La defensa de Gabriel Carrizo, líder del grupo de vendedores de algodón de azúcar involucrados en el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, pidió a la jueza a cargo de la causa, María Eugenia Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo que le permitan acceder a "expedientes restringidos". Según argumentó, los necesita para garantizarle el derecho de defensa a su representado.

"No puede exigirse de esta defensa que evacúe la vista de dos escritos (nada menos que del requerimiento de elevación a juicio del bloque acusador), cuando dichos escritos contienen menciones a pruebas y elementos que la defensa desconoce", advirtió el abogado Gastón Marano.

"Se nos está pidiendo que ejerza a ciegas las centrales facultades que el articulado habilita a la defensa en este hito procesal", insistió.

En ese sentido continuó: "No puede seguir sosteniéndose porque la instrucción se encuentra completa, con lo cual no hay entorpecimiento alguno que pueda deducirse del acceso a dichos expedientes, y en los requerimientos de elevación a juicio, tanto del fiscal como de la querella, se hacen copiosas menciones a piezas procesales contenidas en dichos legajos, que no puede controlar esta defensa para dar adecuada respuesta".

En ese contexto, reclamó una "prórroga" de los plazos procesales para el pedido de elevación a juicio oral de la causa, para que se "habilite a esta defensa el acceso a los expedientes denominados "restringidos" obrantes en esta causa".

Los otros dos detenidos en la causa, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte -ambos asistidos por defensores oficiales- aceptaron que la causa pase a la etapa de debate oral y público.