En la Prefectura de Pichincha, la falta de planificación pasa una cuantiosa factura. La Contraloría lo ha cuantificado en 1,3 millones de dólares. Se trata de la suma que el gobierno provincial ha desembolsado a favor de asesores y profesionales contratados sin sustento técnico ni legal.

La Contraloría revela los detalles de estas prácticas en su informe DNA5-GAD-0048-2023, que evalúa la gestión del personal de la Prefectura, desde el 25 de junio 2020 al 31 de agosto de 2022. En ese período, la Dirección de Talento Humano contrató a 110 personas mediante nombramientos de libre remoción y provisional, contratos de servicios ocasionales y profesionales. En este tiempo se destinaron 3,6 millones de dólares para pagar sueldos, pero el 50 % se utilizó sin justificación.

El primer monto sin sustento técnico ni legal alcanza los 853.893,13 dólares, que corresponde al sueldo de 37 asesores para los consejeros provinciales.

El Ministerio de Trabajo no avala la existencia de estos cargos, pues asegura que cada miembro del Consejo Provincial, ya sean los ocho alcaldes o los presidentes de las juntas parroquiales, tienen asesores en las instituciones que presiden y no es necesario duplicar los cargos.

El segundo monto pagado sin justificación es de 515.471,30 dólares y corresponde a las remuneraciones de 53 profesionales contratados para cargos jerárquicos, que podían haber sido ocupados por servidores de carrera con experiencia.

La Contraloría señala que para ese puesto, la remuneración mensual tenía como techo el monto de 1.700 dólares mensuales, según el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la Prefectura usó los recursos públicos para darles sueldos de entre 2.190 y 2.600 dólares.

Sobre el posible nepotismo, el informe nombra a tres familiares de los consejeros provinciales. Una de ellas es Erika Churuchumbi, hija del exalcalde Cayambe, Guillermo Churuchumbi. Ella se desempeñó como técnica de Supervisión de Cambio Climático, “pese a que existía prohibición expresa para contratar a los parientes de los consejeros provinciales, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”, dice el equipo auditor.

Este Diario solicitó una entrevista al departamento de Comunicación de la Prefectura, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.

Para la Contraloría, a estos hechos se suman la incorporación de personal que no cumplían los requisitos para desempeñar los cargos. Por ejemplo, una persona contratada para la Viceprefectura y Secretaría de Consejo era un licenciado en Ciencias de la Educación.

La Contraloría asegura que estas fallas obedecen a una falta de planificación y al hecho de que la prefecta Paola Pabón aprobó los planes de talento humano a través de una “nota manuscrita”, sin someter estas decisiones al Consejo Provincial, como estipula el artículo 56 de la Ley de Servicio Público.

“Lo que ocasionó que no se cuente con una herramienta administrativa que permita la optimización y racionalización del personal según las reales necesidades institucionales”.

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