El Parlamento Europeo aprobó la propuesta legislativa de presionar y promover los derechos humanos y el medio ambiente en las grandes empresas. De esta manera, las compañías dentro de la Unión Europea (UE) estarán obligadas a identificar y eliminar prácticas que promueven el trabajo infantil, el trabajo forzado, la contaminación o la degradación medioambiental y la pérdida de diversidad a lo largo de toda la cadena de valor de sus operaciones.

La propuesta salió adelante con un total de 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones. La denominada directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad prevé multas de hasta el 5% de la facturación global de las corporaciones que no cumplan los requisitos.

Además de proteger los derechos humanos, las empresas tendrán que desarrollar un plan de transición para limitar el calentamiento global a 1,5°C.

La propuesta también requiere a las compañías a tomar medidas respecto a los afectados por su actividad, incluidos los activistas de derechos humanos y medioambientales, introducir un mecanismo de reclamaciones y vigilar de manera regular la efectividad de la política de diligencia debida.

Según los documentos oficiales, las nuevas normas se aplicarán a las empresas con sede en la UE, de todos los sectores con más de 250 empleados y una facturación superior a 40 millones de euros. Así como también, las que tengan más de 500 empleados y una facturación global por encima de los 150 millones de euros.

Por su parte, las empresas no europeas con una facturación que rebase los 150 millones de euros, con al menos 40 millones generados en la UE, también quedará cubiertas.