La Comisión de Juicio Político contra la Corte Suprema de Diputados tuvo ayer su jornada más vertiginosa pese a comenzar con demora hamacándose en el quórum imprescindible para que quede abierta la sesión. Inmediatamente inaugurada, la oposición irrumpió en la sala para escenificar una jugada preparada: como respuesta a la ampliación del pedido de enjuiciamiento que el Gobierno acababa de ingresar contra el máximo Tribunal a raíz de las medidas cautelares que la semana pasada suspendieron las elecciones a gobernador para Tucumán y San Juan, contrapusieron el tratamiento simultáneo de los pedidos de juicio político contra el presidente Alberto Fernández. El portavoz de la movida fue el radical Mario Negri y suscitó los primeros cruces. Durante el fin de semana, el Ministerio de Justicia preparó la ampliación de las causales de remoción contra los integrantes de la Corte basados, más que en el contenido del fallo, en el timing y la elección del caso (especialmente el tucumano) presentándolo como una manipulación judicial con objetivo político. Tras ese primer acto de tiroteo, la mayor parte del bloque opositor se retiró.
Pero la novedad llegó con la sesión en marcha tras la lectura de que el juzgado a cargo de Ariel Lijo anunció que iba a tramitar el pedido de la comisión para hacer comparecer por la fuerza pública al exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, Aldo Tonón, multi cuestionado por los desmanejos y uno de los testimonios clave para recopilar prueba. Sin embargo, a poco de comenzar llegó una novedad desde el juzgado anunciando que estaba camino a notificarlo de su obligación de presentarse. Entonces, Tonón anunció que llegaría en torno a las 15 pero junto a su abogado y con la advertencia de que no respondería nada vinculado a las causas que lo tienen como imputado. Se extendió por casi cinco horas un friccionado testimonio.
A pesar de que hizo uso y abuso del artículo 18 de la Constitución para ampararse ante la garantía de no auto incriminación ante las preguntas del bloque oficialista y hasta hubo cruces fuertes entre la presidencia y el mediático Mauricio Dalessandro, asistente letrado de Tonón que insistía con que estaba imputado en tres causas. En lo sustancial, el médico terminó por reconocer que mantenía reuniones periódicas con el juez Juan Carlos Maqueda, y hasta habló de las licitaciones que están cuestionadas en la justicia a preguntas de la diputada Graciela Ocaña y sobre el final de una trabada audiencia. “He ido muchísimas veces a su despacho”, admitió. Y agregó que también lo hizo con el resto de los ministros que lo convocaran para requerir información sobre la obra social. “¿Sigue sin recordar quien lo convocó para la obra social?”, repreguntó el oficialista Germán Martínez. “En una reunión una persona me propuso y me llamaron para que entregara un currículum en la vocalía del doctor Maqueda. Como auditor externo”, explicó sobre su ingreso inicial. Pero luego “el ofrecimiento vino de la Corte”. Cuando buscaron profundizar quién específicamente, el testigo respondió: “El que lo transmitió fue el doctor Lorenzetti y el doctor Maqueda”.
El otro descubrimiento que tuvo la audiencia de ayer fue el testigo que lo antecedió, Secretario de Jurídicos de la CSJN Sebastián Clerici preguntado sobre el marco jurídico en el cual la obra social realizaba contrataciones y compras. Resulta que amparado en su propio reglamento, la Corte Suprema termina rigiéndose para esos trámites invocando administrativamente un decreto que reglamenta una ley que fue derogada por la Ley de Administración Financiera que rige al sector público. Escurridizo, Clerici esquivaba las respuestas lineales adonde querían empujarlo los diputados oficialistas, con un interrogatorio basado en haber sido miembro del informe de auditoría que se encargó sobre la obra social.
“Yo no soy amigo personal del doctor Maqueda, sino sólo a través de un vínculo laboral”, dijo Tonón quien también desmintió ser médico personal del ministro. “La obra social no tiene autarquía pero sí autonomía de gestión administrativa, económica y financiera. Los ministros estaban informados de qué se estaba haciendo pero no había que pedir permiso salvo situaciones de envergadura que el propio estatuto lo dice”, sostuvo, aunque terminó reconociendo que por casi una década quedó solo en el directorio. Hubo preguntas que hicieron en el bloque K en las que Tonón aprovechó para arrojarle dardos al exadministrador general Daniel Marchi deslegitimando sus conclusiones porque dijo que fueron hechas por peritos sin el expertise necesario. Tomó distancia de los desmanejos en los afiliados y evitó responder preguntas sobre los sistemas informáticos o la serie de falencias y observaciones halladas que aparecieron a raíz de la acusación sobre la obra social que se transformó en el capítulo central de la comisión que encontró un filón de irregularidades para desnudar el manejo, por lo menos irregular, de las prestaciones de salud para 100 mil afiliados. Tanto así que en la jornada de ayer, Ocaña se interesó y hasta, por primera vez, hubo colaboración de la oposición para profundizar aspectos del interrogatorio en la misma sintonía que el oficialismo.
Firme, sin vacilaciones y hasta con un dejo de arrogancia, Tonón expuso por qué fue el hombre que
