En etapa de estudio entraron las empresas de gas luego que este lunes el Gobierno concretara el ingreso del proyecto de ley "que mejora la competencia y perfecciona el mercado del gas licuado de petróleo (GLP)" al Congreso. Este busca mejorar la competencia por medio de la desintegración vertical de este mercado en los segmentos de distribución mayorista y minorista, desde el punto de vista legal, patrimonial y económico, prohibiendo la integración entre ambos mercado, proscribiendo las cláusulas de exclusividad entre distribuidores mayoristas y minoristas.

El articulado, que ingresó a través de la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, considera tanto las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en su estudio de mercado del gas de 2021, como las planteadas por el organismo en marzo de 2023 en cuanto a implementar un sistema de trazabilidad de cilindros de gas licuado para evitar su acaparamiento.

Este martes, a pocas horas de la presentación del texto, Lipigas señaló que están estudiando el proyecto de ley para tener una opinión acabada sobre sus alcances.

No obstante, agregaron, "creemos que una nueva legislación debe asegurar que va a mejorar lo que existe hoy en términos de precio, seguridad y accesibilidad al gas licuado en cilindro".  "No se puede cometer un error con un servicio básico que usa más del 80% de las personas en el país", recalcaron.

Pese a no profundizar en el detalle del articulado, en la declaración, insistieron en sus críticas, apuntando a que "las decisiones se tomen en base a evidencia y no a teorías". Según explicaron, la evidencia demuestra que el gas más barato lo obtienen hoy los usuarios cuando es la empresa mayorista la que llega hasta el cliente final. "Al desintegrar el mercado, es decir, al impedir que la empresa de gas le venda al usuario final, como plantea el proyecto de ley, los precios no bajarán y nos preocupa que se generen expectativas que no se cumplirán", sentenciaron.

También, dijeron que les parece relevante aprender de la experiencia de otros países. En ese sentido, recordaron en el escrito que en 2016 en Brasil intentaron aplicar las mismas medidas que propone el proyecto: se prohibió la distribución directa a las empresas de gas para aumentar la competencia y bajar los precios.

"La medida fracasó y tres años más tarde derogaron la ley. Así, volvieron a permitir que las empresas de gas participaran en la distribución directa junto a los distribuidores minoristas. En México ocurrió un caso similar con los mismos resultados, donde, además se generaron problemas de seguridad, lo que puso en riesgo a las personas", aseguraron.