo la caída real de la recaudación en 8 puntos porcentuales. También para el FMI el efecto climático de la falta de las lluvias fue letal para el ejercicio económico y fiscal de 2023, pero de ninguna manera puede mensurarse en una consecuencia mayor a los u$s10.000 millones. O, en todo caso, el efecto general en las variables fundamentales del funcionamiento del país debería ser evaluado más adelante en el tiempo, bien entrado en el segundo semestre. El problema en la tesis del FMI es que, para Argentina, la resolución del problema debe ser urgente, ya que el país vive una amenazante falta de dólares, con una corrida cambiaria frenada a base de intervenciones directas sobre los mercados de dólares financieros desde hace 15 días.
Este fundamental capítulo se discute a destajo en estos mismos momentos, aún con reuniones vía zoom con presencias puntuales de argentinos en la sede del organismo. El debate está abierto y estiman desde las huestes del organismo que es Argentina quien debe argumentar sobre por qué considera que el número de más de u$s20.000 millones representa mejor al pasivo que dejará la sequía y, en consecuencia, el que debería tenerse en cuenta al momento de evaluar el contenido final de la flexibilización del Facilidades Extendidas que se discute por “sugerencia” directa del mismísimo gobierno de los Estados Unidos. Si bien no es el único capítulo que distancia un entendimiento, ponerse de acuerdo en el costo de la sequía es fundamental para luego acordar el monto de reducción de las metas de reservas y la profundidad del ajuste fiscal a ejecutar. Especialmente por la profundidad importante en la pérdida de ingresos vía impuestos, por la falta de liquidación de los productores primarios (aun con la vigencia del dólar agro).
Las negociaciones continúan a velocidad máxima con comunicaciones directas entre el viceministro, Gabriel Rubinstein; el encargado de la relación con los organismos internacionales, Marco Lavagna; y el jefe de asesores, Leonardo Madcur, desde Hacienda; y el encargado del caso argentino, Luis Cubeddu, desde la sede del FMI. Ayer se vivió la novedad de la aparición en las pantallas de Washington del flamante director gerente para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés. El economista chileno se presentó en sociedad ante los argentinos, acompañado por la norteamericana Gita Gopinath; quienes dejaron en claro que serán los responsables de la lapicera final, para cerrar el acuerdo aún en discusión.
Ya se sabe que la sequía es el principal tema de debate por ser el motivo por el cual las partes acordaron la reapertura de las condiciones del programa. Pero no es el único. Sergio Massa ya le había entregado a Georgieva un informe elaborado por Rubinstein y sus colaboradores sobre el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. Según Hacienda, la suba de los precios de la energía y de los alimentos le provocó al país una pérdida de u$s4.940 millones.
