Patricia Bullrich reactivó la persecución contra el Grupo Indalo en medio de la campaña electoral. Con un mensaje publicado en las redes sociales, la ex ministra de Mauricio Macri volvió a vincular sin fundamentos las obras de renovación y ampliación de la Ruta Nacional N° 3 con un supuesto caso de corrupción del kirchnerismo.
De hecho, como se explicará en este texto, el presunto caso de corrupción no solo fue archivado por la Justicia por inconsistente, sino que motivó una denuncia todavía en curso por el delito de abuso de autoridad, previsto en el art. 248 del Código Penal, contra el extitular de Validad Nacional, Javier Iguacel, quién tomó decisiones administrativas de manera “arbitraria”, que impidieron el avance de las obras y perjudicaron financieramente a la empresa contratista CPC S.A..
En línea con las maniobras de hostigamiento, extorsión y amedrentamiento que comenzaron en 2016 contra los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, ahora Bullrich arremetió con un posteo cargado de mentiras desde Santa Cruz. “Nos comprometemos a terminar con el régimen kirchnerista, que le expropió el futuro a los argentinos. Lo hicimos frente a un emblemático monumento a la corrupción: la Ruta Nacional Nº 3.”, escribió la precandidata en un post, que acompañó con un video grabado frente a un obrador.
Según la versión que difunde Bullrich, esa “obra se licitó en 2008, la ganó Lázaro Báez, luego se volvió a licitar con el gobierno de Macri y ganó Cristóbal López, quien tampoco la hizo, pero cobró parte de esta licitación”.
“Le tenemos que poner fin a este drenaje de recursos públicos, a la cloaca de la corrupción. En el próximo gobierno de Juntos por el Cambio, nosotros vamos a garantizar que las obras se inicien y se terminen”, propone en el video una de sus aliadas en la Patagonia. Y Bullrich agrega: “Este es un compromiso para Santa Cruz y para todo el pueblo argentino: terminar con el régimen kirchnerista de corrupción, de expropiación de aquellos recursos de la gente que pasan a manos de la gente”.
Lo cierto es que esa obra que estaba a cargo de la constructora CPC S.A., del Grupo Indalo, no avanzó por una decisión del Gobierno de Cambiemos, que la propia Bullrich integró. Si bien la versión oficial de ese momento indicaba que la finalización del contrato obedecía a incumplimientos de la empresa, fue en realidad el propio Estado Nacional el que desfinanció el proyecto y lo condujo hacia su fracaso, en la “guerra” desatada contra López y De Sousa.
La historia ya fue revelada por Ámbito, pero amerita volver a repasar los hechos, para comprender que los dichos de Bullrich huelen a pescado podrido.
En septiembre de 2016 la constructora CPC S.A. tomó a su cargo las obras de ampliación y reforma de la Ruta 3. Se trató de la adjudicación de la terminación de tres tramos: una a la altura de Rada Tilly (km 1843), en Santa Cruz sobre el kilómetro 1.908 y en Caleta Olivia. El contrato, que había pertenecido antes la firma Austral Construcciones, fue adjudicado a la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa por haber presentado la oferta más competitiva en el contexto del proceso de su relicitación.
Cuando CPC tomó las riendas de la obra, se hizo manifiesto que el proyecto constructivo con el que se la había licitado no respondía a sus necesidades técnicas, porque no reflejaba ninguno los trabajos habían sido realizados por el anterior contratista. Mientras el proyecto correspondía a una obra a ser construida desde cero, la obra de la Ruta 3 estaba empezada y existían trabajos ya ejecutados que no habían sido contemplados por Vialidad al relicitarla, ni figuraban en ningún registro.
Ante este escenario, la empresa debió suplir esa inconsistencia adaptando por sus medios y con recursos propios el proyecto ejecutivo, lo que insumió los meses subsiguientes hasta mediados de 2017.
Casi inmediatamente después, durante los meses de febrero y marzo 2017, la zona de Comodoro Rivadavia y sus alrededores, donde debía emplazarse un tramo principal de la obra, fue azotada por un temporal de lluvias absolutamente atípico para la región. Los niveles de las precipitaciones registradas excedieron cualquier marca histórica. Esto obligó a detener la actividad, ante el anegamiento de los distintos tramos donde debían realizarse los trabajos. La constructora, mientras tanto, abocó su personal y sus recursos a auxiliar a los municipios afectados por aquel temporal.
Inmediatamente después del paso del temporal comenzó la veda invernal de 2017, durante la cual no es posible realizar tareas que impliquen la elaboración de mezclas asfálticas por las bajas temperaturas, siendo estas tareas las más importantes para la realización de la obra.
En definitiva, la necesidad de replantear el proyecto constructivo, la incidencia del temporal de lluvias en Comodoro Rivadavia y alrededores y el comienzo de la veda invernal, determinaron que los ritmos de ejecución de la obra no pudieran cumplirse, pero en ningún caso, claro está, por responsabilidad de CPC. Sin ir más lejos, la empresa, con fundamento en esas incidencias, solicitó una ampliación de los plazos iniciales para ejecutar las tareas a su cargo.
Para ese entonces, sin embargo, la cúpula de Vialidad, encabezada por Javier Iguacel y alineada ya definitivamente con el plan del Ejecutivo nacional orientado a desmantelar al Grupo Indalo y a perseguir a sus dueños, resolvió ignorar el conjunto de circunstancias que habían impedido el avance de la obra y aplicó a CPC multas millonarias por presuntos “incumplimientos de las curvas de inversión”, deduciendo el importe de esas multas de lo que la empresa debía cobrar por los trabajos ejecutados. Ese fue el primer paso hacia el objetivo final de desfinanciar el proyecto, en miras a poder atribuir su falta de avance a la responsabilidad de la empresa contratista.
A todo esto, el procedimiento seguido para sancionar a CPC S.A. violó una práctica aceptada en los contratos de obra, según la cual jamás se hace efectiva la aplicación una multa a un contratista que mantiene en trámite pedido de ampliación de plazo, hasta que dicho pedido no hubiese sido resuelto, sea a favor o en contra. Los recursos que CPC interpuso contra las multas, por otra parte, ni siquiera recibieron tratamiento.
Así fue que mientras el gobierno de Macri reclamaba las multas, el organismo de Iguacel acumuló deudas por casi $1.000 millones con la constructora por las obras en Ruta 3 y otros proyectos, y se negó a otorgar más plazo para retomar los trabajos, que habían sido detenidos forzadamente, lo que reflejaba la intención de quebrar definitivamente le ecuación económica del contrato de la Ruta 3, privando a CPC S.A. de recursos económicos para ejecutarlo.
“Licitaron una obra que supuestamente había que empezar ‘de cero’ y cuando llegamos la obra ya había sido comenzada por la contratista anterior. Tuvimos que readecuar, con medios y recursos propios, toda la obra que había que hacer”, explicó Cristóbal López tiempo atrás. Y agregó: “Al retomar el trabajo, empezó la persecución de Mauricio Macri contra todas las empresas del Grupo Indalo. Así empezaron las multas insólitas de Javier Iguacel por supuestos incumplimientos a raíz del defectuoso trabajo que él mismo había hecho al licitar la obra”.
El final esperable de la maniobra fue la rescisión del contrato, decretada en mayo de 2018 con la misma arbitrariedad que las decisiones que la precedieron. El impacto del daño patrimonial causado fue tal que la empresa terminó concursándose un tiempo después.
En medio del concurso, CPC pidió retomar las tareas para sostener los empleos y continuar con el contrato de las obras en Ruta 3, con una normalización de los pagos adeudados. Pero el desvío de poder por el que luego se lo acusó a Iguacel fue más explícito: enterados en Vialidad de esa idea de retomar las obras (aun en el marco de un concurso), intimaron a la empresa por carta documento a reanudar las obras en 5 días, bajo amenaza de rescisión del contrato. Como para CPC era imposible retomar la obra en un plazo exiguo, Iguacel finalmente rescindió los contratos.
Como también era esperar, la paralización de la obra fue denunciada en la Justicia por Cambiemos como un “caso de corrupción” del kirchnerismo para engrosar la maliciosa campaña mediática de desprestigio sobre el Grupo Indalo y sus accionistas. Sin embargo, en abril pasado el juez federal Sebastián Casanello resolvió el archivo de la causa 10.732/2018, caratulada “AEC SOCIEDAD ANONIMA Y OTROS s/AVERIGUACION DE DELITO”, que se tramitó en la Secretaría N° 14 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, y lo que dejó en evidencia el accionar de Igual.
En este expediente se indagó a pedido de Vialidad si el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) benefició directa o indirectamente a las firmas IEC SA y AEC SA (de Indalo), con la presunta administración irregular de los fondos afectados al Recurso de Afectación Específica (RAE).
Luego de una exhaustiva investigación y peritajes, tanto el fiscal Federico Delgado como Casanello definieron que no solo no existió irregularidad alguna con la empresa AEC, sino que la maniobra de apuntar hacia esa firma tuvo como contracara lo mismo que se presentaba como un delito para la compañía de López y De Sousa, y que motivó la recisión de la concesión, le fue otorgado a las concesionarias de los acceso Norte y Oeste: Autopistas del Sol (ligadas a la familia Macri) y GCO (del Grupo Abertis). “Se ha arribado a una instancia en que la hipótesis denunciada no pudo ser corroborada, ni se han logrado identificar eventuales responsables”, dictaminó el juez.
El archivo de esa causa y un documento oficial fueron claves para entender la asfixia que generó el gobierno de Macri a CPC. Se trata de un informe de la Dirección de Vialidad de Chubut, que basado en Informes Técnicos de las Supervisiones de Obras, que se adjuntó al expediente judicial y que ratificó que “iniciada la obra y después de una verificación completa de las necesidades reales de la misma, resultaba necesario realizar modificaciones sobre los Proyectos Ejecutivos de las Obras, concluyendo por este motivo en las Modificaciones de Obras presentadas oportunamente y en común acuerdo de las partes”.
El informe de Vialidad chubutense repasó una a una las modificaciones que debían realizarse y que no fueron aprobadas por el gobierno macrista. “Para la correcta finalización de las obras, era prioritario y necesario contar con la aprobación de dichas Modificaciones, debido principalmente a las variaciones en las cantidades de los ítems y la necesidad de la creación de nuevos ítems para la correcta ejecución y finalización de las obras. En el mismo trámite se contempló incrementos en los Plazos de obra por razones climáticas extraordinarias sucedidas en la zona, en abril del 2017”, determinaron los expertos.
La causa penal que sigue abierta -y de la que se esperan novedades- es contra Javier Iguacel. El ex funcionario fue denunciado por Indalo por “abuso de poder” y otros delitos, como penalmente responsable de la rescisión del contrato de la remodelación de los tres tramos de la Ruta 3 como parte de la persecución contra los accionistas. En ese expediente se señala que Iguacel fue quién tomó decisiones administrativas de manera “arbitraria”, que impidieron el avance de las obras y perjudicaron a CPC.
Así, mientras Bullrich hace campaña con información no confiable, la Justicia tiene a uno de responsables de la persecución a Indalo bajo la lupa.
